Crímenes que nadie pudo resolver

SANTIAGO DEL ESTERO (De un enviado especial).- Son 64 madres, aunadas por un solo sentimiento: el dolor.

Son mujeres que perdieron a sus hijos, que perdieron a sus familiares en acciones ilegales de la policía y que sufrieron además la inacción de la Justicia para esclarecer los hechos. Acusan a los jueces y camaristas de la provincia. Son las llamadas Madres del Dolor, que cada vez que pueden marchan por las calles de Santiago del Estero y de La Banda para reclamar justicia.

Alentadas por el fallecido obispo de Santiago del Estero Gerardo Sueldo, quien murió al volcar el auto que conducía, hoy la agrupación se reúne al amparo de la Secretaría de Derechos Humanos del Obispado, a cargo de monseñor Juan Carlos Maccarone.

La reunión se realiza en una casa acomodada de La Banda, cerca de la capital santiagueña. La vivienda es de Jorge Eduardo Vidal, cuyo hijo Pablo murió en el jardín cuando estaba con otros tres amigos, hijos de influyentes comerciantes y profesionales de la provincia.

La Justicia, después de cuatro años, concluyó que se había tratado de un suicidio, pero innumerables pruebas señalan que Pablo no se mató. Los peritajes balísticos y los criminológicos así lo sostienen. Finalmente, el caso comenzó a ser revisado por elSuperior Tribunal de Justicia de la provincia. La familia de Pablo sospecha que la muerte la provocaron algunos de los amigos que estaban ese día con él.

Desde la muerte de Pablo, Vidal recibió más de 31 panfletos, impresos cuidadosamente en los que lo acusaban de haber matado a su hijo, de traficar droga, de robar bancos, de pegarle a su mujer y de armar orgías con un travesti llamado Tamara, que por estos días está siendo enjuiciado por corrupción de menores.

"Son los servicios de inteligencia de Musa Azar", señala, en referencia al comisario general retirado, subsecretario de Información y Comunicaciones de la provincia.

El funcionario, fanático de los animales exóticos, figura en el informe Nunca Más, elaborado por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) que funcionó durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Fue identificado por una abogada como quien la interrogó durante su secuestro y en el legajo 5392 que relata el caso de la desaparición de un ex funcionario de la Municipalidad de Termas de Río Hondo.

En la casa de Vidal la reunión transcurre con relatos del horror.Una de las mujeres lee una especie de profesión de fe de la organización: "La injusticia estructural, la represión desalmada, los privilegios políticos, la dependencia del Poder Judicial al poder político y económico, una sociedad a veces indiferente y temerosa nos arrancaron de nuestras vidas a hijos, hijas, padres, hermanos, todos ellos seres queridos".

Son palabras que parecen desubicadas en la boca de una mujer enjuta y de frágil apariencia, que parece no preparada para pronunciarlas. Y continúa: "No creemos en la Justicia, no confiamos en la policía, nos decía monseñor Gerardo Sueldo (...). Las Madres del Dolor seguiremos sosteniendo esta verdad mientras los jueces dependan del poder político, cierren los casos sin investigar, pierdan los expedientes, realicen actuaciones improcedentes, cajoneen o duerman las causas, no conozcan los lugares de los hechos. Mientras sigan en actividad en la policía torturadores y represores, torturen a personas inocentes hasta matarlas, asesinen adolescentes, no investiguen o adulteren pruebas, cobren coimas o chantajeen a la familia de las víctimas".

Cada madre, sentada alrededor de una mesa armada con una rueda de carro cubierta por un cristal, cuenta el horror que padecieron sus parientes:

• Ramón Rojas, de 24 años, fue detenido el 18 de marzo de 2000, supuestamente por cometer desórdenes, en la comisaría 8a. A la hora sus hermanas lo fueron a buscar y les dijeron que estaba muerto y que se había suicidado en su celda, aunque sus familiares observaron que tenía una perforación en la nuca.
• Sofía Rojas, de 17 años, estaba embarazada y fue baleada al salir de una fiesta.Quedó ciega y murió. Los peritajes señalaron que el arma usada era de un comisario, pero por el caso están detenidas dos mujeres que estaban en la celebración y el policía quedó desvinculado.
• Víctor Serrano transitaba con su moto por La Banda cuando chocó con un ciclista. Por la levedad de las lesiones acordaron no hacer la denuncia, pero a las horas, policías de la comisaría 13a. lo fueron a buscar a su casa. Como no aparecía, su familia fue a ver qué ocurría y su hermano lo encontró semidesnudo, tirado en el patio de la seccional, con golpes en todo el cuerpo. Fue internado, perdió el habla y quedó hemipléjico.
• Ernesto Ruiz estaba preso y denunció ante la Justicia que el director de la Cárcel de Varones Ramón Jaime, y el alcalde, Walter Sandoval, lo obligaban a distribuir drogas en el penal.

Ese mismo día fue golpeado y un año más tarde, cuando estaba por quedar libre, apareció muerto en su celda. La jueza María Luisa Cárdenas de Infante cerró la causa como suicidio por problemas con su novia.

Estos son sólo algunos testimonios de los familiares que denuncian que cada vez que marchan son hostigados por la policía y en ocasiones golpeados. Responsabilizan por ello a la falta de independencia del Poder Judicial y la ineficacia de la policía para investigar las muertes de sus familiares.

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