Trata de personas: rescatan a cinco argentinas secuestradas en un prostíbulo de Bolivia
Una mujer pidió auxilio y luego de un importante despliegue de investigadores judiciales, agentes de Gendarmería Nacional y funcionarios de ambos países lograron salvar a las víctimas, todas mujeres vulnerables; se desarrollaron diversos allanamientos
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Todo comenzó durante las primeras horas del jueves, cuando se registró en una comisaría de la provincia de Salta, una denuncia que daba cuenta sobre una mujer que viajó a Bolivia para trabajar, junto con su hijo, y que allí había sido secuestrada en un prostíbulo de la localidad de Potosí, por una organización criminal dedicada a la explotación de personas.
A partir de este punto, con intervención del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF), Cancillería y diferentes organismos locales -en coordinación con investigadores judiciales del vecino país- se desencadenó una importante serie de operativos, que se extendieron durante casi dos días y concluyeron en el rescate y la repatriación de cinco argentinas que eran sometidas a la explotación sexual por el grupo de delincuentes. Así, esta causa, y otras recientes -una de ellas en la que un inmigrante venezolano secuestró a una menor y la llevó a Bolivia- vuelven a poner en foco una problemática poco debatida públicamente, pero constante y grave, que afecta severamente a las mujeres vulnerables de la frontera norte argentina.
Sobre el rescate de las últimas horas, una fuente oficial del MPF, informó a LA NACION: “El fiscal general Francisco Snopek, de la Unidad Fiscal Salta, lleva adelante una investigación en torno a una organización criminal de trata de personas transnacional, la que operaba a través de la modalidad de captación de mujeres en estado de vulnerabilidad, que luego eran explotadas sexualmente”. En esta línea, según los datos oficiales, una de las víctimas pidió auxilio desde el prostíbulo, que fue localizado a través de tecnología digital. Fue clave en este punto la intervención de Gendarmería Nacional.
Al respecto, se detalló en el primer informe preliminar del caso: “En respuesta a la denuncia, el fiscal dispuso urgentes medidas a fin de proceder al rescate de las mismas. Al respecto, la Unidad de Investigaciones Complejas y Procedimientos Judiciales Salta, de Gendarmería Nacional, pudo determinar la geolocalización de la llamada y mensajes que la víctima envió a sus familiares. Este dato estableció que efectivamente se trataba de un domicilio en Potosí, Bolivia, por lo que se solicitó la intervención de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI), a cargo de Diego Solernó, de la Procuración General de la Nación”.
Mientras esto ocurría, tres de las salteñas y el menor, ya decididas a escapar luego de alertar a sus familias, se fugaron del prostíbulo. Y aportaron datos claves para concretar el segundo rescate, según el informe oficial: “A raíz de las gestiones efectuadas con fiscales penales de Potosí, se avanzó con una serie de allanamientos en esa ciudad boliviana, tanto en el prostíbulo geolocalizado desde Salta, como en otros lugares determinados por las fiscalías de ese país. A raíz de ello, y desde el lugar señalado por la víctima que dio la primera alerta, se rescataron dos mujeres más, también oriundas de Salta, como así también las autoridades bolivianas dieron a conocer la detención de dos presuntos implicados”.
Problemática constante
Luego de una investigación federal que se extendió durante poco más de dos meses, en el inicio del mes de abril, un grupo de detectives de la Policía de Salta especializados en trata de personas rescataron al menos a siete mujeres sometidas a la explotación sexual en la frontera norte del país, puntualmente en la localidad de Tartagal. Según información a la que accedió LA NACIÓN, se trató de un importante despliegue, que incluyó el monitoreo en simultáneo de más de veinte líneas telefónicas, once allanamientos, y contó con apoyo logístico de Gendarmería Nacional, ante la presunción de que policías locales podrían estar involucrados en la maniobra delictiva.
Los procedimientos comenzaron puntualmente el pasado jueves 8 de abril, cuando tres sospechosos fueron trasladados a diferentes centros de detención. Se trató de dos hombres y una mujer, capturados en la ciudad capital y también en Tartagal, donde funcionaba este complejo esquema de explotación de personas, que contaba, por ejemplo, con un lujoso hotel ubicado frente a la plaza principal de esta ciudad fronteriza.
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