
Cáncer: uno de cada tres mamógrafos del sistema público tiene desperfectos y el 42% funciona menos de seis horas al día
Un inédito relevamiento revela no solo la cantidad, sino el estado de estos equipos; describe también los recursos profesionales con los que cuenta el sistema de salud para identificar tumores mamarios
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Un mapeo exhaustivo de los mamógrafos instalados en el país demuestra por qué, todavía, el acceso a un estudio clave para la detección del cáncer de mama sigue siendo desigual en el país, con 1498 equipos disponibles en las provincias, la mayoría en el sistema privado, “un universo sobre el cual no existe hoy un registro público” para conocer siquiera su ubicación y uso.
En el sistema público, en tanto, un tercio de los 404 mamógrafos contabilizados tiene “desperfectos”, más de la mitad está subutilizada, el 60% de los que están operativos nunca tuvieron mantenimiento regular o solo “si se rompen”, y aún hay un 34% de instituciones sin historia clínica digital, entre los principales resultados.
“El sistema mamográfico argentino presenta un patrón de alta concentración territorial, con implicancias directas para la capacidad del Estado de garantizar el acceso equitativo al diagnóstico oportuno en todo el territorio nacional”, señalaron en el informe a partir de los datos reunidos por provincias para trazar el mapa que fue presentado hace instantes por la Asociación Civil Surcos y la Fundación Instituto Natura.
Este relevamiento inédito avanza no solo en la cantidad, sino también en el estado de la tecnología y en los recursos profesionales (médicos y técnicos) con los que cuenta el sistema de salud para identificar tumores mamarios. Accedieron a compartir la información 23 de las 24 jurisdicciones.
Una primera mirada de la distribución, graficada en un mapa interactivo, muestra áreas sin cubrir, lo que se traduce en traslados prolongados para acceder a una mamografía. Hay diez provincias que concentran alrededor de un 80% de la capacidad instalada: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Entre Ríos, Río Negro, Mendoza, Corrientes y Tucumán.
También, se puede ver cómo la mayoría de los equipos (73%) está en centros de atención con obra social o prepaga y, en muchas ciudades o localidades, coinciden con la oferta pública. En este sistema, el 81% de los mamógrafos instalados en hospitales, centros del primer o segundo nivel de atención o unidades móviles está operativo. El resto, no.
“Durante mucho tiempo discutimos la detección temprana del cáncer sin saber con qué recursos contábamos realmente”, dijo Alejandra Sánchez Cabezas, directora de la Asociación Civil Surcos. “Hoy, sabemos dónde están los equipos, en qué estado y cómo se organiza el acceso a su alrededor, lo que ya abre la posibilidad de tomar decisiones concretas: otorgar nuevos turnos donde hay capacidad ociosa, reparar donde hay equipos detenidos y conectar donde la infraestructura ya existe –continuó–. El paso que sigue, en el que ya estamos trabajando, es entender qué pasa del otro lado: qué recorrido hace una mujer desde que decide hacerse una mamografía hasta que tiene un resultado en la mano. Porque es ahí donde se gana o se pierde una detección a tiempo.”
De acuerdo con el Programa Nacional de Control del Cáncer de Mama, cada año hay unos 22.000 nuevos diagnósticos de estos tumores, los más comunes entre las mujeres.
Este Mapa Mamográfico Federal de la Argentina demandó cinco meses de trabajo durante 2024 y los datos se volvieron a cotejar este año. Las autoridades de Salud provinciales recibieron un informe con sus resultados: 18 jurisdicciones cuentan con programas de cáncer de mama por ley o decreto. “Ninguna organización puede resolver la falta de acceso de forma aislada. Cuando la sociedad civil aporta datos estratégicos y tiende puentes con la gestión pública y el ámbito privado, logramos poner en pie políticas públicas que creen las oportunidades concretas de detección temprana para miles de mujeres en la Argentina”, dijo Florencia Mezzadra, gerenta de la Fundación Instituto Natura.

Ambas representantes de las organizaciones destacaron como “una de las principales conclusiones” la necesidad de optimizar los recursos disponibles, con énfasis en el sistema público. ¿El objetivo? “Maximizar su alcance”. ¿Cómo? De acuerdo con los resultados, y a partir de la capacidad instalada, con una mayor oferta de turnos, la actualización del equipamiento (un 25% de los mamógrafos son de última generación, incorporados entre 2020 y 2024) o la puesta al día de habilitaciones y controles de calidad (un 66% de los lugares que ofrecen mamografías cuentan con ambos), por ejemplo.
El relevamiento también expone cómo conviven distintas indicaciones por edad, frecuencia o si se requiere o no una orden médica aun dentro de la población objetivo (rango etario para la que se recomienda el control mamográfico). Sin antecedente de cáncer de mama, las provincias lo indican desde los 40 o 50 y hasta los 69, 70 o 75 años. En algunas es cada año y en otras, cada dos. Para Sánchez Cabezas, habría que unificar criterios. La recomendación nacional es entre los 50 y 69 años. Fuera de ese rango, hay que consultar con el médico de cabecera.
Entre las fortalezas, destacaron la existencia de legislación específica y programas especializados con personal, estructura y equipos técnicos propios, y que uno de cada cuatro mamógrafos disponibles en el sistema público sea un equipo que obtiene imágenes con menor dosis de radiación y mayor calidad para el diagnóstico. Además, uno de cada dos centros que hacen mamografías en el sistema público tiene un programa para la búsqueda activa de pacientes y detección temprana del cáncer de mama.
Gabriela Bourguignon y Tamar Finzi, analistas de Surcos, describieron ante el auditorio en la Fundación Navarro Viola la realidad con la que se encontraron en las respuestas recibidas de 23 provincias (Córdoba no accedió a participar). Para el sector privado (obras sociales y prepagas), “lo relevado no permite afirmar que se trate del universo completo” por distintos obstáculos estructurales (por ejemplo, gran variación de los niveles de aportes, fragmentación del universo de obras sociales nacionales y falta de transparencia y sistematización de la información, entre otros que identificaron).
En tanto, en el sistema público, uno de cada tres mamógrafos tiene desperfectos técnicos, el 42% de los equipos funciona menos de 6 horas por día, más del 50% de hace menos de 100 mamografías por mes -lo esperable sería, por lo menos, 164- y un 34% de las instituciones no cuenta con historia clínica digital, lo que permitiría que la imagen esté disponible independientemente del lugar donde se hace el estudio.
Además, el 50% de los servicios no utiliza el Sistema de Información de Tamizaje (Sitam), un registro nacional a través del cual se puede hacer el seguimiento de los pacientes dentro del sistema no solo para los tumores mamarios, sino también para los de colon/recto y cuello uterino. “La detección temprana del cáncer de mama exige que la información circule dentro de cada provincia”, señalaron las técnicas. “La interoperabilidad entre los centros no existe en todos los casos como para poder hacerse una mamografía en otra institución. Hay lugares en los que ni siquiera permiten la carga de imágenes”, describieron.

En cuanto a los recursos humanos, 7 de cada 10 estudios los informan médicos especialistas en diagnóstico por imágenes y hay licenciados en bioimagen en el 53% de las instituciones, con una “tendencia positiva” al trabajo junto con los servicios de mastología, la especialidad que se ocupa de las mamas. “Sin embargo –señalaron en el informe final–, en el 49% de los servicios el personal técnico rota entre distintas áreas, lo que afecta la dedicación exclusiva”.
Como desafío, en tanto, plantearon que hay 157 lugares de atención que tienen la infraestructura necesaria para cargar las mamografías al registro digital, pero “su uso efectivo todavía es incipiente”. Ahí es donde el equipo de Surcos detectó la posibilidad de mejorar sin necesidad de grandes inversiones para los gobiernos locales: “Activar esa capacidad instalada es uno de los pasos con mejor relación entre esfuerzo e impacto porque habilita segundas lecturas, consultas a distancia y auditoría clínica sin necesidad de nueva inversión en equipamiento”, describieron.
En un panel que coordinó Sánchez Cabezas después de la presentación de los datos, Gabriel Battistella, subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud de la Ciudad, y Jonatan Konfino, subsecretario de Políticas de Cuidados del Ministerio de Salud bonaerense, elogiaron la investigación. Ambas jurisdicciones proporcionaron información para el relevamiento.
Mientras que el representante porteño señaló la fragmentación del sistema como “un gran problema” en salud, porque “no compartir datos entre substistemas [privado, de obras sociales y público] termina por afectar a los pacientes”, ya que hace a la coordinación de los servicios y los cuidados, el funcionario bonaerense destacó la relevancia de la información para tomar decisiones y mejorar el uso del equipamiento y los recursos profesionales. “Lo más importante -destacó- es la capacidad ociosa que tenemos.”
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