Ciudad: por qué la justicia porteña frenó las obras de una nueva playa pública en la Costanera Norte

Una interminable hilera de cadenas, obradores, cintas de “peligro” y mamparas que indican que detrás hay una construcción en proceso se mezcla con los restaurantes, discotecas y lugares recreativos en la Costanera Norte de la ciudad. Allí, el gobierno porteño sufrió la semana pasada un revés judicial en uno de los proyectos que componen “BA Costa”, el plan urbanístico que el Ejecutivo lanzó el mes pasado con la idea de recuperar la ribera del Río de la Plata desde la avenida General Paz hasta el Riachuelo.

Fue a través de un amparo de oficio que presentó la Defensoría del Pueblo de la ciudad, por su competencia en “la protección del interés colectivo”, que se frenó una de las construcciones, conocida como “Parque Costero BA”, ubicada frente al parque Tierra Santa.

La contaminación, que supone un riesgo para la salud pública, así como la violación del Plan Urbano Ambiental, por no respetar la silueta costera de los rellenos existentes en el Río de la Plata, son los principales argumentos que esgrimió María Rosa Muiños, defensora del Pueblo de la ciudad, con el objetivo de suspender “con carácter urgente las obras que se estén llevando adelante”.

Tres semanas después, el juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°5, a cargo del juez Martín Converset, dictó una medida cautelar y recuperó los argumentos detallados por Muiños y sumó la orden de que intervenga la Legislatura porteña en función de que emita una ley que habilite la transformación del espacio ribereño, así como la notificación al Estado nacional con el fin de que pueda involucrar, si así lo considerase pertinente, a la comisión administradora instaurada por el Tratado del Río de la Plata, por la gestión compartida del río con Uruguay.

La ley bajo la que se ampara el gobierno porteño para la construcción del proyecto BA Costa es la 5961, sancionada en 2018. Si bien esta norma cumplió con el procedimiento estipulado en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la ciudad, en los que se estipula que para los proyectos urbanísticos y ambientales exista el mecanismo de doble lectura con llamado a audiencia pública entre la primera votación y la sanción en segunda instancia, Converset enfatizó que este marco jurídico es muy general. “No se establece ubicación y superficie a rellenar”, detalló.

Para el juez de primera instancia, el articulado de la ley 5961 se encuentra revestido de una generalidad tal que no se puede considerar por facultado al gobierno porteño a continuar con las obras proyectadas hasta tanto la Legislatura subsane las diferencias. “Implica otorgarle un margen de discrecionalidad al GCBA sobre el Río de la Plata lo que redundaría en una autorización genérica que conllevaría la realización de obras sin encontrar un límite legal determinado sobre la ribera del Río de la Plata”, precisó en la medida cautelar.

Voceros de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, a cargo de los proyectos urbanísticos, indicó a LA NACIÓN que el gobierno de la ciudad apelará la medida judicial e insistirá con que se considere a ley 5961 como el marco legal para la creación de diversos espacios y parques públicos a lo largo de Costanera Norte.

Y sumó, respecto de la orden de involucrar al Estado Nacional que “según lo establecido en el certificado de aptitud ambiental (Resolución 124/APRA/22), la construcción en el borde costero no afecta la navegabilidad y ecosistema del Río de la Plata, por lo que no debe darse la intervención a ningún organismo del Ejecutivo Nacional”.

Los detalles

Sobre la península del Parque del Vega, el gobierno porteño proyectó un parque público de tres hectáreas de superficie con una capacidad de hasta 6000 personas en la costa del Río de Plata. Para ello, el plan urbanístico supone un nuevo relleno de suelo de 2,5 hectáreas cubierto de arena que funcionará como una playa pública que contará, entre otras cosas, con un anfiteatro, un muelle y juegos para niños.

Además, está prevista la construcción de una defensa costera de 860 metros de extensión para una “aproximación gradual al agua”. Por encima de esta defensa, se generará un paseo peatonal para caminar o andar en bicicleta. La resolución N°50/SSOBRAS/22 fue la norma mediante la cual se aprobó la licitación pública que se adjudicó a la firma Criba SA.

Sin embargo, uno de los argumentos que cita el juzgado N°5 de la acción de amparo interpuesta por la Defensoría del Pueblo es que “la construcción de la playa facilita y promueve el contacto de los ciudadanos con aguas que se encuentran altamente contaminadas y que suponen riesgo cierto e inminente de salud pública para todos los habitantes que concurran a las mismas” y que a su vez “el proyecto de relleno incumple lo establecido en el Plan Urbano Ambiental en cuanto no preserva el perfil y/o silueta costera existente de conformidad a lo establecido en el Plan Urbano Ambiental de conformidad al art 9 de la Ley 2930″.

Específicamente, Muiños destacó que por la cercanía de la obra con la desembocadura del arroyo Medrano, implicaría el contacto de la ciudadanía con bacterias potencialmente dañinas para la salud: “De acuerdo con mediciones de la Agencia de Protección Ambiental (APRA) al mes de mayo de 2021 la presencia de Escherichia coli y de coliformes fecales era dramáticamente elevada. También estaba por encima de lo permitido la presencia de nitritos y fósforo. Estos y otros contaminantes derivan hacia el área donde se proponen emplazar BA Playa”.

Sobre este punto, el gobierno porteño enfatizó que el proyecto no prevé, al igual que en el resto de la costa de la ciudad, que las personas se bañan en esas aguas. Además, informó que se cumplió con toda la normativa necesaria para la recepción de la obra a través del certificado de aptitud ambiental (resolución 124/APRA/22) y que el estado del agua no afecta la salud de las personas para los usos que se proponen en el proyecto.

El ejecutivo porteño precisó a LA NACIÓN que la empresa licitadora está trabajando en cálculos estructurales y en la parte administrativa hasta tanto se resuelva la cuestión legal.