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Las familias demandadas por el gobierno porteño tras la toma del Lengüitas buscan defensa pública
Unas 45 familias ya fueron notificadas, pero la demanda alcanza a 69; un grupo de padres se reunió con la titular de la Defensoría del Ministerio Público porteño
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LA NACION
Familias de estudiantes de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg comenzaron a ser notificadas en los últimos días por una demanda de daños y perjuicios impulsada por el gobierno porteño, que reclama una reparación económica por la toma de 10 días realizada en ese establecimiento en 2022.
Según pudo saber LA NACION, unas 45 familias ya fueron notificadas, pero la demanda alcanza a 69. El expediente se encuentra en una instancia inicial y aún se están tomando medidas para localizar a quienes resta avisar, ya que durante estos años podrían haber cambiado su domicilio.
La Ciudad les reclama colectivamente el pago de $10.514.119,49 más los intereses devengados, argumentando que la negativa de los padres a retirar a sus hijos constituyó un aval a la toma ilegal del colegio, haciéndolos civilmente responsables por los costos económicos que debió afrontar el Estado.
Detallan que la “consecuencia patrimonial concreta” para el gobierno porteño, en ese momento encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, fue “el costo de los salarios pagados a los docentes por las horas cátedra de clases que no han podido ser dictadas, así como también al personal no docente por la jornada laboral en la escuela que no pudo ser llevada a cabo”. El monto surge de sumar el costo laboral del personal docente y no docente del Lengüitas y también de la Escuela de Comercio N° 26 Enrique de Vedia, que funciona en el turno noche en ese mismo edificio.
Ayer, un grupo de padres se reunió con la Dra. Giselle Furlong Pader, titular de la Defensoría del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para analizar su situación. Quienes ya fueron notificados cuentan con 30 días hábiles para responder.
Furlong Pader representó hace algunos meses a Mónica Gullo, quien también había sido demandada por el gobierno porteño, en su caso por una toma en el Liceo N° 5 D.E. 11 “Pascual Guaglianone”, y recibió una sentencia favorable. En esa causa, el gobierno también había argumentado que la permanencia de los alumnos había generado un perjuicio económico correspondiente a los salarios del personal docente y no docente. La defensa de Gullo sostuvo que la toma fue un ejercicio legítimo del derecho a la protesta y cuestionó la existencia de daños patrimoniales reales. Finalmente, el juez decidió rechazar la demanda al considerar que el Gobierno no pudo probar un menoscabo económico concreto y que los salarios “constituyen un gasto que el GCBA hubiera tenido que afrontar independientemente de la existencia del hecho”.
En esta demanda, utilizan el mismo argumento. “Los docentes que debían dictar clases para que todos los estudiantes pudieran aprender se vieron impedidos de hacerlo, causando múltiples perjuicios de índole pedagógica, logística, funcional no solo al GCBA sino a toda la sociedad que aporta con sus impuestos a la educación pública”, detalla la demanda civil, a la que accedió LA NACION.
En aquel momento, Soledad Acuña, quien era ministra de Educación, había adelantado que la Ciudad impulsaría reclamos ante la Justicia. “Los adultos responsables de aquellos alumnos que participan de las tomas deberán responder por los daños que pudieran sufrir los estudiantes y los bienes escolares. Además, se está preparando una demanda civil para transferirles el costo correspondiente al pago de los sueldos a docentes y no docentes por cada día sin clases debido a la toma de la escuela”, había advertido la exfuncionaria.
El fundamento legal de la demanda del gobierno de la ciudad contra las familias se basa en la responsabilidad sobre sus hijos, citando el artículo 1754 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que los padres son solidariamente responsables por los daños que causen sus hijos si estos viven con ellos y están bajo su responsabilidad parental.
Mencionan, a la vez, la Ley de Educación Nacional, que establece que los padres tienen la obligación de hacer cumplir la educación obligatoria de sus hijos, asegurar su concurrencia a las escuelas. Por último, citan una resolución del Ministerio de Educación porteño, aprobada en 2018, conocida como el “protocolo antitomas”, que establece las pautas de convivencia escolar y las legales durante las tomas de colegios, y remarca la “corresponsabilidad de las familias” ante estas situaciones.
El “protocolo antitomas”
La resolución señala que, si bien la responsabilidad parental se delega en el establecimiento mientras los alumnos están bajo su órbita, se activa la corresponsabilidad de las familias ante la pérdida del control gubernamental de la escuela por la toma.
El protocolo ordena que la máxima autoridad escolar debe “citar de manera inmediata”, ya sea por vía telefónica o por los canales habituales de contacto, a los padres o tutores “para que retiren a sus hijos del establecimiento” ante “la imposibilidad de prestar el servicio educativo”. Los alumnos únicamente deben retirarse del establecimiento en compañía de su adulto responsable o tutor. Al momento de retirarlos, el adulto responsable debe firmar obligatoriamente un acta en donde se le notifica formalmente que, mientras dure la toma, la responsabilidad sobre el menor recaerá de manera exclusiva sobre el adulto.
La autoridad escolar también debe dejar constancia escrita de los padres o tutores que no hayan retirado a los menores a su cargo, registrar los motivos y dejar asentado que se les hizo saber explícitamente que la responsabilidad legal sobre el alumno recaerá de manera exclusiva sobre el adulto responsable durante la toma.
El caso de las 69 familias demandadas
Las 69 familias listadas en esta demanda, según pudo saber LA NACION, son aquellas que no fueron a retirar a sus hijos durante la toma. La ocupación comenzó el 26 de septiembre de 2022 y se extendió hasta el 5 de octubre de ese año. Ante la cantidad de estudiantes y de familias que no estaban de acuerdo con la toma del establecimiento, el gobierno porteño habilitó luego de diez días la posibilidad de volver a clases en el edificio de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, en la avenida Paseo Colón 255. Esa misma tarde, finalmente, se levantó la toma.
Los alumnos se habían plegado a la iniciativa del centro de estudiantes de la Escuela Normal Superior N°2 en Lenguas Vivas Mariano Acosta, la primera en esa cadena de protestas por la mala calidad de las viandas, en contra de reformas inconsultas –como las prácticas laborales obligatorias que se establecieron en aquel momento– y “la persecución política a los centros de estudiantes”. Acuña sostenía que estaban incitadas por el kirchnerismo.
En los días posteriores, otros colegios porteños fueron tomados en diferentes momentos –incluido el Colegio Nacional de Buenos Aires, dependiente de la Universidad de Buenos Aires– y algunos sumaron pernoctes y asambleas permanentes, esgrimiendo los mismos reclamos. Durante el conflicto, llegó a haber más de 10 instituciones tomadas.
LA NACION
