El hospital de Necochea recibió $3.000.000 provenientes de procesados por violar la cuarentena

MAR DEL PLATA.– La Asociación Cooperadora del Hospital Municipal Juan Ferreyra de Necochea recibió más de $3.000.000 depositados por la Justicia Federal, fondos que en su mayoría corresponden a lo recaudado en causas avanzadas por delitos vinculados a incumplimientos de restricciones por la pandemia, en las que se llegaron a instancias de acuerdo con los imputados.

El dinero fue transferido desde el Juzgado Federal N° 1 de Necochea, a cargo del Bernardo Bibel, donde se tramitan las investigaciones por delitos de violación de medidas sanitarias que rigen desde fines de marzo del año pasado, cuando el gobierno nacional dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en todo el país.

Fuentes judiciales confirmaron a LA NACION que no todo el dinero remitido al hospital, aunque sí un porcentaje mayoritario, corresponde a causas correspondientes a incumplimientos de los artículos 205 y 239 del Código Penal, que contemplan delitos contra la salud pública y también la propagación de enfermedades.

En números

Necochea vive un nuevo momento crítico para su sistema sanitario, con un pico de 2033 pacientes en tratamiento por coronavirus, 100% de ocupación en camas de terapia intensiva y ocho pacientes conectados a equipos de asistencia mecánica respiratoria, según datos difundidos el lunes por la Secretaría de Salud local. En la Sala General Covid la demanda ronda el 78%, con 9 camas para cuadros críticos y 36 para generales.

Estas sumas monetarias aparecen como la reparación que asume cada uno de los procesados frente al delito cometido. Les permite, antes de llegar a una sentencia, alcanzar un acuerdo con la justicia y compensar con un aporte material. En este caso, con dinero en efectivo.

Desde la comuna informaron que los $3.000.000 serán destinados “a la atención de los necochenses, especialmente cubrir los gastos que el municipio debe afrontar en este tiempo de grave crisis epidemiológica”.

Win-win

Para el sistema judicial, según se aclaró, este tipo de acuerdos también resulta un paso a favor, ya que reduce los trámites y los plazos procesales de causas que demandarían tiempo y costos hasta llegar a instancias de juicio.

El criterio aplicado por este juzgado federal en particular es que en decenas de expedientes en trámite queda abierta la posibilidad para que el Ministerio Público Fiscal acuerde un convenio en relación a la suspensión del juicio a prueba y extinción de la acción penal con sumas de dinero como reparación del daño ocasionado.

Como se dijo, esos fondos no siempre provienen de encausados por delitos contra la salud pública, sino también por procesos sin relación alguna con la pandemia, más allá de que la sanción económica se destine a sostener el sistema sanitario local y a combatir el coronavirus.