Jugando con la libertad de expresión
El 28 de septiembre se celebra en todo el mundo el día del acceso a la información pública. La experiencia de nuestro país en el tema poco nos deja celebrar. Lo más rescatable, hasta cierto punto, es el decreto que reglamenta este derecho en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, pero que por la ausencia de voluntad política no termina de garantizar a los ciudadanos el acceso que debería ser para todos y todas. La ley nacional tan reclamada desde hace años brilla por su ausencia, por lo que nuestro país queda relegado incluso entre las naciones latinoamericanas en esta temática.
El acceso a los datos sobre la pauta publicitaria del gobierno nacional es uno de los casos en los que se observa la ausencia de una política clara y coherente en materia de acceso a la información pública. Valga la siguiente aclaración: Poder Ciudadano y otras entidades reclaman la regulación de la pauta desde la época en que los mayores beneficiarios de estos fondos eran totalmente distintos de los que se benefician actualmente.
¿Cuál es la situación hoy? Sólo alcanza con ingresar a la página de la Jefatura de Gabinete de Ministros y ver que la información sobre la distribución de la pauta está totalmente desactualizada. Las últimas respuestas que recibió Poder Ciudadano sobre este tema carecen de los datos necesarios para un análisis serio. Estas respuestas, por ejemplo, ya no cuentan con la identificación clara de los proveedores, dado que aducen contener "datos personales". Muchas de las respuestas sobre pedidos de información responden lo mismo, aun cuando lo consultado no implica ningún dato personal.
Desde 2003 la inversión del gobierno nacional en publicidad oficial creció en forma desmesurada, arrancando en $40 millones y superando holgadamente en la actualidad los $ 1000 millones. Estas inversiones tienen una fuerte tendencia a financiar medios de comunicación editorialmente favorables al Gobierno, y especialmente mensajes de cualquier tipo a favor del Gobierno o en contra del enemigo de turno.
No es casual la ausencia de una ley de acceso a la información pública, como tampoco lo es la ausencia de una regulación de la pauta publicitaria. Ambas son decisiones políticas del gobierno nacional. También lo fue la decisión del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires cuando decidió vetar artículos clave de la regulación de la publicidad oficial local en 2009. Pareciera que la posibilidad de manejar la pauta oficial se convirtió en una herramienta más a la hora de gobernar. Lo peligroso es que esta herramienta juega con el presupuesto público, con la libertad de expresión y con la equidad entre los diferentes actores políticos.
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