La Corte Suprema definirá: la Justicia avaló un pedido del Gobierno y la ley de financiamiento universitario queda suspendida
La Sala III en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó el recurso extraordinario presentado en la causa por el incumplimiento de la norma
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LA NACIONLucila Marin
La Justicia aceptó el recurso federal extraordinario presentado por el Gobierno para no cumplir con la ley de financiamiento universitario. La medida cautelar ratificada dos veces que obligaba a la actualización de salarios y becas, tras un planteo de los rectores de las universidades nacionales, queda así suspendida hasta que se expida la Corte Suprema.
A cinco días de la cuarta marcha federal universitaria, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con la firma de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, concedió el recurso solicitado por la administración de Javier Milei a medidados de abril. A pesar de que la decisión previa sobre una medida cautelar no se considera una sentencia definitiva, los jueces justificaron su admisión debido a que la controversia involucra la interpretación de diversas normas de naturaleza federal.
“Lo decidido por el tribunal implica la suspensión de la ejecución de la medida cautelar, hasta tanto se expida de manera definitiva la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, informó el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, con un comunicado publicado en X.
El ministerio reiteró allí su explicación para no aplicar la Ley de Financiamiento Universitaria votada y ratificada el año pasado: “Cabe recordar que mediante el Decreto N° 759/25 se promulgó la Ley N° 27.775 quedando suspendida en su ejecución hasta tanto el Congreso determine las fuentes de su financiamiento, ya que su aplicación plena comprometía el equilibrio de las cuentas públicas".
“El Gobierno nacional ratifica su compromiso de garantizar el derecho de enseñar y aprender, en un marco de sostenibilidad de las cuentas públicas y la asignación eficiente de los recursos del Estado”, cerraron.
El Subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, tambien lo comunicó por esta vía: “La llamada “ley de financiamiento universitario”, impulsada con la intención de destruir el equilibrio fiscal, está SUSPENDIDA. Lo decidido por el tribunal implica la suspensión de la ejecución de la medida cautelar hasta tanto se expida, de manera definitiva, la Corte Suprema de Justicia de la Nación", tuiteó.
Por su parte, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, consideró que es “un paso más del proceso judicial”: “Somos optimistas sobre su resolución. El Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de cumplir y aplicar la ley consagrada por el Congreso. Y nuestra expectativa es que tanto el camino judicial como el acompañamiento de la sociedad argentina, nos permitirán encontrar respuestas para los problemas graves que la universidad pública atraviesa. Por eso el 12 de mayo, en todo el país, volvemos a manifestarnos en defensa de la universidad pública y no dudamos que la sociedad toda lo hará con una contundencia que será histórica”.
Ayer, los rectores volvieron a pedir que la sociedad los acompañe en su reclamo y reiteraron que las universidades nacionales en la Argentina atraviesan el momento de menor financiamiento de su historia.
El derrotero de la ley
La Ley de Financiamiento Universitario, que insta al Gobierno a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial desde 2023, fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto pasado. Tras el veto presidencial, ambas cámaras la sostuvieron. En 2024, Milei ya había vetado una iniciativa similar y esa vez el Congreso no la ratificó.
En el último día del plazo para hacerlo, en octubre pasado, el Gobierno finalmente la promulgó, pero nunca fue aplicada. Al igual que sucedió con la Ley de Discapacidad, el Ejecutivo argumentó que no lo haría hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento, por lo que los rectores decidieron ir a la Justicia.
El derrotero judicial de la ley se inició el 29 de octubre de 2025, cuando el CIN interpuso una acción de amparo contra el Estado nacional. El 23 de diciembre de 2025, el juez de primera instancia Martín Cormick ordenó el inmediato cumplimiento del artículo 5 y 6, que refieren a las actualizaciones salariales y de las becas. El 29 de diciembre de 2025, el Estado apeló la medida.
El 31 de marzo de 2026, la misma Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la medida cautelar a favor de las universidades.
El Gobierno entonces recurrió a la Corte Suprema al presentar un recurso extraordinario que ahora la Sala III aceptó. El Ejecutivo insistió en que la norma no prevé en forma expresa su financiamiento y señaló que “afecta la estabilidad económica y la macroeconomía del país”. Marcó que, según un informe del Ministerio de Economía, cumplir con la ley requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades.
Implicaría “una parálisis significativa del funcionamiento de los tres poderes del Estado, como, por ejemplo, la suspensión del patrullaje de las fuerzas federales en las calles de la ciudad de Rosario, la suspensión en la provisión de alimentos en las cárceles federales, o el cierre de todos los juzgados federales, la Corte Suprema de Justicia y el cierre de ambas cámaras legislativas”, se argumentó.
A la vez, solicitó que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se excusen de votar en este expediente por tener cargos docentes vigentes o en licencia.
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