Identifican a dos alumnos que hicieron amenazas de bomba en el colegio La Salle de Florida

Las llamadas telefónicas donde se anunciaba que habían colocado una bomba en el Instituto La Salle, en Florida, se repitieron tres veces en dos semanas. Eran falsas denuncias, pero provocaron temor en la comunidad educativa y una innecesaria movilización de personal policial para prevenir e inspeccionar el establecimiento de Vicente López. Poco después de una reunión entre el Ministerio Público Fiscal bonaerense, funcionarios municipales y directivos del colegio, se logró identificar a dos presuntos autores de esas intimidaciones, que ahora serán investigados por el Fuero Penal Juvenil de San Isidro.

Así lo informaron a LA NACIÓN calificadas fuentes judiciales y voceros de la Municipalidad de Vicente López. A las tres falsas amenazas de bomba en el Instituto La Salle, ocurridas durante los primeros diez días de este mes, hay que sumar una intimidación en un colegio de Olivos cuyo autor también fue identificado después de que fuera ubicado el teléfono celular desde el cual se hicieron las llamadas.

Las amenazas de bomba eran anticipadas por los alumnos a través de las redes sociales. Por ejemplo, en Instagram se escribió: "Muchachada les tengo que informar que el viernes va a haber otra amenaza en lasalle [sic] así que salgan al recreo con mochilas. Va a ser a las 9 nd [por nada] eso".

La hipótesis de los detectives judiciales es que la intención de los alumnos era obligar a que se suspendieran las mesas de exámenes.

Según informaron a LA NACIÓN fuentes de la investigación, a fines de la semana pasada, el fiscal de Vicente López Gastón Larramendi se juntó con autoridades de las secretarías de Seguridad y de Educación del municipio, directivos de La Salle y jefes policiales para tratar de encontrar una solución al tema.

"En esa reunión los directivos del colegio se comprometieron a hablar con los alumnos para concientizarlos sobre las consecuencias legales para quiénes hicieran las amenazas", explicaron fuentes del caso.

Las charlas surtieron efecto y dos alumnos de 16 años confesaron haber sido los autores de las intimidaciones, explicaron fuentes de la Municipalidad de Vicente López.

Según los voceros consultados, las "confesiones" llegaron cuando el fiscal Larramendi ya había avanzado lo suficiente y estaba a punto de pedir una orden de allanamiento en la casa de uno de los sospechosos.

El Código Penal prevé para el delito de intimidación pública una pena de dos a seis años de prisión para quien, con el fin de infundir "un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos".

Por Gabriel Di Nicola

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