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El proyecto del Poder Ejecutivo para modificar la ley de salud mental ingresó finalmente este lunes al Congreso Nacional por el Senado, pese a que diputados del bloque oficialista aguardaban que lo hiciera por la Cámara baja. Lo hizo con cambios propuestos en 26 artículos de la Ley N° 26.657, en tres artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, y en la ley de prevención de las torturas y otros tratos inhumanos.
El texto se terminó de materializar el viernes pasado, por la noche, cuando se incluyó la firma digital del presidente Javier Milei, junto con la del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros de Salud, Mario Lugones, y de Justicia, Juan Mahiques. Junto con su envío al Congreso, la cartera sanitaria presentó hoy su propuesta a los ministros de Salud provinciales.
“Uno de los puntos centrales es facilitar el proceso de internación ante situaciones de riesgo a fin de evitar casos de homicidios, suicidios y agresiones a terceros, producto de la imposibilidad de recibir un tratamiento oportuno y adecuado”, se informó oficialmente tras ese encuentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa).
El proyecto, según introduce el documento oficial, tuvo en cuenta “ciertas orientaciones” de principios consensuados por la Organización de Naciones Unidas en referencia a la protección y la atención de las personas con problemas de salud mental, a la vez que reemplaza toda referencia a “padecimiento mental” por “afección o trastorno de salud mental” y el concepto de “riesgo cierto e inminente” de la norma vigente desde hace 15 años pasa a ser un “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”, tanto de la personas como de terceros.
Eso, también, requirió prever cambios en el Código Civil y Comercial –donde ambos conceptos aparecían en los artículos 41, 42 y 59– para “asegurar la debida coherencia y armonía del ordenamiento jurídico en su conjunto, en particular respecto de los nuevos criterios en materia de internación involuntaria que se propician” y de “evitar eventuales contradicciones” de interpretación jurídica, de acuerdo con el argumento del Poder Ejecutivo.
La propuesta oficial, que ahora tiene que girarse a comisiones en el Senado para su análisis antes de llegar a un dictamen para su tratamiento, actualiza aspectos normativos que ya anticipan un debate intenso como el de hace 15 años, cuando se sancionó la norma actual. En esos años, la política interfirió en las comisiones legislativas para no mejorar la norma, lo que terminó por no dar respuesta a los problemas que afrontan los pacientes y sus familias.
Los cambios amplían el alcance de la ley –que era de protección de la salud mental– a la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción de las personas con problemas que incluyen a las adicciones, con mayor reconocimiento a la intervención de los psiquiatras y un equipo interdisciplinario de evaluación y seguimiento, sobre todo en lo que tiene que ver con las internaciones y la judicialización de los casos. El proyecto contempla la integración a la red de atención establecimientos especializados, mantiene que la internación involuntaria es “excepcional” y, entre otros criterios, cuando no hay a juicio profesional otra forma de asistir de manera efectiva a un paciente; más aún, si existen antecedentes de riesgo previo y plazos de horas para la comunicación entre los juzgados y el personal de salud interviniente.
Entre otros aspectos, en lugar de hacer un censo de pacientes cada dos años, el proyecto propone que la autoridad de aplicación que finalmente se designe con “la participación y la colaboración” de las provincias lleven un “registro actualizado de las personas internadas por motivos de salud mental y consumos problemáticos”, con resguardo de esos datos.
El Órgano de Revisión, un cuerpo de abogados creados por la ley actual, seguirá teniendo representantes del Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y el Ministerio Público de la Defensa, junto con “asociaciones de familiares del sistema de salud y de los profesionales de la salud y de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la temática de la salud mental”, en lugar de que estén “abocadas a la defensa de los derechos humanos”, como prevé la norma actual, además de un recorte de funciones. No podrá, por el proyecto oficial, hacer presentaciones ante el Consejo de la Magistratura o el organismo que en cada jurisdicción evalúe y sancione la conducta de los jueces en las situaciones en que hubiera irregularidades o realizar propuestas de modificación a la legislación en salud mental tendientes a garantizar los derechos humanos.
En cuanto a la modificación de dos incisos de la Ley N° 26.827 de prevención de la tortura y otros tratos inhumanos, el Ejecutivo plantea al Congreso incorporar la obligatoriedad de que las inspecciones en instituciones las haga un equipo interdisciplinario, que ese grupo incluya un psiquiatra y que esa visita no interfiera en el funcionamiento del centro y los tratamientos en curso.
“La salud mental en la Argentina viene transitando desde hace varios lustros un camino de buenas intenciones pero de malos resultados, situaciones dolorosas debidas a las complicaciones en la práctica clínica y algunos hechos trágicos que fueron y son muy mediáticos”, dijo Ricardo Corral, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP) y jefe de Docencia e Investigación del Hospital José T. Borda.
En su opinón, uno de los cambios “más trascendentales” que impulsa la propuesta oficial es reemplazar el criterio de “riesgo cierto e inminente” por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física”. Para Corral, que también es docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, “no es una distinción semántica menor”, definió.
“En la práctica, ¿es sensato que las familias y los médicos tengamos que esperar a que la tragedia sea inminente para poder intervenir?”, continuó Corral. “Como hemos sostenido innumerables veces desde la AAP y los hospitales especializados, no debemos confundir peligrosidad con enfermedad mental. Sin embargo, negar la intervención en crisis bajo un garantismo mal entendido es, en última instancia, una forma de abandono. La sociedad necesita un enfoque que permita intervenciones oportunas, como actúa un cardiólogo ante un dolor en el pecho, haciendo la evaluacion e intervención pertinente antes de que el daño sea mayor o, inclusive, irreversible”, comparó.
A Luciano Grasso, exdirector nacional de Salud Mental y docente de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, lo primero que le surgió es una pregunta que reaparece: “¿Modificar la ley o empezar a cumplirla?”, dijo ante la consulta. “Es evidente –continuó– que existen posiciones encontradas que se repiten y, sobre todo, errores de diagnóstico en los que se sigue sosteniendo que los problemas reales de falta de acceso suceden por culpa de la ley. Hay que dar el debate en el ámbito legislativo, que es el espacio democrático por excelencia para el intercambio de ideas. Ojalá estemos a la altura, con argumentos y evidencia. Y que puedan escucharse todas las voces.”
Se anticipa, así, el tono que tendrá este nuevo debate en el Congreso.
Para Nicolás Kerschen, psiquiatra del Hospital de San Martín de los Andes y exvicepresidente del Colegio de Médicos de Neuquén-Distrito IV, “la modificación de la ley permite salir de la consideración de un riesgo potencial para las internaciones involuntarias, a evaluar la gravedad de cada caso en particular, dando mayor potestad a los equipos interdisciplinarios en la toma de decisiones. El único problema que se plantea es la necesidad de conformar esos equipos con todas las disciplinas, y sobre todo la presencia de un psiquiatra y no siempre en los centros alejados se cuenta con todos los profesionales que deben intervenir. Otro tema es el presupuesto destinado por ley que nunca se cumplió, y con la modificación parecería ser aún menor de lo que siempre debió haber sido”.
Grasso opinó que, de avanzar en el Congreso, el proyecto como está sería un “retroceso alarmante” porque, según evaluó, el articulado permite sostener o abrir hospitales monovalentes (especializados), habilita solo a psiquiatras para firmar una internación” cuando faltan esos profesionales en distintas localidades, quita la representación de los usuarios del sistema ante el Órgano de Revisión o da una discusión semántica “absurda” al reemplazar padecimiento por afección o trastorno, más allá de sostener “la falacia del obstáculo” de las internaciones involuntarias o no incluir la asistencia financiera nacional a las provincias para salud mental.
Hugo Cohen, autor de Al margen de la ley de salud mental: crónica de su implementación en Argentina,tamibén apuntó que el proyecto “no es claro” en cuanto al financiamiento asociado con la demanda de atención en salud mental.
“Es necesario reiterar que la ley que se pretende reemplazar, una buena ley, nunca ha dispuesto del financiamiento correspondiente desde 2010. Existe la Ley N° 26.934, sancionada en 2014, que crea el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan Iacop) y nunca fue reglamentada –comentó el psiquiatra–. En lugar de debatir nuevas leyes, el Congreso debiera observar su adecuado funcionamiento y aplicación. Solo de este modo se podrá saber qué modificaciones debería realizar".
También, coincidió con sus colegas en que el problema de salud mental “más importante” en el país es “la gran cantidad de población que no accede a tratamiento alguno”, lo que estimó en entre un 70% y 80% sin los cuidados que necesita.
“La llamada brecha en la atención requiere del desarrollo de servicios accesibles y de calidad, en el entorno habitual donde vive la persona –explicó el psiquiatra–. Cuanto más cerca sea el tratamiento y la rehabilitación, mejor y más pronta evolución tendrá. Este principio que surge de los avances técnicos, científicos y en las reformas sociales en el mundo, desconseja la creaciòn de hospitales psiquiátricos o de especialidad, alejados geográfica, cultural y económicamente de la vida de las personas. ¿Cómo se haría la atención y el apoyo psicocosocial a adolescentes, alumnos de escuelas, personal de seguridad, vecinos, etcétera, si la atención especializada se encuentra tan lejos y que tanta vergüenza y rechazo genera?"
Corral, en tanto, discrepó con lo referido por el exdirector nacional de Salud Mental al referirse al lugar que los psiquiatras recuperan con el nuevo proyecto. “La reforma propone que al menos uno de los profesionales que determine una internación involuntaria sea, obligatoriamente, un médico psiquiatra. Esto devuelve la racionalidad clínica al proceso –dijo–. Si bien el abordaje debe ser interdisciplinario (con psicólogos, trabajadores sociales y enfermeros), la evaluación de un médico es fundamental para distinguir cuadros orgánicos con sintomas psíquicos de crisis de enfermedades psiquiátricas propiamente y, así, garantizar el mejor tratamiento posible.”
En tanto, si el próximo debate “es serio”, Grasso planteó: “Podríamos pensar en incorporar artículos que den mayor claridad a la implementación, precisar aún más los procedimientos para la internación involuntaria, describir las características técnicas que deben tener los dispositivos comunitarios a crearse y establecer un piso de obligatoriedad de inversión para las provincias, con transferencias financieras condicionadas desde Nación que obliguen efectivamente a ejecutar la ley en todo el territorio”.
Por su parte, Corral insistió en que modificar la ley de salud mental no es vulnerar derechos, sino garantizarlos. “El derecho a la salud incluye el derecho a recibir un tratamiento eficaz y a tiempo. Es hora de que la legislación argentina deje de mirar la teoría desde la comodidad del sillon y de los escritorios y empiece a mirar la realidad de las guardias y de los hogares de las familias argentinas”, cerró el presidente de la AAP.
“Es correcto prever no solo la atenciòn, sino también la prevención, promoción y rehabilitación en el trabajo de salud mental –agregó Cohen-. Es prioritario el apoyo a las familias, las visitas domiciliarias, el apoyo a la psicoeducación y el desarrollo de grupos de autoayuda y ayuda mutua”.
