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Empezó el proceso para designar al defensor del niño
La comisión bicameral del Congreso recibirá a 133 oradores; con la nueva figura se busca velar por los derechos de los menores de 18 años
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Doce años pasaron para que el Congreso saldara una deuda con los chicos y los adolescentes: la designación de un defensor. Ayer, comenzó una audiencia pública de tres jornadas para que organizaciones civiles y de la comunidad intercambien opiniones sobre cómo debe ser el proceso de selección del nuevo funcionario.
La Argentina nunca había contado con una institución para velar por el ejercicio de los derechos de los menores de hasta 18 años y alertar al Estado sobre cualquier incumplimiento.
"Esperemos que se designe antes de fin de año", fue el deseo que expresaron ayer, de viva voz, los primeros expositores en el Edificio Anexo de Diputados. Su diagnóstico indica que la situación de los menores en el país es crítica. Algunos de los problemas más urgentes son pobreza, desnutrición, explotación sexual y falta de acceso a derechos básicos como la salud y la educación.
La ley 26.061 de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que se sancionó en 2005, creó la figura del defensor. Una comisión bicameral debía nombrarlo en 90 días, pero el plazo se extendió 40 veces más porque el Congreso no eligió los 10 miembros de la comisión. Este año, luego de un exhorto judicial, la comisión quedó integrada por cinco senadores y cinco diputados de distintos partidos políticos.
Ayer, la mayoría de los oradores pusieron énfasis en la idoneidad y la especialización en los derechos de los chicos, los adolescentes y las familias, como lo prevé el artículo 50 de la norma. "Debe tener sólida experiencia en la promoción de políticas infantiles y sólidos conocimientos de los problemas que afectan a los chicos", consideró Sebastián Waisgrais, que es especialista en monitoreo social de Unicef.
La lista de oradores incluye a 133 personas para las tres jornadas. Pero la última palabra en la designación la tendrá la comisión.
"Es un trabajo de cooperación para que esta nueva institución tenga como protagonista a la infancia y sea de alcance nacional", dijo a LA NACION la diputada Ana Carla Carrizo, a cargo de la bicameral. Una vez que estén los postulantes, se analizarán sus antecedentes y se diseñará el plan de trabajo. Provincias como Santa Fe, La Pampa y Córdoba ya cuentan con esta institución.
"Podrá tomar decisiones administrativas y judiciales en casos individuales o colectivos", explicó a LA NACION Carmen Ryan, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una de las organizaciones que integran Infancia en Deuda, un colectivo que nació con la campaña Defensor Ya para asegurar el cumplimiento de la ley 26.061.
El colectivo está integrado también por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia y Aldeas Infantiles, entre otros.
Facundo Hernández, de Infancia y Adolescencia, resaltó: "Hoy, el principal problema es la pobreza infantil". Las cifras de Unicef indican que en la Argentina hay 5,6 millones de chicos pobres, es decir, más de la mitad de la población infantil.
"Detrás de estos números está la vulneración de los derechos: falta de acceso a los servicios, al colegio porque tienen que salir a trabajar, a las vacunas y muchos aspecto más. El defensor debe bregar para que el Estado se ocupe", recalcó Alejandra Perinetti, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina, a LA NACION.
