Dictan sentencia a una jueza enfrentada con Rodríguez Saa

SAN LUIS.- Se conocerá hoy en esta capital la sentencia del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados que juzgó a la doctora Adriana Gallo de Ellard, jueza civil de la localidad de Villa Mercedes por mal desempeño de sus funciones.

Con un jury mal conformado y acusada de errores procedimentales sin entidad, Gallo de Ellard es la primera de una lista de magistrados que se enfrentarán a juicio político por haberse atrevido a desafiar al Poder Ejecutivo local.

Al igual que muchos de sus colegas, Ellard de Gallo se negó a desistir de los juicios que había entablado contra el gobierno provincial, en cabezado por Alberto Rodríguez Saa.

Otros magistrados, en cambio, claudicaron al juicio iniciado a pesar de haber obtenido sentencias favorables a su reclamo en primera y segunda instancia.

La ley de la discordia

La historia comenzó a principios de 1987, cuando sesionaba en La Casa de la Cultura la Convención Reformadora de la Constitución, que eliminó el obstáculo legal que impedía la reelección del gobernador Rodríguez Saa, apremiado por los tiempos electorales.

Pero la nueva Carta Magna también contempló instituciones para la designación y remoción de jueces que fueron una verdadera avanzada en la Nación: se crearon el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Durante algunos años el sistema funcionó aceptablemente, hasta que el Poder Ejecutivo comenzó a avanzar sobre él.

Las iras de Rodríguez Saá parecieron desatarse cuando a comienzos de 1996 alrededor del 90 por ciento de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial interpusieron acción de amparo contra una ley.

La disposición violaba abiertamente la intangibilidad de los salarios de los jueces, de expresa consagración constitucional, y reducía sus haberes en una proporción que en algunos casos llegaba hasta un 40 por ciento.

Pero si bien los jueces habían estado donando parte de su remuneración en una escala que llegaba hasta el 15 por ciento, según su jerarquía, no toleraron la nueva disminución.

En los primeros días de octubre de 1996, todo el poder de los Rodríguez Saá se arrojó contra el Poder Judicial. El agravio constante y sistemático que se prolongó durante meses provocó la renuncia de cuatro de los cinco miembros del Superior Tribunal.

Entonces fue nombrado como presidente del máximo tribunal un abogado controvertido, el doctor Carlos José Antonio Sergnese, quien todavía ocupa el cargo.

Para dotar a Sergnese de los medios necesarios para proceder a la remoción de magistrados y funcionarios no gratos al gobierno, el Ejecutivo logró que se sancionaran una serie de leyes que han sido cuestionadas por su inconstitucionalidad.

Así, una de ellas, le permitió dejar cesante sin sumario, sin causa administrativa de ninguna especie y sin ningún tipo de indemnización a nueve secretarios de primera instancia.

Para posibilitar la "limpieza de los jueces", se promulgaron leyes que convirtieron en letra muerta a las disposiciones del nuevo texto constitucional relativas al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento.

Así, por ejemplo, el Jurado de Enjuiciamiento, cuyos miembros abogados se elegían entre la totalidad de sus pares ahora son seleccionados únicamente entre los que han sido designados conjueces, función que el Ejecutivo reserva para sí. Y si bien es requisito legal el acuerdo del Senado provincial, ese cuerpo le responde íntegramente y no representa traba alguna.

En otras palabras, los abogados que integran el Jurado de Enjuiciamiento son elegidos entre el grupo que dispone Rodríguez Saá.

Parecida situación ocurre con los jueces que ahora también deben ser elegidos entre los conjueces, designados, como se ha dicho, por el propio gobernador.

Es en este contexto que se ha realizado el juicio de la doctora Gallo de Ellard por causas que, según los entendidos, son absolutamente inconsistentes para provocar su destitución.