La dura política de Suecia sirve de ejemplo a la ONU

Después de años de una política más liberal sobre el consumo de drogas, Suecia endureció su posición en la década del 80. En 1988, decidió penalizar no sólo la tenencia de estupefacientes para consumo personal, sino también castigar directamente el consumo. La intención fue imponer, mediante el temor a la acción legal, un efecto preventivo para evitar el aumento de consumidores.

Hoy, Suecia es tomada por muchos como una nación de fuerte conciencia social. Las políticas económicas, laborales y sanitarias colocan al país como uno de los de mejor calidad de vida. En la acción para reducir el uso de drogas, el caso sueco es presentado hoy como ejemplo por las Naciones Unidas.

Lejos de despenalizar el uso de estupefacientes, Suecia adoptó un enfoque más restrictivo para conseguir un objetivo ambicioso: una sociedad libre de drogas. Ese es el eslogan de su plan oficial contra el consumo de drogas. Y las estadísticas señalan que el camino de la penalización del consumo y la tenencia tiene éxito en Suecia, en comparación con lo que ocurre en otros países europeos.

Menos consumidores

En la encuesta nacional sobre consumo que Suecia realizó en 2006, se evidenció una prevalencia anual en el uso de la marihuana del 2,2% en la población de entre 15 y 64 años. En Italia y España, los consumidores de c annabis sativa superan el 11% en el mismo período. El porcentaje de Suecia es uno de los más bajos de Europa.

En 2006 hubo en Suecia 17.619 sentencias por casos vinculados con las drogas. El 58% de ellos, por consumo o tenencia.

La legislación sueca no hace diferencia entre tipos de drogas ilegales a los fines de aplicar penas mayores o menores. Sí tiene en cuenta la cantidad de sustancia encontrada en un procedimiento policial contra una persona. Se considera un delito menor, con penas de multas y hasta seis meses de prisión, la tenencia de hasta 50 gramos de marihuana o medio gramo de cocaína. La posesión de entre 51 gramos y dos kilogramos de marihuana se considera un delito más grave y tiene una sanción efectiva de hasta tres años de cárcel.

La ley sueca autoriza a la policía a realizar análisis de sangre o de orina a sospechosos de haber consumido drogas.