Condenan a reclusión perpetua a los secuestradores de Macri
Son tres ex policías, sentenciados, además, por otros cuatro delitos y un asesinato
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Diez años después del último de sus grandes golpes, siete ex policías, integrantes de la que se conoció como la banda de los ex comisarios, fueron condenados a severas penas de prisión por una serie de secuestros extorsivos, uno de los cuales, se presume, terminó con el asesinato del cautivo.
La banda fue desarticulada en 1992, meses después de que el hoy presidente de Boca Juniors, Mauricio Macri, fue liberado –en septiembre de 1991– luego de que su padre, líder del grupo Sevel y actual titular del Correo Argentino, Franco Macri, pagó un rescate de 7.000.000 de dólares.
Ayer, el juez federal porteño Rodolfo Canicoba Corral firmó la condena a reclusión perpetua para los ex policías de la Federal José “Turco” Ahmed, Juan Carlos “Pelado” Bayarri y Miguel Angel “Jopo” Ramírez. En la misma resolución sentenció a Ramón Osmar Avalos a 15 años de prisión; a Carlos Alberto Benito a 11, y a Héctor Daniel Ferrer y Raúl González a cinco años.
Los casos analizados en el proceso fueron los secuestros de Macri –del 23 de agosto al 8 de septiembre de 1991–, de Karina Werthein (entre el 14 de junio y el 23 de diciembre de 1978, por el que se cobraron US$ 500.000), de Roberto Apstein, de Sergio Meller –en 1985, más de dos millones de rescate– y de Julio Ducdoc, desaparecido desde 1980, fecha del rapto, por lo que se presume que fue asesinado.
Precisamente, el Turco Ahmed, el Pelado Bayarri y Jopo Ramírez recibieron la pena máxima porque se los encontró penalmente responsables de privación ilegal de la libertad agravada por la muerte de la víctima. Los tres ya llevan nueve años, un mes y quince días de cárcel.
Además, Ahmed –también apodado Joe– fue encontrado culpable en tres casos de secuestro extorsivo agravado por la obtención de rescate, Bayarri fue condenado por cuatro episodios y Ramírez, por dos hechos.
Carlos Benito, alias Pocho, fue sentenciado a once años de cárcel por uno de los casos. Como lleva preso diez años, cinco meses y doce días, quedará en libertad. Y Ramón Avalos, alias Mario, que está detenido desde hace doce años y dos días, fue condenado a quince años por dos secuestros.
Ferrer y González recibieron idénticas condenas de cinco años como partícipes secundarios de los secuestros.
A todos, el juez Canicoba Corral les adjudicó haber integrado una asociación ilícita. El magistrado, finalmente, absolvió a Juan Carlos Arza y a Hugo Luis Andersen.
Pendiente de resolución
Queda aún pendiente de resolución la situación del ex subcomisario Alfredo Hugo “Poroto” Vidal, quien tras permanecer prófugo por casi una década fue detenido el 11 de mayo último en San Martín, cuando estaba con otros dos sujetos dentro de un auto en el que tenían pistolas con silenciadores. Quizá nunca se sepa, pero los investigadores creen que estaban a punto de cometer un secuestro.
Curiosamente, cuando fue detenido Vidal intentó alejar a los agentes de la bonaerense que le pidieron identificación al mostrarles la credencial y chapa pecho que lo acreditaban como oficial de la Policía Federal. Más curioso aún fue que, pese a que se lo buscaba por una serie de secuestros extorsivos, al pedirse sus antecedentes no figuraba como prófugo.
Vidal había purgado una condena por el primer secuestro del empresario Osvaldo Sivak, ocurrido en 1978. El Turco Ahmed fue su compañero de desventuras en esa causa. Sivak sería secuestrado nuevamente en 1985. En este segundo plagio fue asesinado.
Se cree que la banda de los ex comisarios tuvo su origen en los llamados grupos de tarea dedicados a la represión ilegal durante la última dictadura militar en la Argentina. En rigor, se los acusó por secuestros ocurridos entre fines de la década del 70 y principios de la del 90, cuando quedó desarticulada tras el golpe contra Mauricio Macri.
No es fútil la vinculación entre la banda de secuestradores y los grupos de tareas. De hecho, el ex agente de la SIDE Raúl Guglielminetti, alias mayor Guastavino, fue procesado por el caso Meller. En 1985, cobró a la familia del secuestrado dos millones de dólares para gestionar su liberación. Cobró el dinero, pero nunca dio un solo dato sobre el caso. Inicialmente procesado por extorsión, la Cámara del Crimen finalmente lo condenó por estafa, por lo que quedó en libertad.




