Gran estafa con inmuebles en Córdoba

CORDOBA.- Hace más de seis años inventaron un método para quitarles a sus dueños más de 3000 propiedades sin disparar ni un solo tiro. Arrancaban la hoja con el asiento dominial de un inmueble -un campo, un terreno o una casa- del protocolo del Registro General de la Provincia, metían uno falso, a nombre de un testaferro, volvían a coser el libro de actas y hacían una escritura falsa a nombre del nuevo titular.

Así, por ejemplo, se apoderaron, en 2005, de un campo de 13.000 hectáreas en Lucio V. Mansilla, valuado en $ 2.000.000, y lo vendieron sin que sus legítimos dueños lo advirtieran.

Según determinó la investigación judicial de lo que se denominó la "megacausa del Registro", participaron de la maniobra escribanos, abogados y empresarios inmobiliarios, muchos de ellos integrantes de las familias más tradicionales de esta provincia, además de empleados de esa dependencia y obreros o desocupados que fueron utilizados como testaferros por la organización. Entre los detenidos por el caso está el ex director del Registro Jorge Belmaña Juárez.

Durante los últimos doce meses, la Cámara en lo Criminal de X Nominación realizó 20 juicios contra 76 acusados de participar en esta millonaria defraudación. Hubo 74 condenados, entre los que figuran 10 escribanos que dieron fe de la autenticidad de registros de dominio que, en realidad, eran falsos.

Integra también la lista de condenados uno de los empresarios inmobiliarios más importantes de Córdoba: José Rodolfo Sabagh. En diciembre, el tribunal integrado por los jueces Oscar Fernando Iglesias, Juan José Rojas Moresi y Ricardo Iriarte lo sentenció a cinco años de prisión. Como es mayor de 70 años, solicitó el arresto domiciliario.

Según consta en el fallo al que tuvo acceso La Nacion, cuando uno de los fiscales le preguntó a Sabagh cuál era su patrimonio, el empresario respondió: "Cuarenta o cincuenta millones". "¿De pesos?", le repreguntó; "No, dólares", cerró.

Para condenar a Sabagh, los jueces consideraron agravante que "por su situación económica, muy lejos estaba de tener la necesidad de delinquir para vivir, siendo por el contrario que lo guiaba un fin de lucro y en la pirámide de mando ocupaba el más alto lugar y era el ideólogo de las maniobras".

En ese juicio fueron condenados 10 de los 12 imputados, entre ellos el escribano Eduardo Isaac Vinocur, con una pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación por seis para ejercer su profesión. Para el tribunal, el escribano fue culpable de haber declarado como verdadera "una operación de venta inexistente de derechos posesorios de un campo, de 78 hectáreas, donde se acreditaba falsamente a dos testaferros como los dueños de ese inmueble que, a su vez, se lo vendían a un tercero, que también integraba la organización".

Actualmente, los juicios por la "megacausa" siguen. Los jueces Iglesias, Rojas Moresi y Rodolfo Eduardo Cabanillas encabezan el debate contra siete imputados, entre los que figuran dos escribanos que mediante la misma metodología se apropiaron de un terreno de 15 hectáreas que planeaban vender al gobierno provincial en $ 2.500.000.

"En la medida en que la Justicia lo requirió, se ha colaborado con la investigación", explicó una de las autoridades del Colegio de Escribanos de Córdoba cuando La Nacion preguntó si existía preocupación en la institución por las condenas a notarios.

Durante el juicio que terminó el 2 de julio con la condena a cuatro años de prisión de Fernando Pablo Nores Boderau y otros ocho imputados por la apropiación de 300 lotes valuados en $ 8.500.000 mediante la falsificación de poderes y escrituras, el fiscal Enrique Gavier encontró una prueba que vinculaba con la maniobra al ex director del Registro Belmaña Juárez. Luego de profundizar esa pista, hace veinte días, solicitó la detención del ex funcionario y lo acusó de la falsificación reiterada de documentos públicos.

Belmaña Juárez estuvo al frente de esa dependencia durante más de seis años, durante las administraciones de Ramón Mestre y José Manuel de la Sota, y era profesor titular en una de las cátedras de Derecho Real en la Universidad de Córdoba.

El fiscal Gavier habría hallado elementos que involucrarían a Belmaña Juárez en otras causas de loteos en las sierras y en Jesús María. "La organización elegía los inmuebles que tuvieran dueños que vivieran lejos del campo o los terrenos y que tenían poco contacto con esos bienes. También tenían en cuenta si tenían sucesiones o si pertenecían a una persona cercana a morir", sostuvo.

En el registro, los colaboradores de la actual directora, la abogada Mónica Farfán, se negaron a opinar sobre el tema. Farfán reemplazó recientemente a María Cristina Cáceres, que denunció la primera de las estafas.

"Tan grande era el poder de los integrantes de la organización que en uno de los juicios quedó al descubierto que cambiaron los límites entre provincias para que un campo quedara del lado de Córdoba y no de Catamarca para poder quedarse con ese inmueble", explicó un investigador.

CIFRAS

3000
Propiedades enajenadas
Es la cifra que surge de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba desde 2003, cuando se recibió la primera denuncia por la adulteración del libro de actas del Registro General de la provincia para dejar asentada una nueva escritura con nuevos dueños para una propiedad.

59
Causas elevadas a juicio oral
De esas investigaciones, veinte ya fueron analizadas en juicios orales y públicos ante los tribunales locales, con 76 imputados, entre los cuales se cuentan siete empleados del Registro.

13.000
hectáreas de campo
Es la extensión de un inmueble de la localidad de Lucio V. Mansilla, valuado en unos 2.000.000 de pesos, que fue reescriturado a nombre de testaferros y vendido en 2005.

2.500.000
pesos
Era el precio que la organización pretendía que pagara el gobierno de la provincia de Córdoba por la compra de un terreno de 15 hectáreas, del que, según constancias de la investigación, se habían apoderado los estafadores. Por este caso, se realiza actualmente un juicio oral y público contra siete acusados, entre ellos dos escribanos. Un tercer notario murió antes de ser juzgado.

300
Denuncias realizadas
La primera de las denuncias por la defraudación con las escrituras apócrifas y los asientos notariales oficiales adulterados la realizó María Cristina Cáceres, directora del Registro General de la Propiedad cordobés, recientemente reemplazada en ese cargo por la abogada Mónica Farfán.

74
Condenados
Entre ellos, abogados, escribanos, contadores, empresarios, funcionarios públicos, jueces de paz, gestores, comerciantes y empresarios. Ya hubo 10 notarios sentenciados.

300
lotes
Valuados en $ 8.500.000, esos terrenos fueron usurpados ilegalmente, según la Justicia, por nueve personas que resultaron condenadas a cuatro años de prisión en un juicio, en julio.

50
millones de dólares
Es el patrimonio que, durante el juicio oral y público en su contra, admitió tener José Rodolfo Sabagh, uno de los empresarios inmobiliarios más importantes de Córdoba. En diciembre, Sabagh fue condenado a cinco años de prisión; por ser mayor de 70 años, pidió el beneficio de la prisión domiciliaria. Junto con él, fue sentenciado el notario Eduardo Isaac Vinocur.

Por Gustavo Carabajal

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