
La prostitución es un negocio que genera varios millones por año
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El oficio más antiguo del mundo sigue siendo uno de los más productivos: sólo en la Capital Federal genera dividendos por varios millones de dólares al año.
Según diversas fuentes, se pagarían hasta 10 millones de dólares anuales por protección policial, aunque el dinero que efectivamente se mueve es muchísimo mayor.
La autodenuncia que realizó el jefe de la Policía Federal, comisario general Pablo Baltazar García, para que se investiguen las relaciones entre la fuerza y la prostitución organizada puede ser una buen punto de partida para revelar quiénes son los verdaderos beneficiarios de este gran negocio.
Hasta ahora, todo parecía formar parte de las leyes no escritas de la corruptela policial: esa que dice que la fuerza tradicionalmente "recaudaba", en forma ilegal, claro, de las prostitutas y de los quinieleros clandestinos.
Esa vista gorda por hechos ilícitos considerados menores creó en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, úlceras de todos los tamaños. Los policías que debían combatir el tráfico de drogas se dedicaban a la venta de estupefacientes, los que investigaban defraudaciones ejecutaban estafas y quienes perseguían a los piratas del asfalto lucraban con los botines secuestrados. El reino del revés.
Nada es tan simple como parece. El escándalo protagonizado por el juez federal Norberto Oyarbide puso sobre el tapete los vínculos entre el magistrado actualmente de licencia, el comisario en disponibilidad Roberto Rosa y el ahora famoso regente de prostíbulos Luciano Garbellano.
En la causa que instruye el juez de instrucción Fernando Rodríguez Lubary busca probarse si los prostíbulos que dirigía Garbellano eran protegidos por Rosa con la venia de Oyarbide. Pero lo que ahora está en juego, con la denuncia de Baltazar García, es una pesquisa más amplia que puede demostrar si se trata de una organización mayúscula que excedería al trío citado.
En la ciudad de Buenos Aires funcionan actualmente entre 300 y 500 prostíbulos, según un relevamiento realizado por investigadores de la Legislatura porteña, cuando se derogaron los edictos policiales y se sancionó el Código de Contravenciones.
Las mismas fuentes sostienen, en un cálculo extremadamente modesto, que cada uno de esos lugares le paga a la policía un promedio de mil pesos mensuales. Con unos 500.000 pesos al mes, se podría estimar una "recaudación" de seis millones al año.
Pero debe advertirse que la ecuación se realiza sobre bases bien bajas. Conocedores del ambiente prostibulario sostienen que los locales de más nivel pagarían hasta unos 10.000 pesos mensuales. Fuentes judiciales afirman, entonces, que las comisiones pagadas a la policía llegarían a unos 750.000 pesos. De esta forma, el total anual oscilaría entre nueve y diez millones.
Garitos y casinos
Estos números se refieren sólo a la prostitución. Las fuentes de la Justicia consultadas por La Nación sospechan que los dueños de garitos clandestinos también abonan con rigurosa puntualidad abultadas cifras para operar sin inconvenientes.
"El juego por izquierda no comprende sólo a la quiniela ilegal. Abarca sobre todo a los lugares donde se juega al póquer por dinero y donde funcionan ruletas y otro tipo de apuestas", explicó la fuente.
En la Legislatura aseguran que, al igual que los prostíbulos, son muchísimos los casinos que proliferan en varios puntos de la ciudad. En cualquier caso, es imprescindible contar con alguna "protección". Y no obligatoriamente debe ser de la Policía Federal.
La semana última, por caso, el noticiero 24 Horas, de Canal 9, sostuvo que un ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y profesor de historia en colegios secundarios, Raúl Luis Martins, dirigía una red de sexo y extorsión que contaba con tres locales dedicados a la prostitución. Uno de ellos, The One, estaba situada en Chacabuco 164, a escasas cinco cuadras de la Casa Rosada. El informe añadió que Martins ingresó en la SIDE el 1º de noviembre de 1974, apadrinado por José López Rega, y que se fue el 1º de octubre de 1987, jubilado.
Martins es considerado uno de los hombres fuertes del negocio y, según informantes de la justicia correccional, se disputa el liderazgo con otro empresario de la prostitución muy conocido: Carlos Perciavale. Vale aclararlo de entrada: nada tiene que ver con el conocido actor uruguayo. Sólo se llaman igual.
Falta un control efectivo
Mientras estuvieron en vigor los edictos policiales se registraban entre 100.000 y 130.000 detenciones anuales. Bajo el calificativo de "escándalo" se arrestaba a quienes ejercían la prostitución en la vía pública. En este ítem, la cantidad de arrestados oscilaba entre los 20.000 y los 30.000, cada año, de acuerdo con cifras de la Policía Federal.
La derogación de los edictos generó una fuerte controversia entre vecinos, legisladores, funcionarios del Gobierno de la Ciudad y autoridades de la Policía Federal. Los edictos fueron, en buena medida, usados como herramienta para justificar arrestos que de otro modo no se podrían haber realizado.
El abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier, sostiene que "hasta ahora no hay un efectivo control político de la Policía Federal. Los sucesivos gobiernos se corrieron de la obligación de fiscalizar a la fuerza. Con la bonaerense había una especie de acuerdo tácito de dejar hacer. La Federal siempre fue más reacia al control institucional. El problema es que tampoco el Poder Judicial controla como debiera y el control legislativo es prácticamente inexistente. Cuando intervienen en el tema es sólo para sancionar leyes más represivas".






