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El crimen carioca usa armamento argentino
Piden al Gobierno una investigación
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Balas disparadas con armas argentinas matan en los morros cariocas. Fusiles y ametralladoras con el escudo argentino estampado sobre el metal causan bajas en las favelas de Río de Janeiro. Granadas construidas para ser usadas en guerras hacen sentir su poder de destrucción en lo alto de la bahía de Guanabara, no en manos de militares, sino de bandas vinculadas con el narcotráfico y el crimen organizado.
Más de 300 fusiles FAL y subametralladoras FMK3, PAM-1 y PAM-2, salidas de las matrices de Fabricaciones Militares y, según las leyes argentinas, de uso exclusivo para las fuerzas armadas y de seguridad, fueron incautadas por la policía de Río de Janeiro desde 1993 hasta el año pasado. Y en lo que va de 2002, 103 granadas de ataque FMK2 fueron recuperadas por las autoridades de manos de organizaciones criminales cariocas.
La gobernadora del Estado de Río de Janeiro, Benedita da Silva, entregó a un representante del Consulado General argentino en Río un listado de 3145 armas de todo tipo y calibre, de origen argentino, incautadas por la policía carioca en los últimos 50 años. De ellas, 417 salieron de la fábrica de armas estatal y aparecen en manos del hampa brasileño desde 1987, aunque con mayor notoriedad desde 1993.
Dos organizaciones no gubernamentales (ONG) que bregan por el control de armas y el desarme ciudadano -la carioca Viva Río y Espacios, de Mendoza- pidieron al Congreso y al gobierno argentinos que se investigara cómo llegó ese armamento a Brasil y que, de corresponder, se determinen responsabilidades y se sancione a los eventuales culpables del tráfico.
El investigador argentino Pablo Dreyfus, de Viva Río -analizó el origen de las armas ilegales por pedido de la Secretaría de Seguridad Pública de Río de Janeiro-, dijo a LA NACION que el gobierno carioca está muy preocupado por el contrabando de armas a Brasil y que, en caso de que en esta instancia no haya explicaciones satisfactorias, pediría formalmente al Estado argentino una investigación del tráfico consumado y medidas para frenar el flujo ilegal de arsenales.
La primera de las comunicaciones oficiales ya llegó a la Argentina. La Subsecretaría de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Río de Janeiro envió a la senadora aliancista Diana Conti, el 5 del actual, una minuta en la que pide su intermediación para solicitar al gobierno argentino el comienzo de una investigación que permita esclarecer cómo llegaron a los morros cariocas 238 granadas militares de ataque FMK2 desde 1995 hasta septiembre de este año.
La senadora dijo a LA NACION que hoy enviará un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre este tema. Será, explicó Conti, la segunda solicitud que remite al Gobierno por la cuestión de las armas incautadas por la policía de Río. En el primero, a principios de octubre, la referencia se ceñía exclusivamente a las armas largas de uso militar y policial aparecidas en las favelas cariocas. Hasta el viernes último, aseguró la legisladora, no había recibido respuesta.
Cuando en julio último entregó a las autoridades consulares argentinas y de otros doce países cuyas fábricas produjeron armamentos incautados en Río de Janeiro los detalles del análisis hecho a pedido suyo por Viva Rio, la gobernadora Da Silva pidió formalmente una mayor colaboración internacional para el rastreo de las rutas que las armas siguieron hasta llegar a manos de delincuentes y narcotraficantes en las calles y las favelas cariocas.
Viva Rio y Espacios entregaron durante octubre último sendos informes y listas de armas a las comisiones de Seguridad Interior y de Defensa de Diputados y del Senado, y al ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos argentino, Juan José Alvarez, en representación del gobierno nacional.
El diputado radical cordobés Fernando Montoya y el senador de la UCR por Córdoba Rubén Martí dijeron a Dreyfus y a Gabriel Conte (subsecretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad de Mendoza, representante de Espacios e impulsor, en esa provincia, del plan de canje de armas) que estudiarían los antecedentes y, de surgir elementos suficientes, pedirán al Poder Ejecutivo que inicie una investigación.
Frenar la violencia
Dreyfus, investigador de campo para Viva Rio en cuestiones de armamento, dijo a LA NACION que para el gobierno carioca frenar la violencia que, principalmente, baja de las favelas a las zonas urbanas de la ciudad es su principal objetivo.
En ese sentido, explicó, las autoridades de Río buscan cortar el flujo de armas ilegales que caen en manos del crimen organizado. Y para eso creen necesario que la Argentina controle sus fronteras para evitar el tráfico ilegal del arsenales.
En Río sostienen que si bien el 85 por ciento de las armas confiscadas allí fue fabricado por el sector privado -que vende a civiles y exporta legalmente-, el 15 por ciento restante fue producido por una empresa del Estado, por lo que el gobierno argentino debería poder establecer los sucesivos destinos de esas armas salidas de la otrora fábrica militar.
Dreyfus sostuvo que las condiciones de pobreza y desempleo en Río hicieron que muchos cariocas se volcaran al delito como una forma de vida. Y al respecto aseguró que los narcotraficantes, convertidos en verdaderos reyes de las favelas, controlan vastos territorios en los morros, donde imponen sus condiciones, y "reclutan" mano de obra para sus actividades criminales.
"Río es hoy un reflejo de lo que puede pasar con Buenos Aires en sólo cinco años, con la ilegalidad convertida en una alternativa de vida para los excluidos. Para evitar el círculo vicioso favela (o villas, en la versión argentina)-actividad criminal-tráfico es necesario un férreo control. Y si pensamos que armas argentinas fueron desviadas a mercados ilegales en el exterior, es válido pensar que ocurre lo mismo, y en mayor escala aun, en el mercado negro interno", concluyó Dreyfus.
De hecho, y tras las explicaciones de Viva Rio y Espacios (organizadora del plan de canje de armas en Mendoza, y reconocida por la ONU por esa tarea), los diputados nacionales Margarita Stolbizer y Carlos Iparraguirre (ambos radicales) pidieron al Gobierno que responda sobre la responsabilidad en el control de la transferencia ilegal de armas.
Es que el pedido de aquellas organizaciones se conoció semanas después de que un suboficial que trabajó en la Dirección de Arsenales del Ejército argentino fue detenido, luego de que una investigación periodística -con el aval de la Justicia- mostró cómo vendía armas cortas y hasta fusiles a los delincuentes locales. El sargento ayudante Tomás Núñez fijó en 10.000 pesos el precio de cada FAL.
Los detalles
Las granadas: el Estado de Río de Janeiro envió oficialmente una nota a la senadora Diana Conti para que reclamara al gobierno argentino una respuesta por la aparición de 238 granadas en manos de criminales.
Armas largas: las organizaciones pro desarme Viva Rio (Brasil) y Espacios (Mendoza) presentaron sendos pedidos de informes por el tráfico de 310 armas de uso exclusivo para fuerzas armadas y policiales a las comisiones de Seguridad Interior y Defensa de la Cámara de Diputados y del Senado. Enviaron el mismo pedido al ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Juan José Alvarez.
Respuestas: hasta ahora, el Gobierno no respondió oficialmente por el tema de las armas. El Ejército afirmó que el material en cuestión no era suyo (ver aparte).
Sospecha: Brasil cree que el tráfico pudo haberse hecho vía Paraguay, aunque no se sabe si desde la Argentina u otro país.
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