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“Estoy muy emocionada. Después de lo que perdí, con la muerte de mi hijo, esta es la primera alegría que puedo disfrutar, porque siento que hicimos algo para que esto no le vuelva a pasar a nadie más”. Quien habla es Stella Maurig, una de las madres detrás del reclamo de reforma de la Ley de Salud Mental que esta madrugada fue aprobada por el Senado.
Las declaraciones fueron realizadas mientras en la Cámara alta se debatía la reforma que, finalmente, fue aprobada con modificaciones respecto del proyecto original impulsado por el Poder Ejecutivo.
Los cambios son un reclamo que lleva años y que esconde miles de historias como la de Stella, de mucho dolor e incomprensión, cuando una sencilla medida a tiempo podría haber evitado una enorme tragedia. Ese es el planteo que desde hace años impulsan organizaciones de familias que vienen reclamando por la reforma de la norma. Tal es el caso de Ícona y La Madre Marcha, que nuclean a familias de personas con trastornos de salud mental y consumos problemáticos.
En abril, el Gobierno había enviado al Senado la reforma de la ley de salud mental; desde entonces se esperaban los cambios que finalmente llegaron hoy. Claro que ahora deberá pasar por Diputados para convertirse en ley.
Es por eso que la aprobación conmueve y emociona a las familias. Uno de los aspectos centrales del debate estuvo relacionado con las internaciones involuntarias. El objetivo reside en facilitar el proceso de internación ante situaciones de riesgo a fin de evitar casos de homicidios, suicidios y agresiones a terceros, producto de la imposibilidad de recibir un tratamiento oportuno y adecuado, tal como también viene impulsando desde hace años Marina Charpentier, la madre del cantante Chano.
“Nuestra lucha es por tener una legislación que proteja los derechos de los pacientes, pero que también permita actuar a tiempo, salvar vidas y acompañar a las familias. Creemos que es una reforma necesaria y largamente postergada. Vamos a seguir trabajando para contribuir a que se convierta en ley”, dice a LA NACION Juan Roza Alconada, director de la organización Ícona, y uno de los impulsores de esta reforma. Es hermano del joven que en medio de un brote psicótico mató a un policía frente al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba). Explica que la legislación actual dificulta los tratamientos necesarios e imposibilita las internaciones urgentes en situaciones críticas de adicción o padecimientos psiquiátricos.
El texto aprobado por el Senado incorporó modificaciones durante la negociación parlamentaria. Entre ellas, mantuvo la prohibición de crear nuevos manicomios y ratificó que las internaciones involuntarias continúan siendo una medida excepcional, bajo evaluación interdisciplinaria y control judicial.
La tragedia que envolvió a Rodrigo Roza y al inspector Juan Pablo Roldán, asesinado en 2020 en una esquina cercana al Malba, podría haberse evitado con un cambio en la legislación como el que se votó, explica. Su hermano, en un brote psicótico severo, apuñaló y mató al oficial, lo que llevó a su propio fallecimiento a manos del mismo policía en un intento desesperado de defensa. Este doloroso episodio, entre otros, derivó en cuestionamientos a las limitaciones de la ley actual en lo que respecta a la internación involuntaria de personas con trastornos psiquiátricos graves. El día anterior, Juan había detectado la situación en la que se encontraba su hermano y quiso internarlo, pero no fue posible ya que él se negó. Lo que ocurrió al día siguiente, explica Juan, podría haberse evitado.
Hay que entender que existen posturas divididas: familiares y algunos sectores médicos apoyan una flexibilización para agilizar la atención, mientras que asociaciones profesionales y de derechos humanos advierten sobre posibles retrocesos en garantías individuales.
En el recinto, mientras el kirchnerismo rechazó categóricamente la reforma, un sector del peronismo disidente promovió un dictamen de minoría con cambios puntuales, pero también manifestando su oposición de fondo a la iniciativa.
Ante este complejo escenario, el oficialismo debió ceder varias modificaciones sobre el dictamen para poder conseguir los votos que le permitieron aprobar el texto y girarlo en revisión a la Cámara de Diputados, para efectivamente convertirse en ley.
En la negociación se accedió a restituir diversas garantías contempladas en la Ley 26.657, sancionada durante el kirchnerismo. A diferencia del texto inicial —que exigía la obligatoriedad estricta de una firma psiquiátrica para disponer una internación—, la nueva redacción permite que la evaluación sea efectuada por un médico (preferentemente psiquiatra o formado en salud mental) junto a un segundo firmante que deberá ser psicólogo.
“Desde hace tiempo que venimos reclamando este cambio ante la enorme crisis sanitaria en salud mental. Es impresionante la cantidad de suicidios, han subido de manera exponencial desde el año 2025, y muchos de estos suicidios tienen que ver con personas en consumo. En un año, los casos aumentaron un 50%. Y el consumo es de todo tipo; desde sustancias hasta adicción al juego”, resume Maurig, una de las fundadoras de La Madre Marcha.
Stella era la madre de David, un joven que luchó contra las adicciones desde 2007 y falleció tras suicidarse a los 31 años en 2019. Tras ese desenlace, se convirtió en una referente del reclamo de reforma de la ley. También lidera grupos de escucha y espacios de orientación y contención mutua para madres y familiares que atraviesan la desesperación de tener hijos con consumos problemáticos.
“Desde hace tiempo venimos impulsando la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y acompañamos este proyecto en el Senado”, cuenta Roza Alconada a LA NACION.
“El cambio en el manejo de las internaciones involuntarias va a permitir una intervención oportuna ante situaciones de riesgo grave para la propia vida o la de terceros, sin necesidad de esperar a que el daño se produzca”, explica Roza Alconada.
Según los impulsores de la reforma, el mayor protagonismo que tendrá el médico psiquiatra busca fortalecer su intervención en el diagnóstico, las decisiones terapéuticas y las internaciones, manteniendo el abordaje interdisciplinario.
Hay un punto que el referente de Ícona considera clave: la atención en situaciones de urgencia. Según interpreta, el nuevo esquema permitirá disponer internaciones inmediatas en casos excepcionales, con posterior evaluación interdisciplinaria dentro de las 48 horas.
El texto que se votó busca garantizar que los hospitales e instituciones especializadas tengan la continuidad que se requiere, pero rechaza la creación de nuevos manicomios.
El pedido también buscó garantizar el financiamiento para los programas de salud mental, para asegurar recursos presupuestarios suficientes para que la reforma pueda implementarse efectivamente, “incluyendo el cumplimiento de la asignación progresiva prevista en el artículo 32 de la ley vigente”, agrega Roza Alconada.
