Cruces e insultos en el comienzo del debate para reactivar la minería en Mendoza

Mendoza comenzó a discutir la reactivación de la minería, en medio de la resistencia de ambientalistas y de nuevos escándalos entre los protagonistas del debate.

El Gobierno provincial dio su aval a la reapertura, a pesar del fallo de la Suprema Corte que declaró constitucional la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias contaminantes, como el cianuro. El avance del debate en la Legislatura se da luego de que un legislador kirchnerista presentara un proyecto para realizarle modificaciones a esa norma y permitir el desarrollo de la actividad. Asimismo, otro senador justicialista también propuso cambiar las reglas vigentes.

Sin embargo, en medio del primer día de diálogo en la Casa de las Leyes entre empresarios del sector minero y senadores, comenzaron los contrapuntos y los incidentes. Marcelo Romano, legislador del Partido Intransigente y referente de la asociación de consumidores Protectora, aseguró haber sido amenazado por el presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, Carlos Ferrer, con quien cruzó varios insultos que pueden observarse en un video. En principio, el motivo de la discusión fue la clara postura del senador mendocino en contra de los cambios y en defensa del agua, lo que llevó a un cruce con el empresario.

"Hago responsable de cualquier cosa que me suceda en mi integridad al Dr Carlos Ferrer, abogado de la Cámara Minera de Mendoza. En Comisión del Senado donde pretenden modificar la 7722 (Ley que defiende el Agua) me amenazó públicamente. Está denunciado", indicó Romano. Sin embargo, Ferrer asegura que su malestar creció cuando Romano le recordó que se bajó de su candidatura a gobernador por el partido de Rodríguez Saá tras una denuncia pública que hizo su hija, Sofía Ferrer, quien aseguró que su padre es homofóbico y golpeador.

Los proyectos de modificación de la 7.722 con autoría del senador K, Alejandro Abraham y su par peronista, Juan Agulles, ex intendente de Malargüe, seguirán analizándose en las próximas semanas en la Legislatura provincial, por lo que se espera la visita de universidades, sindicatos, municipalidades, asambleas y especialistas. En definitiva, lo que buscan estas iniciativas, que se transformarían en una a ser tratada en el recinto en noviembre, es eliminar la obligatoriedad de que la Legislatura apruebe la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Además, se establece quitar de la ley la palabra "otras sustancias similares" en la especificación de las prohibiciones de los contaminantes cianuro, ácido sulfúrico y mercurio, en los procesos mineros metalíferos de cateo o exploración, prospección, explotación y/o industrialización a través de cualquier método extractivo.

Hace unos años, la norma, sancionada en 2007, fue puesta en tela de juicio por el sector minero, por lo que llegó a estar bajo análisis del máximo tribunal provincial, que finalmente en diciembre del 2015 determinó la constitucionalidad de la ley. Con este nuevo intento de reactivación, en el sector se muestran expectante, ya que aseguran que el desempleo en la actividad está por encima del 90%.

Entre las posturas expuestas en el primer día de debate, se destacó el reclamo de Raúl Rodríguez, presidente de CAMEM (Cámara Mendocina de Empresarios Mineros), quien aseguró que desde el 2007 no se logró aprobar ningún nuevo proyecto minero, sobre todo por el uso de ciertas sustancias. "Los que son más creativos y logran pasar este punto, son rechazados en la Legislatura. La minería está sobreregulada. Ningún lugar del mundo dispone de recursos y voluntariamente no los utiliza en beneficio de la población. Nadie dice 'no vamos a hacer minería', no pasa", cuestionó el abogado.

Entre los fundamentos de los proyectos, se hace hincapié en la necesidad de ampliar el espectro de desarrollo local y de generar riquezas. "Las inversiones mineras son de capital intensivo que generan infraestructura diversa y desarrollo, son fuertes demandantes de servicios y de mano de obra de todo tipo de calificación y pagan impuestos nacionales, provinciales y regalías. Es un sector que genera divisas por exportación o por sustitución de importaciones, ayudando a equilibrar la balanza comercial del país e incrementando las magnitudes de intercambio de la provincia. Por eso se propone una actualización de la norma de forma tal que refleje los avances realizados tanto en materia legislativa como en los aspectos concernientes a las competencias del Poder Ejecutivo", indica la iniciativa.

Desde el oficialismo, el senador Diego Costarelli, titular del bloque Cambia Mendoza, aseguró que se discutirán las iniciativas en comisiones y que se les buscará dar un tratamiento de calidad, porque consideran que se trata de proyectos serios.

Frente a este escenario complejo, el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, autor de la ley antiminera 7.722 y uno de los más críticos a estos intentos de realizarle modificaciones, cargó contra el supuesto plan político y contras las empresas multinaciones por insistir con el "lobby", a través de los hombres de la Casa de las Leyes.

La misma postura han tomado reconocidos especialistas ambientales y defensores del agua. En diálogo con LA NACION el jefe comunal mostró su preocupación por lo que está ocurriendo en la Legislatura, avalado por el Ejecutivo provincial. "Es un nuevo intento por eliminar controles a la minería. Gracias a la 7.722 Mendoza no fue Jachal, con dos derrames consecutivos de cianuro al río, afectando el agua para consumo humano y el riego agrícola para la producción de alimentos. "Usan diversos argumentos para poder habilitar una discusión. Las multinacionales tienen lobistas en los poderes de turno", expresó Difonso, y agregó: "Es una ley que nos ha puesto a la vanguardia en el oeste argentino en cuanto a la protección ambiental. Varias legislaturas del país nos llamaron para sacar leyes similares. Es una legislación de la cual los mendocinos debemos estar orgullosos y cuidarla".