La ciudad, tras un nuevo código urbano
La Legislatura debe tratar el proyecto que regirá el ordenamiento y busca potenciar la zona sur de Buenos Aires.
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Para unos puede significar el despegue de las zonas más olvidadas de la ciudad; para otros, podría constituir uno de los últimos grandes negociados inmobiliarios de Buenos Aires. Lo cierto es que las modificaciones previstas para el Código de Planeamiento Urbano, que la Legislatura porteña votaría el jueves próximo, determinará la calidad vida de los vecinos.
Claro que todo esto está supeditado a que, finalmente, el oficialismo y la oposición lleguen a un acuerdo para votar esta ley, que ordenará, sistematizará y modificará la actual reglamentación, que data de 1977.
Según el legislador radical Rubén Campos, titular de la Comisión de Planeamiento Urbano, la nueva normativa tendrá carácter provisional, ya que se estima que el Consejo del Plan Urbano Ambiental no tendrá redactadas las directrices sobre las que finalmente se basará el ordenamiento definitivo de la ciudad, hasta dentro de, por lo menos, dos años.
Entre las principales cuestiones a las que apunta esta ley, se busca saldar una deuda histórica con la zona sur de Buenos Aires al fomentar la construcción de viviendas, oficinas y locales comerciales en los barrios más olvidados, como San Cristóbal, Pompeya, La Boca y Barracas.
Estos centros se transformarían en áreas de desarrollo prioritario, lo que apuntaría a que las mayores inversiones cambien de rumbo y se dirijan hacia ese sector.Esto se lograría permitiendo un incremento del 25 por ciento en el índice de construcciones y al autorizar un aumento en la altura máxima de las edificaciones.
Los emprendimientos se facilitarán con la firma de convenios urbanísticos entre entidades estatales y privadas para la concreción de diversos proyectos.
En este sector hay gran cantidad de zonas en las que se permite la instalación de depósitos, industrias y actividades que llevaron a la degradación de barrios enteros y que eran incompatibles con el uso residencial.
Algunos tramos de las avenidas Independencia, San Juan, Chiclana, Triunvirato, Chorroarín y Gaona, entre otras, serán rezonificadas y se estimulará la radicación de viviendas y centros comerciales que apunten a su rehabilitación urbana.
Se estableció también un cuadro de usos que describe lo que, a partir de ahora, se permitiría y se prohibiría construir en la ciudad.
Esta disposición está sujeta a la nueva ley de impacto ambiental sancionada recientemente y a las audiencias públicas que se celebren tras la sanción del Código.
Espacios verdes
Que en la ciudad de Buenos Aires, los espacios verdes son escasos no es una novedad. Según el secretario de Planeamiento Urbano de la administración De la Rúa, Enrique García Espil, "se incrementarán y preservarán las plazas y los parques con la zonificación del aeroparque Jorge Newbery como UP (urbanización parque). Esto significaría que cuando la estación aérea sea trasladada definitivamente, sus terrenos deberán constituirse en otro de los pulmones verdes de la metrópoli."
En este punto, sin embargo, el diputado de Nueva Dirigencia Miguel Angel Doy, dijo a La Nación que "con esta propuesta, y según un estudio que hemos encargado, Buenos Aires no ganará ni un metro cuadrado de espacio verde".
Otro de los ejes de la polémica se refiere a los predios de ferrocarriles que quedaron remanentes tras la privatización de los servicios. "El 65 por ciento de las playas de maniobras desocupadas deberán ser destinadas a espacios públicos", aseguró García Espil.
Sin embargo, para el presidente de la Asociación Ambientalista Amigos del Lago, Osvaldo Guerrica Echevarría, esto no es tan así, ya que "hay que tener en cuenta que dentro de estos lugares están incluidas las calles y las veredas; por esta razón, el total de esa superficie desciende a un escaso 30 por ciento".
Para Guerrica Echevarría, "el resultado de toda la operación sólo contribuirá a aumentar la densidad de población, el congestionamiento del tránsito vehicular y la polución ambiental, además de generar un déficit en la infraestructura".
Según la Constitución porteña, el Código de Planeamiento Urbano debe estar sujeto a un Plan Urbano Ambiental que dicte los lineamientos generales de la organización de la ciudad a largo plazo.
Pero la redacción de ese plan debe ser encarada por un Concejo Urbano Ambiental que sólo comenzó a funcionar en octubre último. Por eso, la versión del reglamento que se trate el jueves próximo no será la definitiva.
Sobre este punto, el diputado frepasista Eduardo Jozami afirmó que "la principal objeción que se planteó a la propuesta hecha por el Poder Ejecutivo fue la necesidad de cumplir con los pasos legales; o sea, primero dictar un Plan Urbano Ambiental, y, tras la sanción de éste, elaborar un Código de Planeamiento Urbano".
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