Italia: protección para los curas y un escándalo que aún no estalló

Fuente: AP - Crédito: Alessandra Tarantino
Elisabetta Piqué
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2 de junio de 2019  • 02:21

ROMA (De nuestra corresponsal).- Italia, un país donde viven 58 millones de católicos y con una relación más que estrecha con el Vaticano, no es un ejemplo en cuanto al tema de abusos sexuales de menores por parte de sacerdotes.

A diferencia de otros países, aquí no ha estallado el escándalo aún en toda su dimensión. Pero hay quienes creen que la cuestión es tan solo una bomba de tiempo. Así piensa Francesco Zanardi, presidente de Rete l'Abuso (una asociación de sobrevivientes italianos), que fue abusado a los 11 años por un sacerdote. "No hay datos oficiales, pero la situación es desastrosa", dijo a LA NACION Zanardi, que contabilizó que en los últimos 15 años hubo 300 casos de abusos, de los cuales 143 tuvieron condenas definitivas.

"El problema es que en Italia, que nunca cuantificó el fenómeno, existe un sistema que virtualmente les da inmunidad a los curas: la Justicia emite condenas que al final son falsas, porque los sacerdotes, pese a tener condenas a 15 años de cárcel, no pasan ni un solo día en prisión y logran ser trasladados, con la complicidad de los magistrados, a estructuras eclesiásticas, lo cual es gravísimo", dijo.

Gracias a las denuncias realizadas en este sentido por Zanardi, a principios de año el Comité de la ONU para los Derechos de la Infancia le pidió a Italia que realice una comisión de investigación independiente e imparcial para examinar todos los casos de abusos sexuales de niños de parte de personal religioso de la Iglesia Católica.

"Pero aquí manda la Iglesia, que no quiere que haya datos", aseguró Zanardi, que destacó que no existen estructuras para contener a las víctimas y ayudarlas psicológicamente. Tampoco hubo indemnizaciones.

Presionada por este nuevo clima, la Conferencia Episcopal italiana (CEI) hace diez días aprobó directivas contra abusos, entre las que se destaca la obligación moral (no jurídica) de denunciar los casos ante autoridades civiles. La condición es que la denuncia de la víctima resulte, después de una investigación previa, verosímil y que la víctima o su familia (en caso de menores) no se oponga a esa decisión. "Se trata de un paso adelante importante", destacó el cardenal Gualtiero Bassetti, presidente de la CEI, que, no obstante, no supo responder a las denuncias contra el arzobispo de Milán, Mario Delpini, acusado por los familiares de una víctima de haber encubierto a un sacerdote -condenado a 6 años y 4 meses de prisión-, al trasladarlo de una parroquia a otra. Se trata de un caso que está dando mucho que hablar: la madre del joven abusado, Cristina Battaglia, escribió una carta abierta en la que detalla el caso y reclama la renuncia del arzobispo.

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