Despenalizar el aborto es ir contra los cimientos de la sociedad

El debate acerca de la despenalización del aborto no debe circunscribirse al ámbito moral, filosófico, antropológico o religioso, ya que este trasciende un debate interno íntimo transformándose así, en una cuestión de análisis sobre cuales han sido las elecciones que a lo largo de la existencia de nuestro Estado hemos tomado como sociedad políticamente organizada. En pocas palabras, despenalizar el aborto y en consecuencia, desconocer la vida misma, sería ir en contra no solo de toda la legislación vigente y los compromisos internacionales asumidos, sino que sería ir contra los cimientos propios de nuestra sociedad.

Los argumentos jurídicos son contundentes, entre ellos, el artículo 75 inciso 22 de la Carta Magna, ha otorgado jerarquía constitucional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos cuyo artículo 4° dispone que: "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente" ; en la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, Argentina formuló como Reserva que, entendemos como niño todo ser humano desde el momento de su concepción, a su vez, el artículo 6º de la mencionada Convención establece que: "Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño" ; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que: "El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente" . La legislación domestica conforma un bloque de legalidad homogéneo a la literatura internacional adoptada.

Como vemos, el plexo normativo que es la exteriorización de la voluntad social que se trasunta en la elección de las normas constitucionales y en la voluntad legislativa, deja traslucir que adhiere y protege de manera inequívoca a la vida desde el momento mismo de la concepción. En este sentido, recordemos que sin el derecho a la vida, todos los demás derechos se tornan ilusorios.

Las políticas públicas deben estar destinadas a la construcción de caminos e instrumentos que salvaguarden la vida, lo que de ningún modo implica desconocer la situación de vulnerabilidad y desamparo que sufren muchas mujeres. La firmeza de las acciones de un Estado moderno de derecho, debe estar destinada a delimitar estrategias positivas que amparen y protejan a todos y cada uno de sus ciudadanos, especialmente a los más débiles, tanto en el presente como en el futuro. La trascendencia de una Nación se debe no solo a su pasado, sino a la coherencia de sus elecciones, que hace que los valores intrínsecos sociales no sean objeto de negociación.