Detectan irregularidades en compras de medicamentos en una dirección del ex Ministerio de Desarrollo Social

“Muy turbio.” Así se referían estos días en la excartera de Desarrollo Social al funcionamiento en los últimos años de una oficina encargada de proveer medicamentos, prótesis y otros insumos médicos a personas sin cobertura y en situación de alta vulnerabilidad social. Hacía unos días que se había filtrado un proyecto de resolución interna que puso en alerta a pacientes y asociaciones que los nuclean.

A partir de una investigación interna de cómo la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) seleccionaba a los proveedores y compraba, el equipo de la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano determinó que 2300 pedidos de pacientes estaban sin respuesta desde la gestión anterior. Y las compras se hacían a través de una cadena de correos electrónicos sin validar de cuentas de gmail o hotmail. Por algunos nombres, corresponderían a droguerías o laboratorios.

Son montos en cientos de millones de pesos, incluidas cotizaciones en dólares, que el Estado abonaba por un circuito exprés amparado en la urgencia. Por las demoras detectadas, no era más ágil que la compra directa regular para asistir casos de emergencia.

Las “irregularidades graves” que se investigan desde diciembre pasado están en la contratación y el pago a los proveedores. Por los datos relevados en oficinas de Bernardo de Irigoyen 272, no se puede precisar a quién se le estaba pagando o si el precio informado por correos electrónicos sin identificación clara correspondía a valores reales o había sobreprecios, entre las faltas por las que se abrieron sumarios administrativos.

A partir de estos resultados y los informes de auditoría interna de 2019 y 2022, el área legal de Capital Humano presentó una denuncia penal por defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público que abarca desde 2016, cuando se implementó un procedimiento de compra exprés por urgencia para reemplazar un sistema de compras de facto, hasta el 10 de diciembre de 2023. Esa presentación recayó en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 11.

En paralelo, avanza el traspaso de la Dadse de vuelta al Ministerio de Salud de la Nación, algo que también reclamaban las asociaciones de pacientes. “Es cuestión de días”, indicaron oficialmente ante la consulta. También está pendiente la designación de un funcionario a cargo.

En diálogo con asociaciones de pacientes dentro de la red Unidos por el Cáncer, hay preocupación por la probable suspensión de esa asistencia o la entrega de medicamentos a los pacientes que no pueden acceder de otra manera. El temor surge de versiones cruzadas luego de que se filtrara el texto de un proyecto de resolución que suspendía el proceso de compra exprés e instruía al personal de la Dadse a seguir haciendo las compras de los remedios bajo las normas que funciona el resto del Estado.

Federico Ferrari, asesor letrado de Movimiento Ayuda Cáncer de Mama (Macma), refirió que a los pacientes que están tratando de presentar su solicitud en la sede de Rivadavia al 800, le toman la documentación, pero les dicen que no le pueden proveer el medicamento porque están sin presupuesto. María Alejandra Iglesias, presidenta de la Asociación Civil Sostén y coordinadora de Unidos por el Cáncer, comentó que desde la semana pasada están recibiendo llamados de pacientes porque no estaban atendiendo. Este miércoles, la representación gremial de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) en Capital Humano comunicó que la Dadse había reabierto sus puertas. Fue ese gremio el que denunció, también, que la dependencia había dejado de atender.

“Hace por lo menos un mes que pacientes nos están consultando porque no estaban avanzando sus trámites para conseguir medicamentos”, mencionó, también, Iglesias. “Esas medicaciones las tendría que incluir el Ministerio de Salud en su listado del banco nacional de drogas, que complementa [en la provisión] a los bancos provinciales. Las compras que hace la Dadse son más caras porque compra de manera individual, para cada paciente –continuó–. Mientras auditan e investigan para resolver la situación, no puede suspenderse la entrega a pacientes adultos y pediátricos. Las personas llegan a la Dadse cuando tienen la negativa a su pedido en el banco de drogas de su provincia y en el banco nacional. Ahí es cuando pasan a solicitar la provisión a lo que antes era Desarrollo Social.”

Entre 2020 y 2022, como publicó LA NACIÓN, el banco nacional de drogas oncológicas, que depende del Ministerio de Salud, rechazó 15.458 solicitudes de pacientes sin recursos o con cobertura pública.

Fuentes oficiales respondieron que la Dadse cuenta con los fondos para dar respuesta a las solicitudes porque se prorrogó el presupuesto nacional. “No se pararon los ingresos de pedidos, se siguen otorgando los subsidios para los medicamentos y otros insumos médicos, pero por un procedimiento claro de compra”, aclararon, por su parte, desde el Ministerio de Capital Humano.

“Para los pacientes, nada cambia”, siguieron, a partir de la resolución que finalmente se publicó con la firma de Pablo de la Torre, secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Esa área concentró funciones del exministerio que conducía Victoria Tolosa Paz.

“La Dadse es el ultimísimo recurso para pacientes con cáncer que no debería existir”, explicó Edith Grynszpancholc, presidenta de la Fundación Natali Dafne Flexer. “Los obligados a proveer medicación son los bancos de drogas (nacional y provinciales) y, en algunos, casos los gobiernos y los municipios donde vive el paciente. Llegar a necesitar ir a la Dadse es consecuencia de incumplimientos por parte de quienes tienen la responsabilidad de cubrir esa necesidad -dijo-. De hecho, para iniciar el trámite se les requiere a las familias reunir todas las negativas de los responsables. Esto genera un estrés y demoras a un paciente que necesita su medicación en forma inmediata. Tampoco la Dadse responde porque incurre en nuevas demoras e incumplimientos.”

Grynszpancholc, referente internacional en acceso a la medicación, sostuvo que todo medicamento oncológico de un protocolo de tratamiento aprobado por el Instituto Nacional del Cáncer o la comunidad científica debe estar disponible en los bancos de drogas. “No hay justificativo para que no sea así”, sentenció.

La Dadse administró el año pasado un presupuesto de poco más de $37.000 millones, que se prorrogó para 2024 en un crédito de $37.985.218.890. Los expedientes incluyen solicitudes de fármacos para cáncer y otras enfermedades que demandan productos de alto costo, como las consideradas poco frecuentes. Hay solicitudes de prótesis y otros productos para cirugías.

El procedimiento de compra implementado en 2016 para subsanar las irregularidades en la adquisición de insumos hasta ese momento terminó, de acuerdo con la denuncia presentada, en un mecanismo que arrancaba con el envío de un correo a una lista de contactos desde urgentedadse@desarrollosocial.gob.ar.

“La selección de los proveedores de la Dadse a los efectos de que el Estado argentino adquiera medicamentos por miles de millones de pesos, se realiza vía e-mails (correos electrónicos simples y comunes, no encriptados, sin sobre cerrado ni seguridad) a una cadena de usuarios que no se actualiza periódicamente ni se certifica su titularidad –detalla la denuncia–. Una vez recibidos dichos e-mails, ciertos supuestos proveedores remiten presupuestos informales sin firma ni rigorismo alguno y es, en virtud de tales presupuestos, que la administración correspondiente, siguiendo la disposición dictada en 2016, selecciona antojadizamente al proveedor al que comprarle los costosísimos medicamentos (sin siquiera un cuadro comparativo como exige dicha norma, por ejemplo”.

En 2019 y 2022, la Unidad de Auditoría Interna advirtió que ese procedimiento se apartaba de las normas de compra para la administración pública nacional. “Se seleccionaban medicamentos de alto costo con presupuestos informales y el procedimiento tampoco era tan rápido porque pasaban dos o tres semanas para que un paciente pudiera recibir el medicamento o el insumo que necesitaba. Así que se podría haber hecho por contratación directa por urgencia, de manera transparente, a través del sistema oficial ComprAR”, explicaron funcionarios con acceso a esas auditorías, con reserva de sus nombres. La gestión de Alberto Fernández mantuvo “un procedimiento que no era seguro, rápido ni transparente”, a pesar de los informes que señalaban desvíos.

En esas condiciones se estaban adquiriendo medicamentos por cientos de millones de pesos, con cotizaciones en dólares, para pacientes con distintos tipos de cáncer, lupus, sífilis, hipertensión pulmonar, hemofilia, hemoglobinuria paroxística nocturna, entre muchos más. Pero la mayoría eran oncológicos y para enfermedades graves de la sangre o genéticas, de acuerdo con médicos que intervinieron en el relevamiento.

Entre los montos que se siguen auditando, en seis expedientes se abonaron sin precios de referencia $632 millones. “Había 2300 casos en los que no se habían hecho las compras. No sabemos cuándo ingresaron los pedidos de esos pacientes ni cómo lo hicieron o si los precios que se pagaban siempre a los mismos proveedores eran los que correspondían o no. Los expedientes están informatizados, pero las compras se hacían a través de direcciones de correo, en algunos casos que tenían seis años de constituidas, pero no estaban validadas”, finalizaron.

En 2020, la designación de Claudia Mori al frente de la Dadse es la última hallada en el Boletín Oficial. El área dependía de la Dirección Nacional de Asistencia Directa Compensatoria, que a la vez reportaba a la Subsecretaría de Asistencia Crítica dentro de la Secretaría de Articulación de Política Social en el exministerio de Desarrollo Social. Al preguntar en esa cartera o las asociaciones de pacientes quién estaba al frente hasta diciembre pasado, no hay quien recuerde.

Por Fabiola Czubaj

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