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Indagan a agentes de la SIDE y a un oficial por robar a detenidos
Es por el faltante de una caja de seguridad
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En los pasillos de los tribunales de Comodoro Py 2002, por lo bajo todos hablan de un caso que en las últimas semanas ha provocado una gran efervescencia en el fuero federal, incluidos robos de bienes de imputados, ataques entre magistrados, denuncias cruzadas y hasta veladas acusaciones de presunta aceptación de sobornos, por parte de funcionarios judiciales y de allegados de detenidos.
El caso Viñas Blancas, un importante decomiso de 171 kilos de cocaína descubiertos a mediados del año pasado en un galpón de la localidad bonaerense de Munro, disimulados entre botellas de vino de exportación, hecho que implicó la detención de varios ciudadanos extranjeros y argentinos como supuestos partícipes de narcotráfico hacia Europa, amenaza con convertirse en escándalo.
El juez Julián Ercolini (uno de los cinco que han debido intervenir por hechos derivados del suceso principal) acaba de ordenar la indagatoria de los agentes de la SIDE Adrián Di Capua y César Storniollo y del oficial principal de la Policía Federal Adrián Duarte por el presunto robo del contenido de la caja fuerte de dos de los acusados del caso Viñas Blancas: Dragoslav Ilic y Dejan Trsic.
Estos dos millonarios, ciudadanos serbios que están detenidos desde el 30 de abril de 2004, acusados de ser presuntos organizadores del financiamiento ilegal del contrabando de drogas al Reino Unido y de lavar dinero del narcotráfico, denunciaron que de esa caja que les fue secuestrada por orden de judicial desaparecieron carísimos relojes, una cruz de oro y dinero por un total de unos 250.000 dólares, además de toda la documentación sobre los negocios y los movimientos de dinero que se les cuestionan.
Es más: el defensor de Ilic y Trsic, José Manuel Ubeira, aseguró a LA NACION que sus clientes fueron involucrados en la causa por presión de varios organismos de inteligencia internacionales y con el único objeto de "hacerse" con sus bienes, entre ellos, dos casinos que los serbios explotaban en República Dominicana.
"La droga, efectivamente, existe. Pero los ingleses [Nicholas Brewer y Philip Dragic, dos de los principales acusados en esta causa], que admitieron haber formado parte del contrabando de drogas y recientemente se acogieron aquí a la ley del arrepentido, identificaron a los partícipes de la organización y excluyeron explícitamente a mis clientes. Se los intentó vincular con distintos hechos de tráfico de droga a España, Gran Bretaña y Holanda. Y ahora las autoridades de esos países comunicaron que no los tienen como investigados", dijo Ubeira.
Claroscuros
Pese a lo que dice el defensor, allegados a los distintos jueces que tuvieron y tienen contacto con la causa aseguraron a LA NACION que hay indicios fuertes que avalarían la presunta vinculación de los serbios con el eventual financiamiento del contrabando de drogas y el hipotético lavado del dinero producto de ese tráfico.
Sin embargo, en el fuero dicen que aun cuando parece claro que los serbios "no son trigo limpio ni parecen haber hecho tanto dinero con negocios legales", existe una extraña "premura" por que la causa sea de una vez elevada a juicio tal como está.
Consta en el expediente que el fiscal federal Jorge Di Lello solicitó al menos una decena de medidas de prueba complementarias para "perfeccionar la labor instructoria".
El juez federal Daniel Rafecas -que recientemente reemplazó en la causa a su par María Servini de Cubría- denegó todos esos pedidos, excepto uno. Entre otros pedidos denegados están la realización de un peritaje contable (por la presunción de lavado de dinero), la declaración de agentes antidrogas nacionales e internacionales (para compatibilizar información "contradictoria") y de quienes transcribieron los casi 3000 casetes con escuchas de la causa.
A Di Lello, según explicaron las fuentes, se le dio plazo hasta esta semana para elevar la causa a juicio. "Acá casi no se ha investigado nada sobre la droga en sí. Esta causa merece una profundización y la producción de mucha más prueba que permita vislumbrar una conexión entre la droga y el lavado, hoy difusa. La defensa de los serbios cree que no hay prueba, y los jueces y la Sala I de la Cámara parecen deseosos de que la causa sea elevada a juicio ya, como está", dijo a LA NACION un investigador con amplio conocimiento del expediente.
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