Tras más de dos años de conflicto, el Gobierno y las universidades firmaron un acuerdo por el financiamiento
Incluye ajuste salarial, junto con fondos adicionales para hospitales y gastos de funcionamiento; nueva etapa tras una puja que derivó en paros, marchas y judicialización
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LA NACIONLucila Marin
Luego de más de dos años de una puja que erosionó la relación entre la administración libertaria y la comunidad académica, el Gobierno y los rectores de las universidades nacionales lograron finalmente coincidir en un acuerdo económico para destrabar el conflicto presupuestario.
La propuesta acordada es un aumento salarial del 24,33% –21,33% para junio y un 3% adicional en octubre– y refuerzos para becas, hospitales y gastos de funcionamiento. El acuerdo se terminó de sellar este mediodía en el Palacio Sarmiento, en una reunión encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, con rectores y representantes gremiales en donde todos firmaron el acta que formaliza los ajustes.
“Esta actualización contempla la recomposición del desfasaje del año 2025, la actualización en función de la inflación hasta mayo de 2026 y una recomposición del 7% a cuenta de la pérdida de poder adquisitivo del 2024″, precisa el acta firmada. Allí también aclaran que, tras el encuentro de hoy, la paritaria pasará a un cuarto intermedio de hasta tres meses para continuar la discusión salarial “contemplando la variación acumulada del IPC de acuerdo al Indec y la continuidad de la recomposición salarial por el desfasaje”.
Esta es la principal diferencia con la ley aprobada y sostenida por el Congreso, en la que se reconocía la recuperación desde el 1° de diciembre de 2023.
Este desenlace llega luego de dos semanas de conversaciones y de un derrotero de casi tres años que incluyó cuatro marchas federales universitarias, clases públicas frente a la casa de Manuel Adorni o la Corte Suprema, tomas de colegios, semanas enteras de paros docentes, seis votaciones en el Congreso, vetos presidenciales y una judicialización que llevó la disputa hasta la Corte Suprema de Justicia.
Desde abril de 2024, cuando la primera movilización reunió a más de 400.000 personas en defensa de la educación pública, el conflicto universitario se consolidó como uno de los principales frentes de la “batalla cultural” libertaria. Y tuvo múltiples capítulos: acusaciones de “curros” en las universidades públicas, resistencia a las auditorías, denuncias de adoctrinamiento, cuestionamientos por falta de eficiencia, alumnos fantasmas y exceso de extranjeros.
Hoy, con la autorización de una partida de $800.000 millones por parte del Ministerio de Economía y la promesa de paritarias cada tres meses en lo que resta del año, el sector universitario vislumbra la posibilidad de un alivio en su principal urgencia: los salarios. El acuerdo busca cerrar –al menos de forma parcial– uno de los conflictos más persistentes del primer tramo de la gestión libertaria, aunque el proceso judicial continúa abierto.
Y representa, además, una mejora significativa respecto de la “ley alternativa” que la administración libertaria intentó impulsar sin éxito en el Congreso, que proponía apenas un 12,3% de actualización. Meses antes había intentado derogar la ley de financiamiento aprobada en la votación del presupuesto 2026.
Sin plazos definidos para un fallo de la Corte, ambas partes se mostraron dispuestas a dialogar desde hace algunas semanas. Por parte del Gobierno las negociaciones las llevó Álvarez y en representación de las casas de estudios participaron el presidente y el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los rectores Franco Bartolacci (Universidad Nacional de Rosario) y Anselmo Torres (Universidad Nacional de Río Negro).
El acuerdo no se limita exclusivamente a la recomposición de los salarios docentes y no docentes. A esto se agregarán $50.000 millones para los hospitales universitarios, no contemplados en el presupuesto 2026, que se suman a los $80.000 millones ya previstos para estos centros de salud, cuya distribución venían reclamando.
A la vez, se contempla un 20% de aumento para los gastos de funcionamiento y un 50% para las becas Manuel Belgrano, exclusivas para carreras universitarias o terciarias vinculadas a áreas estratégicas, que se mantienen congeladas en $81.685 desde 2024. No está contemplado un aumento para las becas Progresar, que cubren un espectro más amplio —educación secundaria y todos los niveles superiores— y por las que reclamaban.
“Se garantizarán los fondos de capacitación para las entidades gremiales docentes y no docentes”, agrega el acuerdo, y por último señala que las universidades nacionales “deberán rendir los fondos asignados confome lo dispuesto en la legislativa vigente”.
Al salir de la reunión, el subsecretario Álvarez remarcó: “La idea nuestra como la de las autoridades universitarias y de la dirigencia sindical es dejar atrás el conflicto y pasar a ocuparnos de lo que tenemos que ocuparnos todos nosotros, que es dar clase, que se recuperen los días perdidos y que se termine esta situación irregular en la cual están muchas universidades”.
Sin embargo, desde el CIN señalaron luego que “esta actualización salarial y presupuestaria es un paso importante, pero de ninguna manera definitorio ni suficiente”. Consideraron que la respuesta al “problema estructural” que atraviesan las universidades está en la aplicación plena de la ley de financiamiento y remarcaron que la demanda judicial “se mantiene hasta que la aplicación de la ley en su totalidad sea efectiva”.
“Logramos que el gobierno nacional convoque a paritarias y presente una propuesta para empezar a recomponer el salario perdido desde que Milei es presidente”, dijo la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) en un comunicado difundido tras el acuerdo. “El ofrecimiento representa un avance importante para las y los trabajadores de las universidades, en un contexto económico sumamente complejo y después de 18 meses consecutivos de pérdida salarial en los que el gobierno se negó a convocarnos a paritarias”, precisaron.
Pero luego plantearon: “Remarcamos que la lucha sirvió, pero continúa. La firma de un acuerdo no implica resignar el reclamo por el cumplimiento efectivo y completo de la ley de financiamiento universitario, que sigue vigente, ni por la recuperación integral del salario perdido". Esta posición es la que comparten varios de los gremios.
También firmaron el acta hoy representantes de la Conadu, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (Fagdut), la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun) y la Unión Docentes Argentinos (UDA). El único que no se sumó fue la Conadu histórica.
Las negociaciones se habían trabado porque el Gobierno pedía que el CIN levantara la demanda judicial y los rectores no estaban dispuestos a hacerlo.
El derrotero judicial de la ley, que insta al Gobierno a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial desde 2023, comenzó cuando los rectores interpusieron una acción de amparo contra el Estado tras la suspensión, por decreto, de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) hasta que se definieran las fuentes para financiarla dentro del presupuesto general.
El juez de primera instancia, Martín Cormick, ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6, referidos a las actualizaciones salariales y de las becas. El Gobierno apeló y la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la medida cautelar a favor de las universidades. El Ejecutivo entonces recurrió a la Corte Suprema mediante la presentación de un recurso extraordinario que fue aceptado.
Incluso pidió que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se excusen de intervenir en este expediente por tener cargos docentes vigentes o en licencia, el mismo argumento que había planteado sobre los jueces anteriores.
El camino de la ley también fue extenso. Fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto del año pasado. Luego fue vetada por el Presidente y volvió a pasar por ambas cámaras, que la ratificaron. En 2024, Milei ya había vetado una iniciativa similar y en esa oportunidad el Congreso no la sostuvo.
Distintas voces del Gobierno insistieron en que era inaplicable. Argumentaron, como con la Ley de Discapacidad, que no la implementaría hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento. Luego sumaron que, al no estar especificadas, violaba la Ley de Administración Financiera. La deuda fue creciendo y circularon distintos montos sobre el desembolso que implicaría cumplir con la norma. Al presentar el recurso federal, detallaron que cumplir con la ley requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades, según un informe del Ministerio de Economía.
Eso implicaría, según el Ejecutivo, “una parálisis significativa del funcionamiento de los tres poderes del Estado” desde la suspensión del patrullaje de las fuerzas federales en las calles de la ciudad de Rosario, la interrupción en la provisión de alimentos en las cárceles federales o el cierre de todos los juzgados federales, la Corte Suprema de Justicia y ambas cámaras legislativas.
En paralelo, se repetían las clases públicas, las tomas de colegios y los paros, junto con los reclamos de los directores de hospitales por más fondos y la alerta de los rectores por un “éxodo de docentes” que, ante sueldos en niveles mínimos de los últimos 23 años y una caída real del 33% de sus ingresos, optaron por migrar al sector privado o al exterior, donde podían llegar a cuadruplicar sus salarios.
Según datos del CIN, ya renunciaron 10.000 docentes. La Universidad de Buenos Aires (UBA) elaboró sus propios cálculos: 103 docentes en Veterinaria, más de 100 en Agronomía, 342 en Ingeniería y 438 en Exactas. A ellos se suman los de los colegios preuniversitarios, sujetos al mismo régimen paritario: 134 en el Colegio Nacional de Buenos Aires y 93 en el Carlos Pellegrini.
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