Disputa política por el dinero de los bingos

El bingo Golden Jack de Quilmes tiene máquinas de ruleta, de black jack y de carreras electrónicas de caballos, además de tragamonedas tradicionales. Tiene pisos alfombrados, un regio bar-restaurante, poca luz y mucho humo de cigarrillo.

En medio de la crisis funciona a sala llena. Entre los flashes multicolores que disparan las máquinas, el murmullo de cientos de apostadores se mezcla con el tañido de campanitas, el repiqueteo de monedas y el sonido de la bola de ruleta.

Si no fuera porque en el primer piso funciona una sala de bingo, el Golden Jack podría confundirse con un casino de Atlantic City.

En la provincia de Buenos Aires funcionan 43 bingos con máquinas de juego. En conjunto, recaudan más de 400 millones de pesos por año, pero solamente tributan alrededor de 25 millones.

Además de pagar un canon ínfimo, los bingos casi no tienen competencia: sólo ellos y los casinos del Tigre y Mar del Plata están autorizados a operar máquinas de juego en la provincia.

La situación ventajosa de los bingos bonaerenses es tan evidente como el apetito recaudatorio de los políticos que garantizan sus privilegios. "Es evidente que alguien se está beneficiando de esta enorme caja negra. Sería un ingenuo en pensar que el Estado fomenta su propio desfalco, sin que se ampare esta situación desde los sectores de poder," dijo a LA NACION el diputado provincial Juan Pedro Tunessi (UCR- Bahía Blanca), presidente de la comisión bicameral que investigó el negocio del juego hace dos años.

Es tan grande el margen de ganancia de los bingos que hace dos meses el gobernador de la provincia, Felipe Solá, propuso un impuesto del 34% a las máquinas tragamonedas y la cámara de operadores de bingos aceptó encantada.

Pero la iniciativa de Solá se estancó en la Legislatura y ahora la Suprema Corte provincial amenaza con clausurar las máquinas si no se aprueba una ley que regule la actividad.

"Hemos cortado una fuente espuria de financiamiento político y estamos pagando el costo", dijo Rafael Magnanini, director del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLC).

"No sé si comen de la caja del juego, pero debo decir que los referentes de mi partido a nivel provincial no me han apoyado en este tema", dijo Tunessi. El bloque justicialista ni siquiera integró la comisión.

Según el llamado informe Tunessi de la comisión bicameral, los problemas empezaron en 1993, cuando el entonces gobernador y ahora presidente, Eduardo Duhalde, le concedió a la empresa Boldt, por adjudicación directa, la licencia para operar los sistemas informáticos de los juegos que se procesan en las agencias de lotería.

Por ese servicio, Boldt cobra más del 6% de la recaudación, mientras el precio internacional sería de menos del 0,5%.

Después, según el informe Tunessi, Boldt recibió por adjudicación directa la concesión del Casino del Tigre, en sociedad con el grupo Soldati, negocio que incluyó la compra de terrenos y obras de infraestructura. Boldt también obtuvo la concesión directa para operar máquinas de juego en el casino de Mar del Plata y anexos.

Después, según el informe, el IPCL firmó la resolución 407/98, que permitía la colocación de cierto tipo de máquinas de juego en los bingos. La empresa Boldt tenía un contrato de exclusividad con la provincia para operar ese tipo de máquinas, señaló el informe.

Entonces, los operadores de bingos presionaron para entrar en el negocio y lograron la resolución 2588/98 del IPLC, que le permitió a los bingos instalar sus propias máquinas de juego. Así nacieron los casinos electrónicos.

Boldt es una empresa de la familia Tabanelli que cotiza en Bolsa y que empezó como una imprenta de seguridad dedicada a la confección de billetes de lotería.

Hoy se especializa en distintos productos vinculados con el juego y tiene contratos en varias provincias. LA NACION solicitó una entrevista con el ingeniero Antonio Eduardo Tabanelli hijo, director de la empresa, pero éste declinó.

Sin embargo, una fuente de Boldt defendió los contratos: "durante los años 90, gracias a Boldt, la provincia multiplicó por 10 su recaudación por el juego. Además, los contratos pasaron por los organismos de control, que en la provincia están en manos de la oposición".

El director del IPLC que firmó los contratos con Boldt, Jorge Omar Rossi, fue nombrado por Duhalde al principio de su gestión, en marzo de 1992, y permaneció casi 10 años en el puesto, incluyendo las primeras semanas de la gestión de Carlos Ruckauf. Pero debió renunciar cuando se difundió el contenido del informe Tunessi.

Rossi fue reemplazado por Carlos Pérez Bello, un hombre muy allegado a la empresa Ciccone Calcográfica, competidora de Boldt. Ruckauf le entregó a Ciccone por concesión directa la impresión de los patacones.

Según coinciden los operadores, durante la gestión de Ruckauf los bingos-casinos alcanzaron su apogeo, al punto que el secretario general de la gobernación, Esteban Caselli, pasó a manejar directamente la relación con los empresarios de los bingos.

Según fuentes confiables, Ciccone intentó desplazar a Boldt de varios negocios de juego en la provincia, incluyendo el de las apuestas on line, que Duhalde le había extendido a Boldt hasta el año 2009. Pero no tuvo éxito y seis meses más tarde Gustavo Costa, cercano a Boldt, reemplazó a Pérez Bello, el funcionario cercano a Ciccone, en la dirección del IPLC.

Cuando Duhalde asumió la presidencia de la Nacion en enero último, nombró a Ruckauf canciller y a Rossi presidente de la Lotería Nacional. Pero Rossi renunció pocas semanas después por los cuestionamientos que había generado durante su gestión en la provincia.

Mientras tanto, en la provincia asumió la gobernación Solá, que reemplazó a Costa en el IPLC con Magnanini, un hombre de campo ajeno al ambiente del juego.

Solá impulsó el proyecto de ley para cobrarle un impuesto del 34% a las máquinas de los bingos. En los números, para la provincia, esto significaría un aumento de recaudación de 120 millones de pesos, como mínimo.

"Si yo consigo que se apruebe esta ley, voy a hacer un fondo específico; es decir, la plata que se recaude allí va a ir directamente a las becas para la educación polimodal", prometió Solá al presentar el proyecto el 13 de febrero último.

Pero la Legislatura bonaerense no demostró demasiado interés en votar la norma. Es más, el año último la misma Legislatura aprobó otra ley que suspendía el permiso de los bingos para operar las máquinas tragamonedas. La suspensión nunca entró en vigor porque los empleados de los bingos presentaron recursos de amparo para proteger sus 6000 puestos de trabajo.

Ahora los legisladores dicen que van a aprobar la ley de bingos, mientras Solá amenaza con un decreto de necesidad y urgencia si los senadores y diputados demoran el tratamiento del proyecto. Por lo bajo, los operadores de bingos se quejan de que ciertos intermediarios exigen un "peaje" millonario para que salga la ley. Claro que esto nadie lo puede demostrar.

Los dueños de los bingos tienen otro frente de tormenta: las agencias hípicas también quieren máquinas de juego (ver aparte).

Fútbol y política

Pero hasta ahora se impone el lobby de los bingos y sus "entidades benéficas" asociadas, que incluyen a los clubes de fútbol de Banfield, Los Andes, Almirante Brown y Temperley, cuyas barras forman la columna vertebral del aparato duhaldista en la provincia.

Por ejemplo, el bingo de Lomas de Zamora, propiedad del poderoso grupo Codere de España, le aporta 120.000 pesos por mes al club Banfield. Codere maneja siete bingos en la provincia y participa en otros ocho.

Los bingos, por si hace falta aclararlo, se adjudicaron sin proceso de licitación. El Golden Jack, por ejemplo, se adjudicó a un grupo de empresarios quilmeños durante la intendencia de Aníbal Fernández, actual secretario general de la Presidencia de la Nación.

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