Los alumnos porteños que pierdan clases por amenazas deberán recuperar los días en diciembre

A medida que las amenazas se replican en los colegios de todo el país, las autoridades jurisdiccionales no solo impulsan protocolos sobre cómo actuar ante estas situaciones. También se lanzaron distintas medidas destinadas a hacer desistir a los estudiantes de ser parte de este tipo de acciones, a la luz de las consecuencias que tendrían para ellos y para sus familias. Por ejemplo, los estudiantes porteños que concurran a establecimientos en los que se deban suspender las clases a raíz de la aparición de avisos sobre tiroteos, tendrán que recuperar en diciembre los días perdidos. Así lo confirmaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Educación de la ciudad, donde actualmente analizan cómo se implementará esta compensación de jornadas educativas.

En tanto, también la provincia de Córdoba anunció que los padres de los alumnos y estudiantes involucrados en amenazas deban pagar los operativos de seguridad que se deban desplegar para asegurarse que no existe peligro real para la comunidad educativa. Algo similar evalúan otros distritos, donde se estudia no renovarle la vacante al alumno involucrado en una amenaza. Es algo que ya habilita el reciente reglamento escolar porteño que el gobierno de Jorge Macri quiere aplicar. Hay que recordar que hace dos años, luego de que se registraran amenazas de bomba en distintos colegios de la Capital, se dispuso que los padres de los chicos involucrados en los llamados y envíos de correos electrónicos pagaran el costo de los operativos.

Estas estrategias, explican las autoridades, buscan desalentar la proliferación de amenazas como parte de un efecto contagio.

El martes por la tarde, luego de anunciar que se había enviado el protocolo de cómo actuar frente a la presunción de la presencia de armas en la escuela, la Ciudad envió una carta a las familias de las instituciones educativas porteñas que incluye un documento titulado “Pautas preventivas y orientativas sobre cómo accionar frente a situaciones de amenazas en los establecimientos educativos”.

El texto, que lleva la firma de la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, pide a los padres que estén atentos al contenido que consumen y difunden en redes y celulares sus hijos. A la vez se les solicita que revisen a diario las mochilas de sus hijos antes de que salgan al colegio.

“Su acompañamiento es importante porque lo que ocurre en casa y lo que conversamos con nuestros hijos también ayuda a prevenir. Les pido estar atentos, supervisar el uso de celulares, redes sociales y juegos en línea, indagar el contenido que circula y conversar sobre la gravedad que implica difundir amenazas, mensajes violentos o información falsa. Asimismo, es importante revisar mochilas, objetos que llevan a la escuela y prestar atención a cambios de comportamiento, al uso excesivo de dispositivos o a la participación en grupos desconocidos. La prevención empieza en casa y necesita del compromiso compartido entre familias y escuela”, dice el texto.

En el documento, primero se detallan las acciones preventivas, destinadas a las autoridades educativas, entre las que se incluye la sugerencia de supervisar las puertas de los baños y espacios comunes durante los recreos y cambios de turno. Esto, porque se supone que las amenazas anónimas aparecen en momentos en que los estudiantes están dentro del colegio y se debe minimizar las situaciones en las que están sin supervisión de adultos. También se apunta que hay que evitar la salida de las aulas durante el horario de dictado de clase, con el mismo objetivo.

A partir de la aparición de amenazas, cada establecimiento podrá decidir temporariamente que los alumnos ingresen sin mochilas ni bolsos.

Ante la aparición de “amenazas graves”, la escuela debe hacer la denuncia de forma inmediata, en el 911 y ante la Supervisión Escolar. Y ante pintadas o inscripciones, se debe preservar el espacio físico, sin alterar las evidencias. En caso de sospecha fundada o detección de un arma, se deberá aplicar el protocolo.

El documento tiene un apartado que se llama “Medidas de continuidad y consecuencias”. Allí se detalla que las clases no se suspenderán, a menos que la policía determine la existencia de un peligro real. Así, la decisión de interrumpir la jornada escolar no dependerá de la autoridad educativa, sino de los responsables del operativo de seguridad.

“La suspensión de clases o la evacuación de un establecimiento ante la existencia de un peligro cierto e inminente responde a una evaluación técnica, objetiva y responsable del riesgo. Dichas medidas, de carácter excepcional, son adoptadas por la autoridad policial en cumplimiento de directivas emanadas de la autoridad judicial competente, con el fin primordial de resguardar la integridad de la comunidad educativa”, se informa.

Esta medida podría ser foco del cuestionamiento por parte de las familias en las instituciones donde aparezcan amenazas, ya que los padres pueden requerir que se suspenda el dictado de clases, mientras que las autoridades educativas del establecimiento no tienen la potestad de determinar si interrumpir o no. Algo así ocurrió en el Colegio Champagnat, donde, ante la aparición de una amenaza y tras un operativo policial, se decidió continuar con el dictado de clases.

Por otra parte, “la actividad escolar se mantendrá de forma habitual, salvo que la institución comunique oficialmente una suspensión basada en el reporte de la autoridad policial. Por lo tanto, mientras no exista una notificación formal de la escuela, se mantendrá el cómputo regular de asistencias según el reglamento vigente”, continúan los lineamientos porteños.

Sobre las consecuencias que generarán las amenazas, según se lee en el documento, si se suspende la jornada escolar o se pierden horas de enseñanza, las clases malogradas se deberán recuperar en diciembre. Es decir, que se extenderá el ciclo lectivo hasta completar los días obligatorios de clase. La idea es desalentar las falsas amenazas realizadas por estudiantes con el objetivo de no tener que ir a la escuela. “Recuperación de clases: en aquellos establecimientos donde se vea afectado el normal desarrollo de las jornadas debido a amenazas o situaciones de violencia, se dispondrá la adecuación o prolongación del ciclo lectivo para asegurar el cumplimiento de los objetivos pedagógicos”, sentencia.

Asimismo, según se puede leer en el flamante reglamento porteño, afectar el clima escolar puede dar lugar a que las autoridades decidan, como acción reparatoria, la realización de algún trabajo comunitario o “en beneficio de la comunidad escolar”. Pero también se habilita que se tomen sanciones que signifiquen la expulsión de ese estudiante del establecimiento (aunque ya no se utiliza tal denominación, significa que no se le permitirá continuar en la institución). En ese sentido, el texto contempla: “Si la Dirección/Rectorado estima la conveniencia de cambio de establecimiento, dicha indicación deberá asentarse en el Boletín de Calificaciones para su inscripción en el otro”.

También advierte que los adultos responsables de los estudiantes involucrados podrán tener que responder a las acciones penales que se le iniciarán ante la participación en las amenazas. “Responsabilidad legal y denuncia judicial: toda amenaza (virtual o presencial, ya sea verbal, escrita, anónima o con armas) que intente infundir temor o alterar el orden está tipificada en el Código Penal constituyendo un delito. Los estudiantes denunciados deberán afrontar el proceso penal pertinente. En los casos que correspondan, los adultos responsables deberán responder en los procesos penales y civiles que se originen, incluyendo la reparación de daños patrimoniales y morales causados al establecimiento y a sus integrantes”, dice el documento porteño.

Por Evangelina Himitian

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