Juzgan a un ex policía por explotación sexual

CORDOBA.- Una chica de familia humilde dejó estupefactos a los jueces que juzgan un caso de explotación sexual en Bell Ville, al relatar las torturas que sufrió cuando sólo tenía 16 años -en noviembre de 2004- porque se negaba a ejercer la prostitución en un cabaret, cerca de la localidad cordobesa de Inriville.

Afirmó que el dueño del prostíbulo, un policía federal retirado -Jorge Luis González, el principal imputado- la encerró dos semanas en una cueva a orillas del río Carcarañá, esposada a un caño, casi sin ropa y sin recibir agua ni alimentos, al tiempo que era torturada por él y por tres prostitutas que actualmente también son juzgadas.

Dado su estado de inanición, la chica pudo zafarse de las esposas y escapar a pie por los campos, hasta que fue auxiliada y hospitalizada en deplorable estado. Además del cuadro de desnutrición, tenía una herida infectada en la cabeza, con gusanos.

Su denuncia permitió poner fin a la pesadilla de esclavitud, torturas y explotación sexual que se registraba en el prostíbulo Puente de Fuego, propiedad del ex policía González y regenteado por su ex concubina, la ciudadana paraguaya Valeria Carolina Calderón.

"Me quemaban con cigarrillos. Me vendaban los ojos, orinaban y defecaban en mi boca. Don Jorge [González] me mojaba y metía electricidad con cables pelados en los pechos", relató la víctima ante el tribunal, y agregó que una de las prostitutas la violaba con un palo en el ano.

La joven expresó ante los jueces que aún hoy no puede superar los tormentos. "Hay noches que no puedo dormir; cuando hay humedad me duelen las heridas", dijo, envuelta en un llanto de temor.

Parte de esos padecimientos fueron confirmados por Valeria Calderón, que rompió el silencio y aclaró que no era concubina de González, a quien comprometió más aún con su testimonio al confirmar que se trata de una persona muy violenta.

"Pido perdón porque todo lo hice contra mi voluntad; tenía miedo de que me quitara a mi hija, de que me la prostituyera", comenzó a expresar, y reveló que una mujer, a quien identificó como la señora Mangacha, "traía menores para que él [González] las prostituyera. El se reunía [en Inriville] con policías de la provincia de Buenos Aires que tenían enfrentamientos y mataban gente".

González y Calderón son juzgados por los delitos de tenencia de arma de fuego de uso civil (una escopeta calibre 12,70 y una carabina calibre 22), tenencia de arma de guerra (un FAL calibre 7,62), promoción de la prostitución calificada reiterada, privación ilegítima de la libertad calificada, reducción a la servidumbre y rufianería, todo en concurso real.

Vanesa Luisina Payero y Carolina Soledad Zapata son acusadas de promoción de la prostitución calificada reiterada, privación ilegítima de la libertad calificada y reducción a la servidumbre.

El juicio continuará en los próximos días, hasta completar más de una treintena de testigos que deberán presentarse a declarar.

El aberrante caso generó el interés de distintas ONG y del gobierno nacional representado por Eva Giberti, directora del Programa Nacional de Asistencia a la Víctima, quien aseguró que la Argentina es la ruta de finalización del turismo sexual.

A su vez, la Red No a la Trata defiende a las imputadas Zapata y Payero por considerarlas víctimas.

La Gendarmería detuvo en la madrugada de ayer al supuesto gerenciador de tres locales nocturnos de Florencio Varela, donde presuntamente se obligaba a ejercer la prostitución a 36 mujeres, en su mayoría paraguayas, que eran traídas del país vecino mediante la falsa promesa de otorgarles trabajos domésticos.

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