Las peripecias de los que sufren una usurpación

Para ser un usurpador no hay nada mejor que conocer las leyes. Basta saber cómo trabar el desarrollo de la Justicia para que un intruso pueda instalarse en la casa de cualquier vecino y no irse por uno, dos años, o más. El propietario, mientras, deberá recorrer los pasillos de Tribunales, pagar a un abogado y esperar.

Así, según cuentan abogados especializados en el tema, cada día es más usual encontrar en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano organizaciones que lucran con las usurpaciones: les dan "cobertura legal" a los intrusos a cambio de una suma de dinero mensual, a manera de alquiler.

El método más común es la falsificación de contratos de locación, lo que estorba el rápido desenlace judicial de la denuncia, según explicó Enrique Abatti, vicepresidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, entidad que defiende los intereses de los dueños de inmuebles.

Históricamente, las usurpaciones de viviendas se resolvieron de igual forma que los desalojos de inquilinos, pero hace cuatro años una reforma legislativa cambió las penas y el proceso para el caso de intrusiones. Hoy un juez puede resolver en un mes la devolución de una casa a sus propietarios, aun cuando el juicio dura siempre más de un año.

Pero los comerciantes de la usurpación saben cómo dilatar ese plazo.

Cuando una persona descubre que le ocuparon ilegalmente la casa debe hacer la denuncia penal. Por esa vía, el juez determina el desalojo sólo en el momento de firmar el auto de procesamiento del usurpador. Eso difícilmente ocurra antes de un año de la denuncia.

Pero también se puede iniciar una demanda civil. En ese fuero la solución puede ser casi inmediata. A partir de la modificación del Código Procesal determinada por la ley 24.454, de 1995, los jueces tienen la facultad de acceder al pedido del propietario, en cualquier estado del juicio, cuando resulte "verosímil" el reclamo. Eso significa que el dueño presente un título de propiedad, y el intruso no pueda explicar cómo ingresó en la casa.

Según explicó Atilio Alterini, titular de la cátedra de Contratos en la Facultad de Derecho de la UBA, esa modificación de la ley cambió para bien el panorama de quienes luchan contra un usurpador. "El aumento de las penas y el cambio del procedimiento son los únicos mecanismos al alcance del derecho para mejorar esta situación", señaló el especialista.

Para el abogado civil Santiago Bignone el problema no se solucionó con leyes más severas. "Existen organizaciones que explotan a indigentes o inmigrantes mediante el cobro de una especie de alquiler de casas tomadas. Les dan un contrato falso, y con eso logran que los jueces duden. Después entorpecen el proceso con pedidos de recursos o apelaciones", señaló el letrado.

Según datos oficiales del Gobierno de la Ciudad y de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires existen más de 600 viviendas ocupadas ilegalmente. Y la sensación de los que trabajan en la materia es que el problema crece, tal como lo prueba la seguidilla de casos que se conocieron en los últimos días.

Para muestra basta ver lo que ocurre en Cabrera 4026, en Palermo. En esa casa, unas 20 personas rompieron la cerradura, se instalaron ilegalmente y tiraron a la basura todo lo que no les servía de adentro. Esto ocurrió hace un año, y hoy los intrusos siguen viviendo en el lugar.

Juan De Luca, inquilino de la casa, que estaba en Costa Rica cuando tomaron la vivienda, inició una causa civil (juzgado civil 103) y una penal (juzgado correccional 13).

Durante una entrevista con La Nación , De Luca narró que al intentar ingresar en la propiedad, de ocho habitaciones, aparecieron algunos de los usurpadores para decirle que ellos habían alquilado la casa a un individuo que nunca fue identificado, en 250 pesos por pieza.

De Luca tenía allí un taller de restauración de muebles antiguos desde hacía más de 10 años. "Algunos los destrozaron, otros los dejaron en el contenedor y otros fueron llevados del lugar en una camioneta", explicó.

El hombre está indignado."Los usurpadores juegan con la lentitud de la Justicia para quedarse todo el tiempo que puedan -se quejó-. Y, además, venden las cosas valiosas que encuentran adentro. Total, después se van a otra casa."

La usurpación está considerada un delito por el Código Penal. La última modificación sanciona con penas de entre seis meses y tres años a quien por "violencia, amenazas, engaños, abuso de confianza o clandestinidad" entra a vivir en una vivienda.

Probar que se cometió ese delito no es sencillo, y los jueces correccionales sólo pueden ordenar el desalojo una vez firmado el procesamiento del intruso.

Por eso, los especialistas recomiendan que en esos casos se tramite otra causa en el fuero civil, cosa que no siempre toman en cuenta las víctimas de una usurpación.

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