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Alerta Súper Niño: los municipios más expuestos de la zona norte del conurbano se ponen en guardia ante posibles inundaciones
Especialistas y funcionarios coordinan obras, protocolos y sistemas de alerta para una de las regiones con mayor vulnerabilidad frente a lluvias intensas
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Es una certeza que el fenómeno de El Niño está en desarrollo y que, más temprano que tarde, impactará sobre el territorio argentino, aunque todavía resulta difícil determinar dónde, cuándo y de qué manera afectará al país. A pesar de ello, las alarmas ya se encendieron tanto en la sociedad civil como en las esferas de gestión pública. En redes sociales y entre vecinos, habitantes de la zona norte del conurbano bonaerense comenzaron a preguntarse qué tan seguros están frente a un fenómeno de estas características.
Desde el ámbito gubernamental, los municipios reconocen el riesgo potencial y ya pusieron en marcha medidas preventivas. En particular, las administraciones de Tigre, San Isidro y San Fernando señalaron que avanzan con tareas de mantenimiento de la infraestructura hidráulica y de fortalecimiento de los sistemas de respuesta ante emergencias.
El miércoles pasado, el intendente de Tigre, Julio Zamora (Somos Buenos Aires), publicó en las redes sociales oficiales del municipio un comunicado sobre la posible llegada de un “Súper El Niño” y las acciones preventivas que se están llevando adelante. “Sabemos que nuestro municipio es especialmente vulnerable a crecidas e inundaciones”, advirtió.
En las últimas semanas, Zamora informó que se realizaron tareas de limpieza de arroyos y desagües, se reforzó el equipamiento de los cuarteles de bomberos y se actualizaron los protocolos de emergencia para agilizar la respuesta ante eventuales inundaciones. Desde la municipalidad sostienen que cuentan con una estructura preparada para actuar frente a contingencias de este tipo.
En la misma línea, San Isidro informó a este medio que está ejecutando un plan hidráulico que contempla la ampliación de la red pluvial, el mantenimiento de dos estaciones de bomberos y la intervención de otras cinco, además de la limpieza y el mantenimiento de sumideros. También detallaron que tanto la “megaobra del aliviador Alto Perú” como las “obras hidráulicas en Barrio Ferroviario” figuran entre las prioridades de la gestión, aunque no precisaron cuándo estarán finalizadas.
Además, desde la intendencia encabezada por Ramón Lanús (Pro) aseguraron que avanzan con la renovación de sumideros y guardaganados, estructuras que captan el escurrimiento del agua y facilitan su infiltración en el subsuelo. A esto se suman tareas permanentes de limpieza para evitar la acumulación de hojas y residuos en canales de desagüe.
Por otra parte, desde Defensa Civil de San Isidro indicaron que se realizan controles frecuentes sobre la red de infraestructura urbana y los dispositivos pluviales en los sectores históricamente más vulnerables a la acumulación temprana de agua. También destacaron que la intendencia trabaja en la consolidación de enlaces de coordinación y protocolos de emergencia con las distintas fuerzas operativas.
Desde la Municipalidad de San Fernando señalaron que llevan varias semanas trabajando sobre este escenario. “En estos años se construyeron nuevas obras hidráulicas, se amplió la red de desagües y se incorporaron nuevos sumideros, bocas de tormenta, maquinaria, vehículos y equipamiento para los bomberos. También se reforzaron los equipos de Defensa Civil y de respuesta ante emergencias con personal capacitado”, explicaron.
Desde la gestión encabezada por Juan Francisco Andreotti (Frente Renovador) agregaron que se conformó un comité de crisis para coordinar las tareas de prevención y respuesta tanto en el casco urbano como en las islas. Además, indicaron que se intensificaron los trabajos de limpieza y mantenimiento de conductos, sumideros, cauces y desembocaduras.
El CORE bonaerense
La gobernación provincial explicó que también se formó el Comité de Gestión del Riesgo y Emergencias (CORE), una estructura similar a la de Nación, pero que contempla a las gestiones municipales y a empresas. El objetivo, al igual que el del gobierno nacional, es articular.
La experiencia advierte y los cálculos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dan una idea del nivel de pérdidas que puede significar un evento como este. El último ocurrió en el país en 2015 y, considerando solo las pérdidas y daños en dólares, el monto estimado por ese organismo internacional fue de poco más de US$3752 millones en todo el país, con especial énfasis en Córdoba, Entre Ríos, Formosa y Santa Fe. Entre 2015 y 2016, siete provincias y el gobierno nacional decretaron la emergencia hídrica para el Litoral y la región pampeana.
De acuerdo con De Estrada, que cuenta con décadas de experiencia en gestión pública, nos encontramos en una situación distinta a la de hace diez años. Hay mejoras en muchos sentidos, aunque también existen situaciones que potencian el riesgo. Destacó que el tema se está instalando en la agenda pública, lo que catalogó como un buen síntoma en esta etapa.
“En este momento estamos en la fase preventiva. Las instituciones se están articulando y hay muchas interacciones tanto entre instituciones provinciales como entre las distintas escalas de gestión”, señaló De Estrada, y contrastó: “También se sumaron complejidades como el aumento de la densidad poblacional, la desinformación en redes sociales y los efectos del cambio climático, que pueden agravar los eventos extremos o influir sobre la opinión pública”.
Una de las zonas con mayor vulnerabilidad es el conurbano bonaerense. No solo por razones geográficas y meteorológicas, sino también por cuestiones de urbanización, demografía y desigualdad socioeconómica.
“Geográficamente tenemos ríos de rápida respuesta, que son cursos de agua que se saturan de forma veloz. Con pocos días de lluvia se inunda todo”, describió De Estrada. El norte de la provincia, en especial las zonas más urbanizadas, se encuentra en la cuenca baja, una zona más plana y con menos corrientes.
A pesar de ello, De Estrada explicó que, en general, el agua se desagota rápidamente en las zonas de humedales, pero que hay factores humanos que entorpecen ese flujo.
“Tenemos una alta urbanización, por lo que el suelo retiene menos agua. Y muchas veces la Panamericana, las vías del tren y los edificios funcionan como barreras”, agregó la experta, quien también planteó que las zonas más baratas suelen coincidir con sitios inundables, sin planificación urbana y con mayor densidad poblacional.
Tanto el plan nacional como el provincial se enfocan en la articulación para la gestión, y los objetivos comunicacionales expuestos allí son completamente operativos. Para De Estrada es fundamental señalar que, a diferencia del anterior evento de El Niño, el contexto comunicacional para la población es diametralmente distinto.
La misma información y la desinformación se viralizan en redes sociales y pueden distorsionar la realidad concreta, especialmente en un contexto de emergencia.
“En general, la información se caracteriza o se adjetiva de una forma que asusta. Y es que vende, se viraliza y la atención mediática se construye así. Pero esto no siempre es adecuado para situaciones como esta”, reflexionó.
La respuesta nacional
A nivel nacional ya se publicó el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, un programa de trabajo interjurisdiccional para la prevención y atención de tormentas extremas encabezado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. El foco de acción es la cuenca del Río de la Plata, integrada por las provincias de Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Según explicaron a LA NACION desde la agencia, es la zona con mayor riesgo del país, aunque de ser necesario la acción puede extenderse al resto del territorio.
En rigor, las tormentas son inciertas y que lo que puede hacerse es estar listos para responder. El eje rector para prevenir y actuar frente a los riesgos de El Niño es el mencionado plan de coordinación federal.
Este plan propone un sistema escalonado y subsidiario, dependiendo de la gravedad de la crisis. Es decir, si una tormenta es leve, los municipios se encargarán de la gestión. En cambio, si las lluvias son extremas, la cadena jerárquica puede escalar hasta instancias nacionales, que pueden incluir despliegues para asistencia en seguridad y salud. Cada mes se actualizará la situación y se publicará en el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), que incluye un seguimiento satelital de las zonas en riesgo.
Desde la AFE ya se convocaron tres reuniones en el marco del plan de coordinación, en las que participaron representantes de todas las provincias, incluida Buenos Aires, a pesar de las tensiones políticas. “Las rispideces se van a reproducir en toda situación. Pero, también, en las emergencias esas rispideces se desdibujan un poco. Porque la emergencia está ahí. Y la emergencia te hace articular”, opinó María De Estrada, profesora en gestión de riesgos de la Universidad Nacional de La Plata.
Desde el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires informaron que hace dos años se publicó el Plan de Prevención del Riesgo Hídrico en Ciudades, que contempla el desembolso de $1,5 billones en obras de infraestructura destinadas a aliviar, contener, encauzar o evitar el bloqueo de ríos y afluentes con el objetivo de mitigar anegamientos e inundaciones.
Este proyecto es un plan rector. Algunas de estas obras incluso venían de administraciones anteriores y otras comenzaron este año. En total se proyectan 130 iniciativas, de las cuales nueve se ejecutan o planean ejecutar en distintas partes del conurbano norte de la provincia de Buenos Aires, específicamente en los partidos de San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar, Pilar, San Martín, San Miguel, Malvinas Argentinas, José C. Paz y Campana.
Sobre este punto, desde el Ministerio de Infraestructura provincial resaltaron que aún hay obras pendientes y reclamaron especialmente por la falta de fondos. Según indicaron, parte de los proyectos previstos dependen de financiamiento internacional cuya ejecución continúa demorada por la falta de avales soberanos nacionales.
“Acá hay una cultura de pensar la emergencia asociada a obras grises. Hay que saber qué gente vive en esos sitios. Conocer la situación de estas personas. Si hay personas que no pueden desplazarse solas, hay que incluirlas en las estrategias”, planteó De Estrada.
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