Cúneo Libarona fue detenido por el caso del video

El escándalo originado por el robo de un video en el juzgado de Juan José Galeano tuvo anoche un nuevo pico con la detención del abogado Mariano Cúneo Libarona.

El letrado fue trasladado a las 22.30 desde su estudio, situado en Carlos Pellegrini al 800, hasta el Departamento Central de Policía, donde quedó alojado.

Cúneo Libarona fue detenido por orden del juez federal Norberto Oyharbide, quien lo imputó de los delitos de coacción agravada y encubrimiento, por los que podría recibir una pena de hasta 10 años de prisión. También fueron arrestados Juan Pablo Vigliero, socio de Cúneo Libarona, y Julio César Ballestero, empleado del estudio.

En el video que dio pie al escándalo, el juez Galeano aparece en una ambigua conversación con el primer detenido por el atentado contra la AMIA, Carlos Telleldín.

Cúneo Libarona es el defensor del ex comisario Juan José Ribelli, procesado como partícipe necesario en el ataque contra la sede de la mutual israelita, donde murieron 86 personas, el 18 de julio de 1994.

Ribelli le entregó el video robado a Galeano el 25 de marzo último, cuando fue llevado ante el juez para ampliar su declaración indagatoria.

"Cuando tenés al juez de enemigo te asiste Dios", alcanzó a decir Cúneo Libarona mientras una pareja lo insultaba, antes de ser traslado por efectivos de la División Delitos Económicos, al mando del comisario Alberto Denis Silva.

El juez Norberto Oyharbide había dispuesto la captura antes de reunirse con los legisladores de la comisión bicameral

Los abogados Mariano Cúneo Libarona y Juan Pablo Vigliero -abogados defensores del ex comisario Juan José Ribelli, uno de los detenidos por el atentado a la AMIA- y el socio del primero, Julio César Ballestero, fueron detenidos ayer por orden del juez Norberto Oyharbide, por los presuntos delitos de coacción agravada y de encubrimiento en la causa que tramita por el hurto del video del despacho del juez Juan José Galeano.

Al cierre de esta edición, Cúneo Libarona se encontraba en el Departamento Central de Policía tras haber sido arrestado en su estudio.

El magistrado dispuso, para el viernes próximo a las 9.30, la indagatoria del ex policía por considerarlo autor principal de los mismos delitos. Ribelli fue quien entregó al juez Galeano, la semana última, una copia de la cassette sustraída insinuándole: "Esto le va a interesar".

A otro de los socios del estudio de Cúneo Libarona, un ex empleado judicial, Julio César Ballestero, también la Justicia le dictó una orden de captura ya que está imputado, como los otros abogados, de ser partícipe necesario en el hecho.

El nombre del autor material del hurto todavía no fue descubierto por la Justicia, aunque Oyharbide continúa investigando.

Estas medidas cautelares fueron dictadas por el titular del juzgado N° 5 unas horas antes de que se reuniera con la comisión bicameral de seguimiento de las investigaciones de los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel para informar sobre el curso de las investigaciones.

El diputado Juan Carlos Soria (PJ), presidente de la comisión, confirmó que este episodio había sido "una maniobra ideada para desprestigiar la figura de Galeano y retrotraer la causa de la AMIA a otras etapas judiciales inferiores".

Así fue como el cuerpo parlamentario en pleno ratificó su apoyo al desempeño de Galeano en la investigación del atentado con el coche- bomba que explotó el 18 de julio de 1994, con un saldo de 86 muertos.

Luego de su detención, los tres detenidos quedarán incomunicados y, seguramente, el juez dispondrá su declaración indagatoria.

Llegado el caso de que la Justicia los procese por estos delitos, pueden obtener penas, no excarcelables, de entre 5 y 10 años de prisión.

La reunión entre Oyharbide y los legisladores comenzó pasadas las 18. Allí el juez les comunicó la decisión que había tomado y presentó las pruebas que comprometen gravemente a Cúneo Libarona en la entrega de la cassette a Ribelli.

No solamente porque el detenido mantuvo con sus defensores una reunión reservada antes de sentarse frente a frente con Galeano, sino también porque existirían escuchas telefónicas en poder de la Justicia que lo incriminan.

"Esto nos hace presumir vehementemente que este acto ha sido provocado para coaccionar al juez", explicó el senador Raúl Galván (UCR-La Rioja).

El encuentro entre el juez y los legisladores se gestó el sábado último, cuando Galeano concurrió al Congreso para dar detalles del episodio.

Además, muchos de ellos hablaron de una organización delictiva, puesto que sustrajeron el material fílmico del mismo corazón del juzgado y de entre cientos de pruebas.

El diputado del Frepaso Carlos "Chacho" Alvarez destacó ayer la celeridad con la que se movió el juez y ponderó la desarticulación de "una maniobra política y jurídica".

Los legisladores informaron el resultado de la conversación con el juez en una conferencia de prensa en la que participaron además de Soria y Storani, los diputados Melchor Cruchaga (UCR), César Arias (PJ), Leopoldo Bravo (Frepaso), Chacho Alvarez y los senadores Raúl Galván (UCR) y José Antonio Romero Feris (Partido Autonomista Liberal de Corrientes). Las penas por coacción agravada y encubrimiento están contempladas en el Código Penal en los artículos 149, 3° y 277, inciso 2°.La primera le cabe a aquella persona que "hiciese uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad". Se considera agravada si las amenazas tuvieran como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de miembros de poderes públicos.

El encubrimiento se aplica cuando una persona "ayudara a alguien a ocultar o desaparecer rastros de pruebas o instrumentos del delito para asegurar el provecho del mismo".

De oficio: ante el doctor Bergés tramita una causa por amenazas contra Cúneo Libarona; cuando conoció la existencia del video pidió a la Cámara que se investigue las conducta que allí se aprecian.

El juez de instrucción Mariano Bergés remitió a la Cámara Federal una denuncia para que se investigue la conducta del juez Juan José Galeano y el secretario del juzgado federal N° 9, Juan De Gamas, que quedó registrada en un video que luego fue hurtado.

Fuentes judiciales explicaron a La Nación que esta es un expediente diferente al que tramita ante el doctor Norberto Oyharbide porque " el objeto procesal en este caso no es la desaparición del controvertido video, ni qué si quiso conseguir con su difusión, sino su contenido". Por ello, el magistrado que se hará cargo de la pesquisa será determinado por sorteo.

El doctor Bergés firmó el oficio que remitió a la Cámara antes de conocer el contenido del video. Fundó su petición en la obligación que tiene todo juez de denunciar los actos que llegan a su conocimiento y podrían configurar un delito.

El magistrado se enteró de la existencia de esta cinta cuando el defensor del ex comisario Juan José Ribelli, Mariano Cúneo Libarona, presentó el viernes último un escrito en su juzgado para solicitar custodia policial en el marco de una investigación por amenazas que radicó hace dos meses.

El letrado aseguró entonces que un hombre -al que dijo hoy no poder identificar-, lo intimó: "Dejá la causa de la AMIA o te vamos a hacer una cama".

En su presentación, Cúneo Libarona explicó que realizó el pedido "por la importancia y gravedad del video en el que se aprecia, entre otras graves circunstancias, se acuerda la declaración de Telleldín, a cambio de una suma de dinero que se especifica." En la polémica filmación, que dura dos horas y treinta y tres minutos, el juez Galeano y el detenido Carlos Telleldín hablan de cifras de dinero y no aluden a una recompensa concedida por un decreto presidencial sino a un libro que, supuestamente, el imputado planeaba escribir sobre el atentado a la AMIA.

La entrevista -que no quedó asentada en ningún acta- fue registra el 1° de julio del año último en el despacho que Galeano y habría sido ordenada por el magistrado.

Consultados sobre esta denuncia, no faltaron ayer quienes recordaron otra situación que enfrentó a Bergés y a Galeano.

El 20 de noviembre último, el primero libró una orden para allanar la SIDE, en busca de un legajo de un agente encubierto que había firmado unas traducciones en una causa que él instruía. Pero, cuando sus empleados se disponían a ingresar a la dependencia, Galeano le envió un oficio explicándole que esa persona trabajaba en la investigación por el atentado a la mutual israelita, por lo que su identidad no podía ser revelada. Bergés tuvo que dar marcha atrás.

Además, Matías Cúneo Libarona, el hermano menor del defensor de Ribelli, es el prosecretario del juzgado de Bergés. Hace sólo veinte días dejó el Palacio de Justicia con una licencia extraordinaria y se fue a probar suerte en la profesión.

Ayer volvió a Tribunales. Denunció ante el juez de instrucción César Quiroga, que tres personas lo "chuparon"durante una hora, a plena luz del día, para amenazarlo: "Vos sabés por qué es ésto", aseguró que repitieron mientras le mostraban sus armas.

Los fiscales Oscar Amirante y Guillermo Marijuan imputaron a los abogados Mariano Cúneo Libarona y Juan Pablo Vigliero y a Julio Ballestero, que trabaja en el estudio del primero, de haber sustraido el video del juzgado del doctor Juan José Galeano, en el que el magistrado aparece durante una conversación con el detenido Carlos Telleldín.

Ayer, los dos funcionarios presentaron una ampliación del requerimiento fiscal.Originariamente habían imputado por el hecho al ex comisario de la Policía Bonaerense Juan José Ribelli -defendido por Cúneo Libarona- y ahora extendieron las sospechas a los letrados.

Como se recordará, fue Ribelli, luego de prestar declaración indagatoria ante el juez Galeano, quien le entregó a éste una copia del video en el que se ve al magistrado conversar en términos ambiguos con el imputado Telleldín.

El juez federal Norberto Oyharbide investigó cómo se produjo la sustracción de la cinta, que estaba en una gabeta de la caja fuerte del juzgado del doctor Galeano. Además, se quiere saber cómo llegó ese video a manos de Ribelli el día que amplió su indagatoria ante Galeano.

Respecto de lo primero, un peritaje ordenado por Oyharbide permitió determinar que las puertas de juzgado no fueron violentadas, por lo cual cabe suponer que uno de sus empleados, o alguien que tenía conocimiento de la combinación de la cerradura, podría ser quien sustrajo la cinta.

Por otra parte, terminaron de declarar los suboficiales del Servicio Penitenciario Nacional que trasladaron a Ribelli desde el penal hasta el juzgado de Galeano y todos ellos coincidieron en afirmar que en ninguna de las dos requisas Ribelli llevaba consigo el video que luego entregó a Galeano.

Ayer, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) entregó al doctor Oyharbide una transcripción de las grabaciones de las escuchas telefónicas de los celulares y teléfonos de los letrados de Ribelli.

Ribelli entregó el video a Galeano el 25 de marzo último, y el 3 del actual, por orden del doctor Oyharbide, se dispusieron las escuchas.

Si bien se escucha a los letrados hablar con personas de distintos medios de comunicación para ofrecerles la entrega del cuestionado video, en ningún momento se los escucha a aquéllos pedir un precio para entregarlo.

Por Laura Zommer

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