
Demuelen a mano la cárcel de Caseros ante riesgos para el barrio
Los vecinos se opusieron a la implosión
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Demorada por un fallo judicial, la demolición de la ex cárcel de Caseros es aún un proyecto pendiente, inconcluso, que encierra una realidad preocupante: el gobierno porteño se vio obligado a comenzar con tareas preventivas para evitar cualquier tipo de riesgos, como derrumbes parciales o accidentes.
Claro que el millonario emprendimiento que planifica la ciudad para revitalizar la zona de Caseros movilizó a las autoridades a plantear nuevas estrategias que permitan acelerar los tiempos. Por esa razón, se puso en marcha la elaboración de un nuevo esquema de demolición parcial para dejar el predio limpio dentro de 18 meses, cuando se inauguren allí una escuela y un sector parquizado, posiblemente un centro comercial, y a dos cuadras la estación Caseros de la línea H de subte. Esta inversión demandará unos 120.000.000 de pesos.
Lo cierto es que la Dirección General de Obras Públicas lleva adelante tareas preventivas en la ex cárcel, a partir de la medida cautelar vigente dictada a fines de 2004, que frenó la proyectada demolición controlada. Es que los vecinos del lugar se opusieron a que la vieja prisión se tirara abajo mediante una implosión, pues temían por las consecuencias ambientales que pudiera arrojar el uso de semejante carga explosiva.
"Si bien el gobierno realizó la audiencia pública con los vecinos y presentó estudios de impacto ambiental, la Justicia aún no resolvió la cuestión de fondo. Por esa razón, comenzamos a demoler de manera mecánica algunos sectores superiores para evitar desmoronamientos parciales", dijo a LA NACION Roberto Feletti, secretario de Infraestructura y Planeamiento del gobierno porteño. Y agregó: "Además, estamos planificando la reelaboración del proyecto de demolición del edificio, que permita combinar implosiones parciales más acotadas con otras estrategias para despejar el predio de la manera más rápida. Dado que la Justicia no se expide, esto está en estudio para hacerlo un plazo cercano a los 18 meses".
Vale apuntar que al entrar en vigor la decisión judicial -en 2004, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la ciudad confirmó el fallo de primera instancia de la jueza Lidia Lago- se suspendieron todas las tareas previas a la demolición que podían comprometer aún más la estructura y se realizaron actividades tendientes a preservar las condiciones de estabilidad del edificio. Entonces, se preveía que una vez realizada la audiencia pública entre los vecinos (que se concretó el 20 de diciembre de 2004), la Justicia levantaría la medida cautelar mencionada, algo que nunca ocurrió...
"Hasta entonces se realizaron todos los trabajos previstos en el lugar, como el troquelado de tabiques de hormigón estructural que se encontraban en un alto grado de avance. Hacia fines de 2004, la actividad de obra quedó limitada sólo a tareas de limpieza, y a principios del año 2005 se adoptaron medidas de protección a fin de evitar situaciones de mayor riesgo generadas por la paralización de la obra", dijo a LA NACION Estela Di Legge, coordinadora del proyecto de demolición de la Dirección General de Obras Públicas de la ciudad.
Desde entonces, se ejecutan allí acciones de prevención que apuntan, básicamente, a reducir las cargas sobre la estructura. Por ello, se concretó la demolición mecánica del tanque de agua y los pisos superiores, que presentaban una mayor exposición al viento, debido a la doble altura y a las grandes superficies ciegas. Todo, en virtud de que el edificio se encuentra debilitado en función de las acciones practicadas e iniciadas en abril de 2004.
"Actualmente se realizan tareas preventivas coordinadas por la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), supervisadas por Centro Argentino de Ingenieros (CAI), y con el permanente monitoreo del aire a cargo de Comisión Nacional de Energía Atómica (Conae). Hacemos todo tipo de controles; incluso verificamos en el Hospital Garrahan los niveles de contaminación del aire, y está todo normal", sostuvo Di Legge.
Por lo pronto, la demolición mecánica y parcial de la ex cárcel es el único camino posible para avanzar con un proyecto que lleva años sin definición.
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