El poder siempre es el cómplice principal

Ya no usan trajes negros a rayas. Ni siquiera sombrero ladeado y un grueso habano en la boca. Los mafiosos están lejos del estereotipo. Hoy, hombres comunes, empresarios inescrupulosos o simplemente delincuentes mimetizados en la sociedad siguen minando los controles. Pero algo no cambió: la necesaria alianza de estos grupos con el poder, lo que les asegura su continuidad e impunidad.

Atraviesan casi todos los órdenes de la organización social: el mundo de los negocios, el fisco, el sistema institucional y la vida cotidiana de la gente.

El combate de estas organizaciones delictivas, amparadas a veces por una suerte de tolerancia que es producto de valores culturales corroídos, es una de las deudas pendientes de los argentinos.

Las causas de las dificultades a la hora de erradicarlas fueron debatidas en una mesa redonda organizada por La NACION por personas de distintos ámbitos que de una manera u otra tienen que ver con el problema.

Participaron el juez federal Gabriel Cavallo, el comisionado general de Planeamiento, Control y Legislación de la Secretaría de Lucha contra las Drogas, Marcos Di Caprio; Juan Carlos Colombetti ex funcionario de la Secretaría de Energía, de YPF y presidente de Vitol Argentina, la mayor importadora de combustibles local; Humberto Bertazza, integrante de la Comisión de Impuestos de la Unión Industrial Argentina y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y el productor agropecuario Luis Garat.

Cada uno, desde su área, planteó los problemas de las mafias de la evasión, de los combustibles, de las carnes, de las drogas y las razones por las cuales se sigue eludiendo el sistema legal desde hace décadas.

Falta voluntad política

Coincidieron en que sin una voluntad política real, y no declamada, es imposible acabar con el delito organizado; en que, si bien las leyes son perfectibles, no hay carencias normativas que impidan encarcelar a los mafiosos y en que problemas estructurales y de decadencia de valores conspiran contra el éxito de la lucha.

"En cada una de las mafias participa el poder. Siempre. Esto lo percibe la sociedad y desde el poder hay que dar el ejemplo de perseguir al propio poder, sin dejar de lado a los particulares, pero demostrando a la sociedad y al mafioso que se termina con su complicidad en el poder", señaló el juez Cavallo.

Se entusiasmó luego en un contrapunto con Di Caprio, a quien enrostró la falta de una política para combatir el narcotráfico, pero el funcionario de la secretaría de lucha contra las drogas llamó a la participación comunitaria para acabar con las mafias.

En el campo empresarial, este llamado a la autodepuración y la denuncia tuvo su portavoz en Colombetti, quien se refirió a la mafia de los combustibles, dedicadas a evadir y adulterar, provocando, según sus datos, un perjuicio fiscal de 300 millones de dólares al año. "Si yo pago impuestos, los mafiosos me dejan fuera de competencia. Quienes los debemos denunciar somos los empresarios, que tenemos una gran responsabilidad con la comunidad", señaló.

Y agregó: "Los productos para la adulteración de combustibles los producen pocas empresas, entre las cuales están las principales petroleras de la Argentina. Yo no me imagino una reunión de directorio de una de ellas pensando cuánto vamos a adulterar este año, pero sí una reunión de algunos gerentes diciendo a quién le vamos a vender más solvente aromático u otros productos para hacer la adulteración".

"Los dos primeros problemas -continuó Colombetti- son de legislación y de probidad de los funcionarios. La ley debe ser técnicamente idónea y no debe dejar discrecionalidad a los funcionarios para su aplicación. No hay mejor manera de lograr que algo no se haga, que dándoselo a quien no tiene conocimientos. Por eso, en combustibles, el control no lo debe hacer sólo la AFIP, sino que debe intervenir la Secretaría de Energía, y las fuerzas de seguridad. Si la legislación está mal hecha, o el que la controla es un inepto o un corrupto, entonces es un viva la pepa".

Cavallo completó: "En sectores donde se genera una gran cantidad de dinero negro impresionante es difícil trabajar a partir de funcionarios que no quieren romper el sistema".

Puso como ejemplo el problema del Mercado Central, donde nadie pudo acabar con la venta y falsificación de indumentaria deportiva y calzado. "Es tal la cantidad de plata que se mueve, que cuando uno llega a allanar ya les avisaron. Así uno termina procesando al pobre que vende esas zapatillas y no a los dueños del negocio. Por eso hacen falta funcionarios no corruptos y que se atrevan a romper ese esquema", apuntó el juez.

Por esoBertazza insistió con la necesidad de una decisión política. "Cada nicho mafioso tiene su dueño. Por eso una decisión implica que no importa quién sea ese dueño, se debe arrasar con él. Pero, ocurre que muchas veces el funcionario, no lo hace porque no tiene respaldo desde el poder".

Sin embargo, para Di Caprio "el problema es estructural y normativo". Destacó que el tema "es institucional y está instalado en la primera o en la segunda línea del poder, porque, sin inserción institucional, no es posible la impunidad.

"A pesar de que tenemos legislación, es imposible combatir esas mafias. Hay que poner en funcionamiento los controles constitucionales que aseguran la aplicación de la ley para que la lucha sea realmente efectiva".

Bertazza apuntó allí cuando reclamó "una decisión política. Nuestro país no ha encarado suficientemente el tema de la evasión y la AFIP, en todo el esquema, tiene algo que ver, pero el funcionario no es el culpable. Tal vez el tema pase por la Justicia, cuando se señala que es lenta. No funciona por falta de insumos, de decisión, presupuesto o por exceso de trabajo, pero no funciona", comentó.

Al hablar de la evasión, Bertazza entendió que "hay un problema cultural, porque en nuestra sociedad, no pagar impuestos sigue siendo una piolada".

Degradación de valores

Garat, en cambio, hurgó en las causas de fondo: "Hay una situación de degradación de valores. Hace falta un castigo ejemplificador. Cuando sucede un episodio de la grosería de lo que ha ocurrido en el Senado, que generó la renuncia del vicepresidente y es investigado por un juez que por arte de magia se compra una casa de un millón de dólares, es para dudar. ¿Cómo perseguir a los especialistas en la evasión y el engaño si las cosas más groseras ocurren a la vista de todo el mundo?", se preguntó. Y se respondió: "Encontrando la manera política de producir un quiebre de estas conductas y lograr un cambio de actitud".

Ya en el terreno de la mafia como modalidad institucional, el juez Cavallo aseguró: "No hay realmente un compromiso democrático e institucional fuerte de los factores de poder y no lo hay para luchar contra cualquier mafia, la impositiva, la del narcotráfico o cualquiera..."

Las expuestas son algunas conclusiones que se acercan al fondo del problema, porque no se concibe la existencia de una organización mafiosa sin la cobertura de un sector del Estado, que la ampara y vive de ella, y de una sociedad que la tolera, a pesar del desencanto por la falta de resultados en cuestiones tan sensibles para la suerte general del país.

Los panelistas

Juan Carlos Colombeti

Empresario

• "Si la legislación está mal hecha, o el que la controla es un inepto o un corrupto, entonces todo es un viva la pepa.

Luis Garat

Productor agropecuario

• "Hay que revertir una tendencia de decadencia en las conductas. Elegir un caso emblemático para dar una señal de que hay conductas que no se toleran más."

Gabriel Cavallo

Juez federal

• "En cada una de las mafias participa el poder. Siempre. Esto lo percibe la sociedad, y desde el poder hay que dar el ejemplo de perseguir al propio poder."

Humberto Bertazza

Contador Público

• "Cada nicho mafioso tiene su dueño. Por eso una decisión implica que, no importa quién sea, se debe arrasar con él, pero no se hace porque no tiene respaldo."

Marcos Di Caprio

Secretaría de Drogas

• "Las mafias siempre tienen inserción institucional en la primera o segunda línea de poder, sin ese elemento es imposible que consigan la impunidad."

Concluciones

Legislación: es perfectible, aunque hay coincidencia en que con la normativa vigente es posible combatir este tipo de organizaciones.

Estado: en alguna medida participa del accionar mafioso si no se compromete con su desaparición. Es necesario que alguien poderoso proteja a la organización para asegurarle impunidad y subsistencia.

Sociedad: ante una alteración de la escala de valores, el accionar delictivo es tolerado y muchas veces tiene un valor positivo entre la sociedad. Para quebrar esa tendencia se planteó la necesidad de acciones ejemplificadoras.

Participación: es necesaria tanto la del ciudadano común como la del empresario para denunciar esas actividades ilícitas que impiden desde la libertad de mercado hasta la convivencia pacífica en la sociedad.

Poder: debe investigarse desde el mismo poder, aunque muchas veces se resiste a ser desnudado. Los controles constitucionales, funcionando a pleno, aseguran que las mafias institucionales desaparezcan mediante la autodepuración del sistema.

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Por Por Hernán Cappiello <br/> De la Redacción de LA NACION

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