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La Justicia intimó al Gobierno Nacional a actualizar salarios y becas universitarias
El juez Martín Cormick concluyó que el Estado no acreditó el cumplimiento de la cautelar y le otorgó cinco días para regularizar la situación; en caso de no hacerlo, se aplicarían multas diarias
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LA NACIONLucila Marin
La Justicia intimó al Gobierno Nacional a actualizar los fondos destinados a las universidades. Tras analizar la documentación presentada por el Ministerio de Capital Humano, el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, concluyó que el Estado no acreditó el cumplimiento pleno de la cautelar vigente, que obliga a actualizar salarios y becas.
En consecuencia, fijó un plazo máximo de cinco días para que el Gobierno cumpla con la medida cautelar, que obliga a pagar un incremento salarial al personal docente y no docente en las universidades e incrementar el presupuesto para becas. También advirtió que, si persiste el incumplimiento, se impondrán multas económicas diarias. El aumento salarial necesario para cumplir con la ley es del 33%.
Semanas atrás, el magistrado había rechazado el pedido de la administración de Javier Milei para levantar la cautelar al considerar que el acuerdo firmado en junio no alcanzaba para demostrar que el conflicto estaba resuelto. Además, había intimado al Estado a detallar y documentar, en un plazo de tres días desde su notificación, el nivel de cumplimiento alcanzado. Ahora concluyó que la información presentada por la cartera que conduce Sandra Pettovello no resulta suficiente para acreditar que la orden judicial haya sido cumplida.
“Es una excelente noticia. Algo que habíamos solicitado desde el CIN en el marco de la causa ante el incumplimiento de la cautelar que está firme, y estábamos esperando resolución. Esperamos que el Gobierno Nacional haga lo que debe hacer y cumpla con lo dispuesto por el juez en los plazos estipulados. Vamos a seguir con mucha responsabilidad, como hasta ahora, y con mucha firmeza, hasta que la ley se cumpla integralmente, como corresponde”, dijo Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El derrotero judicial de la ley, que insta al Gobierno a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial desde 2023, comenzó cuando los rectores interpusieron una acción de amparo contra el Estado tras la suspensión, por decreto, de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) hasta que se definieran las fuentes para financiarla dentro del presupuesto general.
Cormick ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6, referidos a las actualizaciones salariales y de las becas. El Gobierno apeló y la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la medida cautelar a favor de las universidades. El Ejecutivo entonces recurrió a la Corte Suprema mediante la presentación de un recurso extraordinario que fue aceptado. El máximo tribunal luego dejó firme la medida cautelar.
El camino de la ley también ya había sido extenso. Fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto del año pasado. Luego fue vetada por el Presidente y volvió a pasar por ambas cámaras, que la ratificaron. En 2024, Milei ya había vetado una iniciativa similar y en esa oportunidad el Congreso no la sostuvo.
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