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La Legislatura porteña expropió Brukman y sancionó la ley seca
También se regularizó la situación de los vendedores ambulantes; pagarán canon
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La Legislatura porteña probó ayer que es capaz de sancionar leyes diversas y con curiosidades: expropió los bienes muebles e inmuebles de la empresa textil Brukman; aprobó la llamada "ley seca", que limita la venta de bebidas alcohólicas, pero no sanciona a los que transgreden la norma; y finalmente dio luz verde a la legalización de la venta ambulante de comestibles.
La tarde comenzó con la discusión sobre Brukman, una firma textil tomada por los obreros, quienes resistieron la represión policial. Los legisladores le cedieron a la Cooperativa de Trabajo 18 de Diciembre Limitada los bienes muebles e inmuebles por dos años con la condición de que en el predio funcione una escuela de artes y oficios. Además, pidieron al Poder Ejecutivo local la exención del pago de todo impuesto, tasa, sellado o timbrado para facilitar el trabajo de quienes hoy ocupan el predio.
Dicho así, parecería que todo el proceso hubiera sido normal y tranquilo. Y no, no lo fue: "A usted lo espero afuera para arreglar cuentas porque me tiene repodrido", desafió Enrique Rodríguez (Forja 2001) a Alexis Latendorf, del Piquete Socialista.
Latendorf gritaba como un poseso ante la evidencia de que los legisladores habían aprobado un artículo que incorporaba a todos los trabajadores que se desempeñaron en relación de dependencia al 18 de diciembre de 2001.
En realidad, la pelea era más profunda y se originó entre los partidos de izquierda.
El Polo Obrero se negaba a que los trabajadores que habían sido indemnizados recobraran su fuente de trabajo, pero los legisladores salomónicamente decidieron que todos los que se hubieran desempeñado hasta la fecha arriba mencionada podían volver a sus puestos.
Riesgos
Brukman tiene la quiebra decretada en primera instancia, y nadie descarta que en los próximos días los dueños originales se presenten ante la Justicia para apelar la medida.
Esto, sumado a otras expropiaciones decretadas, podría desembocar en juicios contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, excepto que el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, se decida por el veto, lo que no parece demasiado probable.
Una vez que los obreros de Brukman se retiraron, le llegó el turno a la ley seca.
El bullrichista Fernando Caeiro, autor de la norma, había hecho lobby para que sus pares le dieran quórum. A cambio, él y quienes estaban en favor de la ley prometían seguir en el recinto para que se aprobara la norma que regula la venta ambulante de comestibles.
Pero Daniel Bravo, de la UCR, quien sostiene que beber es una cuestión de libertad personal y que ya existen normas a nivel nacional que limitan y sancionan la venta de alcohol, pidió que el proyecto volviera a comisión.
Allí comenzó una suerte de cruces entre los legisladores para saber por qué la norma no había pasado necesariamente por algunas comisiones, al tiempo que nadie acertaba a resolver cuántos votos se necesitaban para sancionarla.
Finalmente, Caeiro retiró el artículo que preveía las multas de hasta 2000 pesos y la clausura del local, y la ley se aprobó sin penas. Jorge Enríquez la definió como "una ley lírica".
Caeiro dijo luego a LA NACION que, aunque no existe multa, si se quiere sancionar la autoridad puede apelar a una ordenanza municipal viejísima que ordena las sanciones.
Permiso especial
Finalmente, y cuando el quórum languidecía, los diputados votaron la reglamentación de los puestos de vendedores ambulantes de alimentos en la vía pública.
Si Ibarra no veta la norma, éstos pagarán un canon a la Ciudad y podrán establecerse en diferentes puntos para vender la mercancía.
De esta manera, los ambulantes deberán sacar un permiso especial para comercializar lo suyo, y deberán hacerlo en lugares que diga la norma, con control de bromatología y en sitios predeterminados fijos, móviles o semimóviles.
Los permisos estarán divididos en categorías, y los puestos deberán tener, entre otras cosas, una determinada distancia entre uno y otro.
La norma fue aplaudida por más de 100 vendedores ambulantes que se dieron cita en la Legislatura y que aportaron su propia experiencia para que la ley no constituyera una invasión al espacio público, lo que, según algunos diputados, es discutible.
Los permisos para las habilitaciones van desde los $ 50 por mes hasta los $ 250 ,y esos montos se establecen a partir de quiénes son los dueños: directos o terceros.
Entre las prohibiciones está la de no ubicarse en esquinas o en estaciones de ferrocarril.
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