Detuvieron a dos argentinos por dañar y defecar en las ruinas de Machu Picchu

LIMA (AFP).- Cinco de los seis turistas extranjeros detenidos por las autoridades peruanas el domingo por dañar la ciudadela inca de Machu Picchu serán deportados y el otro irá a juicio por tratar de extraer una piedra.

Las autoridades detuvieron a los argentinos Nahuel Gómez, de 28 años, y Leandro Sactiva, de 32; a la francesa Marion Lucie Martínez, de 26; el chileno Favián Eduardo Vera, de 30, y los brasileños Cristiano Da Silva Ribeiro, de 30, y Magdalena Abril, de 20.

Uno de los turistas argentinos confesó a las autoridades haber extraído una piedra de un muro de la ciudadela que al caer desde una altura de "seis metros" provocó una "hendidura en el piso" del Templo del Sol, informó la policía.

Está previsto que Gómez, que permanece detenido en la comisaría de Machu Picchu, comparezca en una audiencia judicial previa. La ley peruana establece penas de, al menos, cuatro años para el que atente contra el patrimonio cultural.

Las autoridades llevaron a los otros cinco detenidos a la Unidad de Seguridad del Estado de Cusco, a 80 kilómetros de Machu Picchu, donde la autoridades migratorias y al poder judicial decidirán qué proceso siguen. Un portavoz de la policía de Cusco aseguró a la agencia AFP que los cinco detenidos serán deportados, aunque sin precisar cuándo.

Según las autoridades, los seis turistas ingresaron el sábado a la ciudadela y se ocultaron para quedarse durante la noche en su interior, una actividad que está prohibida. Los seis turistas detenidos supuestamente entraron a zonas restringidas de la ciudadela y dañaron el famoso Templo del Sol, construido con bloques de granito hace unos seis siglos. Parte de la construcción tiene el acceso prohibido para favorecer su conservación.

• El hecho: Uno de los turistas argentinos habría extraído una piedra de un muro del Templo del Sol y la habría dejado caer desde una altura de seis metros. El impacto habría provocado una hendidura en el piso de la construcción
• La pena: La ley peruana establece penas de, al menos, cuatro años para el que atente contra el patrimonio cultural