La probation, un beneficio que genera polémica

Si bien la jueza Rosa Parrilli deberá someterse a juicio político, había logrado evitar el proceso penal a cambio de tareas comunitarias.

El beneficio de la probation, otorgado a la magistrada que agredió a dos empleadas de tránsito porteñas, es un instituto que despierta controversias. Implica la suspensión del juicio penal en los casos en los que las penas sean menores a tres años a cambio de la reparación del daño causado y la realización de tareas comunitarias.

El sistema, adoptado en 1994 por el Código Penal, permitió a través de los artículos 27 bis y 76 bis que la condena pudiera ser reemplazada por tareas comunitarias en aquellos casos en los que la pena máxima prevista para el delito no exceda los tres años de prisión.

Tras la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, la probation o suspensión del juicio a prueba, fue incorporada al Código Contravencional.

Descomprimir. Para el abogado penalista Alejandro Carrió, la probation es un instituto positivo para la administración de la justicia ya que en principio "tiende a descomprimir la inmensa cantidad de causas penales que existen en Argentina". Además, destacó que "es una manera de no estigmatizar a una persona sin antecedentes cuando el delito en que se incurrió no es grave".

Sin embargo, el abogado se mostró en desacuerdo con la decisión del juez en el caso Parrilli: "La razón de ser de excluir a los funcionarios públicos es que deberían predicar con el ejemplo y no recibir beneficios por el carácter dañino que significa que un funcionario delinca".

Carrió recordó además que "la probation tal cual está legislada requiere conformidad fiscal, y en este caso nos encontramos con un fiscal que, directamente, apelará la medida".

Instituto contemplativo. Por su parte, el penalista Adolfo Elía Casabal opinó en cambio que no es correcta la manera que se implementa en general la probation en el país. "Como instituto adaptado a la situación argentina ha sido muy contemplativo. En los hechos, se ha convertido en uno de los medios de dar ventajas a los delincuentes", evaluó el abogado y agregó que en la Argentina "hay una teoría garantista donde la interpretación excesiva de los jueces hace que la condena sea una ilusión".

El abogado indicó que en el caso de Parrilli "los jueces sortearon una falla muy clara al no cumplir con la conformidad fiscal" y que esto se agrava al tratarse del caso de una jueza ya que "se trata de una cuestión ética por la cual un magistrado debería tener un comportamiento ejemplar".

Antecedentes

Autoridades de mesa. La aplicación de este beneficio no estuvo exenta de polémica. Fue utilizado por la Justicia para condenar a 12 autoridades de mesa que faltaron sin justificación a las tareas que les habían sido asignadas en las elecciones presidenciales de 2007.

En el ámbito contravencional, fueron beneficiados con probation más de mil personas a las que durante los controles de alcoholemia realizados por el gobierno porteño se les detectó valores superiores a los permitidos.

En esos casos se permitió que los contraventores realizaran donaciones, cursos de educación vial y tareas comunitarias, como una manera de evitar la pena de prisión prevista.

Otro de los casos resonantes en los que se aplicó la suspensión del juicio a prueba fue para los dirigentes de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (Uocra) que en enero de 2008 protagonizaron cortes de calle simultáneos y sorpresivos en distintos puntos de la ciudad.

Una decena de sindicalistas de la Uocra fue enviada a pintar escuelas, como una manera de compensar el daño realizado.

Maradona. Distinta fue la suerte que corrió el actual DT de la selección argentina, Diego Maradona, en la causa que se le inició por haberles disparado con un rifle de aire comprimido a periodistas que estaban apostados en las afueras de su quinta en Moreno en febrero de 1994.

Aunque la defensa del futbolista había solicitado el beneficio, en sucesivos fallos se le negó la probation y, finalmente en junio de 1998, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a dos años y 10 meses de prisión en suspenso.

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