Echaron al enfermero que falsificó más de 800 test de Covid durante la pandemia, en Mendoza

Este jueves se oficializó el despido de un enfermero mendocino Matías Damián Alvarado, de 37 años, que durante la pandemia de coronavirus falsificó y vendió más de 800 certificados de Covid negativos a quienes querían viajar al exterior por lo que fue condenado a prisión. Si bien ya había sido desligado de la institución el año pasado, esta semana se publicó la resolución en el Boletín Oficial de Mendoza.

Alvarado trabajaba en el hospital Lagomaggiore de esa provincia como enfermero y aprovechaba su condición y acceso a las planillas para cometer el ilícito.

Este jueves, el decreto 2.193, que lleva la firma del gobernador Rodolfo Suarez, explica que la cesantía de Alvarado se debe a que su conducta se encuadra “dentro de las causales” previstas por la ley para echarlo, si bien la medida se había tomado hace más de un año, informó Diario Uno.

La investigación comenzó a mediados de diciembre de 2021, cuando en una conversación telefónica una persona le decía a otra que necesitaba hacerse un test para un trámite personal y esta le contó que conocía a alguien que los hacia “más baratos”.

Al poco tiempo, se comprobó que el hombre cargaba los resultados siempre negativos en el Sistema Integrado de Información Sanitaria (SISA) sin tener esa función, dado que no es bioquímico y así descubrieron el fraude.

El sospechoso accedió a un proceso abreviado y pactó la pena con el fiscal Juan Manuel Sánchez de 3 años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación para ejercer la medicina.

El hombre aseguró que cobró casi $2,5 millones en total por los cerca de 839 falsos test, en momentos en los que la pandemia se encontraba en uno de sus mayores picos en el país y en el mundo. Además, muchos de los pacientes pedían los test para viajar al exterior cuando el certificado de Covid negativo (PCR) era obligatorio para viajar.

Entonces, las autoridades chilenas llegaron a cuestionar duramente a las argentinas porque aseguraban que desde Mendoza llegaban viajeros cuyos análisis eran claramente apócrifos.

Debido al tiempo que llevaba detenido y a que no era reincidente, la jueza Dolores Ramón le otorgó la libertad condicional.

Su novia, Yamila Solange Herrera Olmos, de 29 años, también estaba vinculada al fraude ya que ella cobraba por ese entonces $3.000 por realizar la operación.

Según la ley, y como explicaron a LA NACION, quien falsificase un PCR, podría caberle la aplicación del artículo 292 del Código Penal que indica que “el que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, si se tratare de un instrumento público”.

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