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La feria que ofrece de todo, menos garantías
Los precarios puestos exhiben los más diversos productos
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Todo huele a choripán en la feria del Mercado Central de Buenos Aires. Los puestos, armados con caballetes de madera, parantes de hierro y alguna que otra lona, se amontonan uno al lado de otro. Desbordan de camisas, pantalones, productos electrónicos, perfumes, juguetes, discos, relojes, videos y bicicletas.
Los probadores no existen y los precios se negocian entre gritos y empujones. Los altavoces aturden con música bailantera. Los pasillos son angostos y se hace difícil encontrar la salida. La asfixiante muchedumbre, formada por cerca de 30.000 compradores, se mueve dificultosamente en un espacio no más grande que el de un par de canchas de fútbol. En medio del griterío, José, un veterano puestero que vende ropa de frisa, baja la voz y confiesa con un guiño cómplice: "Algunos venden marcas o mercadería de contrabando. Pero ahora, si te pescan, se te arma la podrida". Entrar en la feria del Mercado Central de Buenos Aires es como penetrar en un laberinto con reglas propias, donde desaparece la frontera entre lo legal y lo ilegal. Para muchos habitantes de la villa Sarmiento, lindera con el Mercado Central, la feria es la única posibilidad real de tener un trabajo. Para los compradores, en su mayoría familias de clase media y baja del sur del conurbano bonaerense, la feria es ideal para estirar los salarios deprimidos por la recesión.
Para los gobiernos nacional, de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia que gobierna Carlos Ruckauf, socios por partes iguales en la administración del Mercado Central, la feria representa una importante fuente de ingresos.
Pero para los empresarios que pagan impuestos y para representantes de la Justicia que se ocupan del tema, la feria es un antro de contrabando, piratería y evasión impositiva.
"La feria del Mercado Central es nuestro propio Paraguay: allí funciona el mayor centro de distribución de piratería del país", dispara Gabriel Salcedo, director ejecutivo de la Asociación para la Protección de los Derechos Intelectuales sobre Fonogramas (Apdif).
Un espejo
Rodolfo O´Reilly, presidente de la Corporación del Mercado Central, contesta que la feria no hace más que reflejar la situación socioeconómica del país.
"Esta es una de las 25 ferias en esta provincia que venden mercadería ilegal. Yo preferiría tener una industria que generara 200 puestos de trabajo, pero no la tengo", justifica O´Reilly.
"Acá viene gente que no puede ir a comprar al Paseo Alcorta. Esto es América latina, donde se compran zapatillas por un peso", agrega el administrador, que fue secretario de Deportes durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
La feria no ocupa todo el Mercado Central, a lo sumo, un cuarto de las 546 hectáreas del predio. El resto es utilizado por los mayoristas de frutas y verduras que abastecen a gran parte de la ciudad.
Los miércoles, sábados y domingos son los días de feria. En total, son unos 1000 puestos, que se alquilan a 100 pesos por día y que emplean en conjunto a alrededor de 3000 personas.
La feria arde el sábado, su día más concurrido. Los miércoles llegan ómnibus con compradores mayoristas desde Salta, Jujuy y Tucumán y también de otros países, como Paraguay y Bolivia.
La explotación de la feria está a cargo de dos empresas, que alquilan los puestos: Cediproa SRL y Ferimax SA.
La primera paga a los administradores de la feria un canon mensual de 70.000 pesos, más una tasa de retribución de servicios. La segunda abona 12.000 por mes y otro tanto invierte en tasa de retribución. Ambas tienen causas abiertas ante la Justicia.
Jorge Brugo, juez federal en lo penal económico, investiga una denuncia por contrabando en contra del Mercado Central.
El magistrado no quiso opinar sobre la investigación porque se encuentra bajo secreto de sumario, pero al intentar describir la feria, fue contundente. Aseguró a La Nación que "es tierra de nadie".
"Entrar en el Mercado es arriesgarse a producir otro Ramallo", dice Brugo en directa referencia al riesgo que correrían personas inocentes, tal como ocurrió durante el asalto con toma de rehenes en el que fallecieron el gerente y el contador del Banco Nación de esa sucursal.
"Necesitaríamos a las Fuerzas Armadas o entrar con 1000 hombres. Con la gente que va a la feria, eso sería un desastre. Por esa razón es que elegimos investigar el mercado desde afuera: atacar los depósitos y los distribuidores de mercadería que suponemos que trabajan con la feria", explica Brugo.
Cediproa SRL maneja el predio desde 1993 y tiene contrato firmado por 20 años.
Según pudo saberse, esta empresa tiene una causa abierta por evasión impositiva desde el 11 de mayo último en el Juzgado Penal Económico Nº 7, a cargo de Carlos Liporace. La deuda está calculada en 1.500.000 pesos.
Sin facturas
"Los vendedores no entregan facturas por las ventas que hacen, una parte de la ropa de marca es falsificada o ingresada de contrabando en el país", señala resignada una funcionaria de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el organismo encargado de recaudar impuestos.
En tanto, Ferimax SA explota El Reloj, la otra feria dentro del mercado.
La fisonomía de El Reloj es diferente:los puestos son de material y permanentes y, a simple vista, parece estar más organizado. Aunque también se pueden encontrar allí desde equipos de audio hasta ropa interior.
"En El Reloj la piratería es feroz. De los siete u ocho puestos de venta de discos, el ciento por ciento es pirata", dice Salcedo de Apdif. En junio último El Reloj fue allanado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 3 de Morón, a cargo de Alberto Daniel Criscuolo.
"Incautamos 1400 pantalones de diferentes marcas, entre los que había Polo, Wrangler, Ona Sáez y John L. Cook. Sospechamos que esta ropa es de marca falsa, pero todavía no tenemos hecho el peritaje que lo demuestre", comenta a La Nación Alfonso Ferraro, secretario del juzgado que interviene en este caso.
O´Reilly dice que, en este tema, el mercado tiene las manos atadas. "No podemos rescindir el contrato sin una decisión judicial. La feria la heredamos y debemos garantizar la seguridad jurídica. No podemos asegurar que no se venda una sola pilcha trucha. Además, el mercado necesita los 70.000 pesos del canon", apunta el administrador.
Dentro del mercado funciona la Comisaría 7a. de La Matanza. Se trata de un edificio de cemento blanco que alberga una dotación de 30 efectivos. Los policías no están autorizados a actuar, sin orden judicial, en caso de que comprueben el comercio de mercadería apócrifa.
"En general, tenemos detenidos por robos menores y averiguación de antecedentes (en la comisaría 7a.). Se nos hace difícil controlar a las 30.000 personas que vienen a comprar los sábados", dijo a La Nación el comisario Hugo Aroza, a cargo de esa dependencia desde hace cuatro meses.
En medio de la feria una mujer ofrece a gritos mantas para perros. "Si le gusta, se la dejo a tres pesos", lanza insinuante.
Sobre una tarima de plástico que está ubicada frente a ella se mezclan juguetes importados con radios, pelotas de fútbol con pósters y estampitas del trágicamente fallecido cantante bailantero Rodrigo Bueno con bombachas y calzoncillos. Pero este puesto, como tantos otros, ofrece una novedad: sobre la ropa cuelga un visible cartelito que da cuenta de una licencia de venta expedida por la AFIP.
Vientos de cambio
Soplan vientos de cambio en la feria, y José, el puestero de ropa frizada, dice que éstos no lo favorecen.
El hombre asegura que se intensificaron los controles y que ya no es tan fácil ingresar mercadería falsa o de contrabando para ser comercializada en el lugar.
"A mí me encontraron unos pantalones de marca falsa, pero eran muy pocos. Resulta que ahora me quieren sacar el quiosco. De todos modos, me quiero ir de la feria, porque ya no viene tanta gente como venía antes, y ya no me rinde", se enoja.
O´Reilly opina que la depuración era necesaria.
"En los últimos meses -relata- se fueron 400 puesteros, porque incrementamos los controles. La dirección del Mercado está decidida a combatir las marcas truchas y el contrabando, pero es cierto que no podemos dar el ciento por ciento de garantía."
Pero Salcedo, el representante de la cámara que combate los discos pirata, desconfía. "Hasta hace cinco meses había 10 puestos que vendían discos pirata. Ahora quedan dos o tres, con muy poco material. El fenómeno puede estar circunstancialmente opacado, pero si en el mercado siguen estando los mismos dueños, los mismos dirigentes y los mismos concesionarios, en poco tiempo todo va a volver a ser igual."
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