Tensa tregua: suspenden el desalojo de dos comunidades mapuches y surge la propuesta de una resolución alternativa

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– La Justicia de Neuquén dispuso la suspensión del desalojo de las comunidades mapuches Melo y Lof Kinxikew (Quintriqueo), tras considerar que el operativo policial no pudo completarse en los términos previstos por la ley.

La resolución, confirmada por el abogado de las comunidades, Luis Virgilio Sánchez, y refrendada por el juez civil de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino, establece que el procedimiento quedó técnicamente frustrado. De acuerdo con el magistrado, quien rechazó un recurso de aclaratoria presentado por la representación legal de la demandante María Cristina Broers, la Guía de Intervención en Desalojos de la provincia (aprobada por acuerdo 5846) estipula que si la medida de lanzamiento no se puede concretar en su totalidad ante la imposibilidad material de ejecutarla, se debe dar por frustrada la diligencia.

Como consecuencia directa de esta decisión, todos los actores involucrados en el operativo –lo que incluye a la familia Broers, sus representantes legales, la fuerza policial y otros operadores– están obligados a retirarse del territorio. En caso de que la parte reclamante pretenda avanzar nuevamente con la expulsión de las familias, deberá reiniciar desde cero los mecanismos procesales y solicitar un nuevo mandamiento de desalojo.

El conflicto se había agudizado el miércoles pasado, cuando la Policía de Neuquén, junto a fuerzas especiales del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), la Gendarmería Nacional, bomberos y personal médico, ejecutó un operativo de desalojo que fue adelantado de manera imprevista. Aunque lograron concretar un despojo parcial que afectó a tres viviendas de la comunidad Quintriqueo y recuperó una fracción de la costa del lago Nahuel Huapi, la situación fue completamente distinta en el sector ocupado por la Lof Melo en El Pedregoso.

Allí, la fuerte resistencia comunitaria, la concentración de allegados que se acercaron para brindar apoyo, la presencia de niños y la total ausencia de organismos estatales para la protección de menores obligaron a las fuerzas de seguridad del GEOP a retirarse del lugar, dejando la medida inconclusa. La defensa legal de la comunidad mapuche argumentó que un desalojo de esta naturaleza no puede ejecutarse de manera parcial.

Más allá del freno técnico, el abogado Sánchez presentó un escrito planteando la nulidad absoluta de todo el procedimiento de desalojo y exigiendo la restitución de las viviendas y los bienes. Según el letrado, el desalojo se realizó violando estándares internacionales de derechos humanos –como la consulta previa de la OIT y la prohibición de desalojos forzosos sin reubicación– y bajo una “negación de justicia”. Sánchez denunció que el juez Bonorino demoró deliberadamente por un año una medida cautelar de suspensión para rechazarla recién al día siguiente de consumado el desalojo parcial.

La defensa también expuso severas inconsistencias registrales de la contraparte. Sánchez reveló que, de acuerdo con el Informe de Dominio del Registro de la Propiedad Inmueble, María Cristina Broers ni siquiera figura como titular del terreno en disputa, el cual sigue registrado a nombre de dueños anteriores.

En contraposición, destacó que la comunidad mapuche cuenta con la Resolución 332 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), emitida el 15 de noviembre de 2023, que culminó el relevamiento de la Ley 26.160 y reconoció formalmente la ocupación actual, tradicional, pública y ancestral de las tierras por el Lof Kinxikew. En este sentido, Sánchez acusó a la querella de una posible “estafa procesal” por ocultar información sobre supuestas transferencias privadas del predio a terceras sociedades.

Ante la complejidad del litigio, la defensa propuso formalmente abrir una vía de resolución alternativa mediante un tribunal de arbitraje. Esta propuesta –que inauguraría el uso de esta figura contemplada en el nuevo Código Procesal de Neuquén– plantea conformar una mesa integrada por el Ministerio de Gobierno de la provincia, el Obispado de Neuquén y la Asociación Gremial de Abogados de la República Argentina. El juzgado ya corrió traslado a la contraparte para que se pronuncie sobre esta alternativa de diálogo.

La tensión vivida durante de los operativos desencadenó una masiva respuesta social en la región patagónica. El sábado pasado, más de 500 personas se movilizaron en una multitudinaria caravana de apoyo que se concentró en el predio de Paso Coihue donde resiste la comunidad Melo.

La convocatoria congregó no solo a miembros de diversas comunidades mapuches de la zona, sino también a organizaciones sociales, sindicales, políticas y vecinos que viajaron desde Villa La Angostura, Bariloche, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, la ciudad de Neuquén y distintas localidades de Río Negro.

Durante el encuentro, las autoridades tradicionales mapuches alzaron la voz para ratificar su unidad y la defensa de su territorio. Amancay, lonko del Lof Quintriqueo, exigió que los pueblos originarios sean incluidos de forma activa en cualquier proyecto político de país y denunció la vulneración de sus derechos básicos. A la vez, Lucas Melo, lonko del Lof Melo, agradeció la masiva demostración de solidaridad regional y reiteró que la lucha de ambas comunidades es indisoluble: “Esta lucha no la iniciamos los Melo por un lado y los Quintriqueo por el otro. La iniciamos juntos y la vamos a continuar juntos”.

Con el desalojo suspendido por vía judicial y el territorio de Paso Coihue fuertemente custodiado por la resistencia de las comunidades y el acompañamiento vecinal, el escenario del conflicto entra en una tensa tregua donde el diálogo político y el arbitraje asoman como una salida viable frente a la confrontación judicial.

Por Paz García Pastormerlo

• Neuquén

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