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El precio del silencio de los "sin gorra"
Con la decisión de indemnizar y devolver las armas a 200 comisarios separados de la fuerza por presunta corrupción, Eduardo Duhalde acaba de enterrar una de las banderas de su gestión que mostraba con más orgullo: haber desarticulado a la "maldita policía", mote que se ganó la desaparecida fuerza de seguridad bonaerense.
La policía y la ola de violencia ya le trajeron muchos dolores de cabeza y, a cinco meses de la elección presidencial, Duhalde no está dispuesto a que el grupo de los "sin gorra" _como se autodenominan los policías declarados prescindibles hace un año_ sea un obstáculo en su camino a la Casa Rosada.
Pagará 35.000 pesos por el silencio de cada uno de los 200 reincorporados. Al estar en retiro activo, los policías no pueden hacer manifestaciones. Ni criticar públicamente la reforma policial y su política de seguridad, como hacían hasta hace unos meses.
Hay dos maneras de interpretar esta marcha atrás de Duhalde. Ninguna lo deja bien posicionado. O la declaración de prescindibilidad de 200 de los 309 policías fue equivocada -y así la provincia tuvo durante un año menos hombres en la calle- o aquella primera medida fue acertada y ésta es fruto de presiones, propias de la coyuntura política.
A partir del crimen de José Luis Cabezas, allegados al gobernador aseguran que existe temor en las filas duhaldistas de que los policías apartados hayan contribuido a aumentar el clima de inseguridad para boicotear la reforma.
El 7 de mayo del año último, cuando atacaron a balazos a dos de los custodios de Analía, la hija mayor de Duhalde, el ministro de Justicia y Seguridad, León Arslanian, no descartó que hubiera sido un atentado relacionado con la purga policial.
"Yo no puedo afirmar categóricamente que sea así, pero la decisión (de seguir adelante con la reforma policial) es irrevocable. Yo soy vasco, cabezadura. Vamos a seguir adelante", afirmó Duhalde en esa oportunidad.
Tres semanas después, 309 uniformados fueron desplazados de la fuerza. Arslanian explicó que "no tenían el perfil de la nueva policía" y aclaró que para echarlos no necesitaba causas que acreditaran actos de corrupción. El funcionario se mostró firme y decidido a cambiar la institución.
Pero siete meses después, el gobernador firmó los decretos que ahora se efectivizaron con el pago de la primera cuota de indemnización.
La medida se conoce en momentos en los que Alberto Piotti ha vuelto a ganar espacio dentro del duhaldismo y actúa como nexo con los jueces que hasta ahora fueron fieles al menemismo. Algunos de los policías reincorporados tuvieron sus días de gloria cuando Piotti estaba a cargo de la Secretaría de Seguridad y Pedro Klodczyk era el jefe de la fuerza.
En un tema tan sensible y urticante como la seguridad, Duhalde dio un paso que nadie hubiera pronosticado.
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