Acusan a un comisario de borrar pruebas

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.- Guillermo Luque no las tuvo todas consigo ayer, en la cuarta audiencia del juicio por el crimen de María Soledad Morales. Tres veteranos bomberos de la policía admitieron haber lavado el cadáver antes de la autopsia por orden de un jefe de la fuerza.

Ello ocurrió en una maratónica sesión que comenzó a las 9.15 y concluyó a las 20.30, y en la que quedó explícito que los primeros y más importantes pasos de la investigación -hallazgo, traslado del cuerpo y autopsia- estuvieron plagados de errores y torpezas poco menos que inexplicables, cuando no deliberadas.

Todo comenzó con la extensa exposición del médico forense policial Jorge Argañaraz Ponessa, un veterano perito que aseguró que su colega Hugo Giménez, a cargo de la primera autopsia, no era idóneo para realizar una necropsia tan complicada.

Argañaraz Ponessa inspeccionó el cadáver, la mañana del 10 de septiembre de 1990, junto con Giménez, y observó "evidencias categóricas de que la joven había sido violada y sodomizada por dos o más individuos", y sostuvo que la causa de la muerte "fue un paro cardíaco por reflejo vagal, es decir que fue forzada analmente en forma intempestiva generándole un potente shock neurológico con resultado fatal".

El médico desmanteló así la hipótesis de Giménez, publicada en La Nación de ayer, sobre que la víctima falleció como consecuencia de un golpe fortísimo que le fracturó en tres partes el maxilar inferior.

Asediado por los defensores de Guillermo Luque, José Vega Aciar y Víctor Pinto, el especialista insistió en que ese traumatismo fue post mortem, y que se trató de un homicidio "con una violencia sexual pocas veces vista".

A estas alturas, el abogado de Luis Tula, Carlos Avellaneda, se frotaba las manos: "Esto nos viene muy bien. ¿Quién puede pensar que alguien que tenía un vínculo sentimental con María Soledad (por su defendido) podría actuar con semejante saña?", se preguntó ante este enviado en un breve cuarto intermedio. Claro que hay que tener presente que Tula está acusado como entregador y partícipe necesario del crimen.

Pero el sacudón llegaría antes de las 14, cuando Argañaraz Ponessa, interrogado por el fiscal Gustavo Taranto, se quejaba de la falta de conocimientos del también forense Giménez.

"¿Pero cómo pudo ser que haya mandado lavar el cadáver?", se preguntó, tomándose la cabeza.

Taranto: "Y a usted, ¿cómo le consta?" A. Ponessa: "A mí me lo contó uno de los bomberos que hizo ese trabajo, Eleodoro Nievas, a quien atendí en mi consultorio".

Luego de que una ola de frío recorrió la sala, el fiscal pidió al tribunal que se citara cuanto antes a Nievas y a otros dos suboficiales que ayudaron a éste en el traslado y lavado del cuerpo.

La espera del trío fue matizada por el testimonio de Andrés Barriocanal, otro forense, esta vez de la Policía Federal. El perito asesoró a la investigación, quince días después del crimen, y elevó un informe donde sostuvo que el homicidio y la desfiguración del cadáver (que apareció sin el cuero cabelludo y con las orejas arrancadas) "pudo haber sido obra de una mujer o de un homosexual de personalidad perversa cargada con intenso odio".

Tras un nuevo cuarto intermedio, pasadas las 17, llegaron los bomberos. Eleodoro Nievas, Juan Secundino Seco y Héctor Silva no dudaron en denunciar al entonces jefe de la Unidad Regional NÝ1 de Catamarca, comisario general José Antonio Leguizamón, como el hombre que les dio la orden de lavar el cadáver antes de la autopsia.

Nievas, un cabo de 50 años curtido en las faenas más desagradables del oficio -levantar cadáveres muchas veces mutilados o en avanzado estado de descomposición-, dijo que "nunca en mi vida me dieron una orden como ésa, pero la cumplimos, y le comenté a Seco que a la chica había que darle una manguereadita".

Con tono llano y aleteando con sus manos de labriego, Nievas reflexionó sobre su particular concepto sobre la obediencia debida: "Yo creía que no estaba bien. Pero era una orden. En la policía las órdenes hay que cumplirlas y después reclamár. Pero mejor no, porque vas preso. Por eso mejor cumplir..., y que Dios los ayude".

Los tres bomberos depositaron el cuerpo de María Soledad sobre una batea de la morgue, de acero inoxidable, y con una manguera que pendía de un grifo a cierta altura limpiaron el cadáver y las pruebas.

Seco recordó que el agua no tenía presión suficiente, por lo que hubo que "manguerearla tres o cuatro veces".

A todo esto, los suboficiales fueron claros al decir que la curiosa directiva fue impartida por el comisario Leguizamón, quien fue traído de urgencia a la sala de audiencias.

Para este último, negarlo todo y ser careado con el trío fue todo uno. Fue allí que el jefe policial del saadismo se enfrentó a sus ex subordinados con aires de perdonavidas pero con un tono inequívocamente amenazante.

"Pensá muy bien lo que vas a decir. Vos tenés hijos, familia", le dijo al cabo Nieva. Este, lejos de arredrarse, contestó: "Ya estoy cansado de sus prepotencias. Usted nos dio la orden, y ahora nadie nos va a hacer callar".

Todos los careados ratificaron lo dicho, y mientras Leguizamón echaba miradas incendiarias a los hombres de la manguera, el tribunal prefirió levantar la sesión hasta hoy a las 8.30.

Comprometido: el ex funcionario era colaborador de Miguel Angel Ferreyra, quien en el nuevo juicio aparece como uno de los principales sospechosos.

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.- Puede sonar extraño, pero ocurrió exactamente así: esta vez fueron los bomberos lo que comenzaron el incendio.

Tres humildes suboficiales del cuerpo de bomberos catamarqueño tiraron ayer de la punta del ovillo que puede llevar al tribunal a desentrañar la siempre sospechada pero nunca probada complicidad entre el poder y quienes mataron a María Soledad Morales.

Y la figura que eligieron para ventilar uno de los aspectos más oscuros del régimen de Ramón Saadi fue la del comisario general José Antonio "El gato" Leguizamón, ex mano derecha del mítico jefe Miguel Angel Ferreyra.

De Leguizamón se sabe que fue un oficial de probada ejecutividad pero de pocas luces, que trepó a lo más alto del escalafón policial en 1990, cuando el saadismo comenzó su larga agonía como consecuencia del sonado caso Morales.

Era conocida también, entre sus pares, su incondicionalidad hacia el jefe Ferreyra, quien a su vez respondía ciegamente al histórico caudillo Vicente Leonides Saadi y que fue "heredado" por su hijo Ramón.

Leguizamón era el número tres de la fuerza, y en quien descansaba la tarea de tener a raya a los uniformados. Su mala estrella quiso que, en enero de 1991, fuera detenido por la comisión que investigaba el caso encabezada por el entonces subcomisario Luis Patti.

Este, que había venido enviado por el presidente Carlos Menem y por pedido de la familia Morales, descubrió que el colega catamarqueño utilizaba un automóvil "mellizo", lo que no lo dejó bien parado.

El Ford Falcon en cuestión fue comprado por Leguizamón a otro comisario inspector, de apellido Añasco, quien desapareció sin dejar rastros.

El ex jefe Ferreyra, a todo esto, fue denunciado anteayer por haber querido intimidar al abogado de la familia Morales, el cordobés José Buteler.

Una semana atrás, el ex camarista catamarqueño Juan Miguel Avellaneda confundió al periodismo local con una operación de prensa destinada a blanquear a Ferreyra: dijo que éste había sido sobreseído en un caso de encubrimiento en el caso Morales.

Pero resultó falso, ya que la resolución judicial favorable al ex jefe de policía recayó en otra causa bien distinta y por completo ajena al crimen de María Soledad.

Todos dicen aquí que Ferreyra está muy nervioso y que se siente acorralado por esta nueva edición del juicio que lo tendrá como unos de los principales sospechosos. El encubrimiento del crimen alcanzó ayer a otro policía catamarqueño, el hoy oficial principal Julio Roberto Sosa. Según lo afirmado ayer por los bomberos Nieva, Seco y Silva, Sosa fue quien les tomó declaración, en 1991, cuando oficiaba de escribiente de la comisión Patti.

Por qué esos testimonios clave no fueron incorporados nunca en la causa, y sólo se conocieron ayer, es algo que el tribunal seguramente le preguntará hoy a Sosa.

Leguizamón será careado con el bombero Silva, quien también afirmará haber recibido la orden de lavar el cadáver. Según señalaron fuentes del Tribunal, podría complicarse aún más su situación que rozaría con el delito de encubrimiento.

El tono de las exposiciones, como las de ayer, estará plagada de referencias médicas y ahondará en detalles macabros sobre tejidos que se descomponen, violaciones y órganos salvajemente mutilados. Memorias de la muerte.

A fines del siglo pasado, el escritor y periodista Roberto Payró, corresponsal de La Nación , ironizaba: Catamarca tiene tres riquezas: los terremotos, las intervenciones y la Virgen del Valle. Cien años después, las profundidades de la tierra parecen aquietadas.

La Virgen del Valle sigue siendo la más portentosa expresión de fe del Noroeste Argentino, y la última intervención, la número trece, ocurrió en abril de 1991. Cuando la marcha del silencio de Catamarca se trasladó a la Plaza de Mayo y amenazó extenderse como protesta a otras provincias, el presidente Menem no tuvo cómo eludir la intervención. Los argumentos fueron los mismos que justificaron las intervenciones anteriores: restaurar el régimen republicano porque "los poderes provinciales no son capaces de garantizar la vigencia del Estado de derecho".

El interventor, Luis Prol, al llegar despidió empleados públicos, echó al jefe de policía y diagnosticó un entramado administrativo de complicidades semejante "a una sociedad mafiosa". En la convulsionada Catamarca de aquellos días del otoño de 1991, los oficiales acuartelados para protestar contra la corrupción policial reconstruían ante los periodistas los caminos de la droga: "Los autos robados van hacia Bolivia, por Salta, y ésa puede ser la moneda de pago de la droga".

La intervención siguió las denuncias y constató que, más de la mitad de los autos oficiales, eran "truchos" o porque carecían de identificación, o porque los números de los chasis no coincidían con el de los papeles, o simplemente porque no estaban inscriptos en el Registro de la Propiedad. Y en el juzgado que investigaba el crimen de María Soledad se fueron acumulando otras denuncias por corrupción.

***

Es esa Catamarca la que se ve menos, la que fue modificada por la tragedia de aquella jovencita, cuya muerte, como un exorcizador, fue desnudando un gobierno de provincias que manejaba a su antojo las leyes, los jueces y la policía. Atraídos más por el crimen- el que como una novela en capítulo estimula la curiosidad de mirar los males ajenos- reparamos menos en el carácter emblemático de esa provincia, convertida en una incómoda metáfora de lo que sucedió años después en el resto del país.

Catamarca puso a prueba a la Justicia y demostró su ineficacia, anticipando lo que otras tragedias -de la voladura de la AMIA a la muerte de José Luis Cabezas- confirman día tras día como una práctica habitual: el encubrimiento. Los que tienen que investigar, terminan investigados; los que tienen que juzgar terminan enjuiciados, y la falsa terminología de "testigos truchos, de armar la prueba, de embarrar la cancha" se nos cuela en lo cotidiano como si fuera una normalidad jurídica y no la consecuencia de la impunidad.

Sin el encubrimiento político, el caso de María Soledad habría muerto en las páginas policiales. Pero al coincidir con los escándalos de corrupción que en Buenos Aires involucraban a hombres del gobierno, Catamarca se convirtió en una muestra incómoda de lo que sucedía en el país. El crimen de la joven desnudó el estilo nepótico de un gobierno de provincias, pero por su influencia en la política nacional puso también en tela de juicio el clientelismo, la deuda política como factor de poder y la inmunidad parlamentaria.

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Todos fuimos atrapados por la forma cómo los catamarqueños fueron exculpando sus viejos temores. Sea por sus marchas del silencio, "por tanto grito callado", como escribió anónimamente un joven, o por el misterio del crimen, nadie permaneció indiferente. Allí, la vida pública y las tragedias privadas se exhibían sin pudor. Sólo había que elegir el espejo que mejor nos refleja: desde la tragedia de las chicas pobres de provincia que sueñan con ser modelos y son vulnerables al primero que les ofrece fama o dinero, a las creencias populares de videntes, utilizadas por la policía para investigar los crímenes; de los manejos de los fondos públicos como negocios privados al nepotismo de un gobierno de tíos, hermanos y sobrinos.

Una vieja tradición provincial como describe Roberto Payró en "Las tierras del Inti", crónicas sobre la Catamarca del siglo pasado.

A los terremotos, las intervenciones y la Virgen del Valle, ahora habría que agregar a Catamarca otra riqueza: la del civismo. Como la Justicia precisa de pruebas, es probable que no se pueda castigar a los asesinos de María Soledad. Sin embargo, la sociedad triunfó sobre el poder político y castigó electoralmente el encubrimiento que sustentó el crimen.

El gobernador Ramón Saadi, que tendría que haber garantizado el cumplimiento de la ley, perdió sucesivamente las últimas seis elecciones posteriores al crimen de María Soledad. Y en esto la sociedad fue menos benévola que la ley. ¿Hay, acaso para los políticos, otro castigo más duro que la derrota en las urnas ?

Por (Enviado especial)

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