Los fiscales ambientales de todo el país se unieron en un mensaje federal para reafirmar su compromiso con su compleja labor
La Red Argentina de Fiscalías Ambientales difundió un video institucional y destacó el rol de los ministerios públicos en la protección de los recursos naturales, la biodiversidad y los intereses generales de la sociedad
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En el marco del Día Mundial del Ambiente, la Red Argentina de Fiscalías Ambientales (RAFA) difundió un video institucional en el que fiscales de distintas jurisdicciones del país reafirmaron su compromiso con la protección ambiental y destacaron el papel que cumplen los Ministerios Públicos Fiscales en la defensa de los intereses generales de la sociedad.
“Desde la Red Argentina de Fiscalías Ambientales nos unimos en una sola voz para reafirmar nuestro compromiso con la protección del ambiente desde el rol clave de los Ministerios Públicos Fiscales”, expresaron los integrantes de la organización.
La entidad reúne a fiscales y funcionarios especializados en materia ambiental de distintas provincias y de la justicia federal. Su presidente es Jorge Barraguirre, procurador general de Santa Fe y representante de la región NEA dentro de la organización.
En diálogo con LA NACION, Barraguirre explicó que uno de los principales objetivos de la red es fortalecer los vínculos entre los operadores judiciales que trabajan en conflictos ambientales a lo largo del país. “Lo que estamos haciendo desde la fundación de la red, en el último trimestre de 2024, es generar, antes que nada, vínculos. En segundo lugar, reforzarlos a través de trabajos y esfuerzos de capacitación en seminarios, conversatorios, talleres y jornadas”, señaló. La capacitación constituye uno de los ejes centrales de la organización. Su presidente adelantó que en noviembre se realizarán las terceras jornadas nacionales de la entidad.
Otro de los aspectos que destacó fue el intercambio permanente de experiencias entre los integrantes de la red. “Es el lema que incorporó un fiscal de Neuquén: ‘Nunca más solos’. Es muy fuerte”, afirmó Barraguirre. Sostuvo que uno de los objetivos a largo plazo de la red es avanzar en la elaboración de guías de buenas prácticas para la actuación fiscal en materia ambiental. Como antecedente mencionó la guía sobre pericias ambientales presentada el año pasado en Salta.
Desafíos
Respecto de los desafíos que enfrentan actualmente los ministerios públicos, señaló que entre las preocupaciones más frecuentes aparecen la preservación de humedales, el ordenamiento territorial, el uso responsable de fitosanitarios y la protección de los cursos de agua y de la fauna ictícola. “Las herramientas que hoy están necesitando los ministerios públicos, y por eso las alianzas con el CONICET, son básicamente los problemas técnico-periciales”, sostuvo.
Para Juan Sebastián Lloret, fiscal provincial por concurso de Salta, representante de la región NOA y secretario de la RAFA, la consolidación de espacios especializados responde a la creciente relevancia que adquirió la cuestión ambiental dentro de los sistemas judiciales. “El objetivo prioritario de los ministerios públicos fiscales es la protección de los intereses generales de la sociedad y, bajo este objetivo prioritario, con la irrupción de la problemática ambiental, su constitucionalización y su convencionalización en el derecho internacional, los ministerios públicos fiscales empezaron a tener un rol protagónico, no solo en la región, sino en el mundo entero”, afirmó.
Lloret señaló que existen organizaciones similares en distintas partes del planeta, entre ellas la Red Europea de Procuradores Ambientales (ENPE) y la Red de Ministerios Públicos Ambientales de Latinoamérica (REDEMPA), cuyo propósito es fortalecer la especialización, la cooperación y el intercambio de conocimientos. “La especialización en la cuestión ambiental es una obligación en nuestra región, inclusive convencional a través del Acuerdo de Escazú. La justicia debiera ofrecer miembros especializados y organizaciones especializadas a los ciudadanos para la defensa del ambiente”, expresó.
Según explicó, uno de los objetivos del video difundido por la entidad fue mostrar el carácter federal que posee actualmente la organización y el compromiso de quienes intervienen en una materia que definió como especialmente compleja. “Es una materia transversal, cruzada no solo por las cuestiones políticas, económicas y del desarrollo social, sino también por la delincuencia organizada y el lavado de activos. Es una cuestión sumamente compleja de trabajar”, indicó.
El fiscal sostuvo, además, que el trabajo de los ministerios públicos consiste en promover la actuación judicial y servir de nexo entre los intereses colectivos y el sistema de justicia. “Los fiscales no dictan resoluciones judiciales definitivas, pero tienen un rol central en trazar ese nexo entre los intereses generales de la sociedad y la administración de justicia. Promueven casos, ofrecen pruebas, producen pruebas y realizan investigaciones para lograr mejores decisiones jurisdiccionales”, explicó.
En relación con la protección ambiental, consideró que existe una vinculación directa entre el derecho a un ambiente sano y el derecho a la vida: “El derecho ambiental protege los bienes esenciales que hacen posible la vida. Ante una mejor calidad ambiental, hay una mejor calidad de vida”, afirmó.
Lloret también repasó los orígenes de la organización. Según relató, la red comenzó como un espacio informal de intercambio entre fiscales especializados que compartían experiencias, jurisprudencia, dictámenes y contactos técnicos para mejorar su trabajo cotidiano. Con el tiempo, ese espacio se consolidó dentro de los encuentros nacionales de los ministerios públicos y en el ámbito del Consejo Federal de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina.
“El consejo declaró de interés el primer encuentro de lanzamiento, que fue en Villa La Angostura. Luego, en Santa Fe se realizó el segundo encuentro nacional y allí se llevó adelante la primera asamblea constitutiva de lo que hoy es la asociación civil de la Red Argentina de Fiscalías Ambientales”, recordó.
“La tarea ambiental es sumamente compleja y costosa. Probar un caso ambiental, tanto civil como penal, es altamente más complejo que un caso normal y requiere muchísimo esfuerzo interdisciplinario”, sostuvo. Como ejemplo, señaló que las distintas regiones del país desarrollaron conocimientos específicos vinculados a sus problemáticas predominantes. Mencionó la experiencia petrolera del sur, la minera del norte, la forestal del noreste y la agropecuaria de la región pampeana.
Para Lloret, los últimos años estuvieron marcados por una creciente profesionalización de la actuación ambiental dentro de los ministerios públicos. “Se busca abandonar una etapa más retórica para pasar a una etapa mucho más técnica, robusta, científica e integral al asumir los distintos conflictos ambientales. Los casos cuentan con más prueba, mejores sentencias y ejecuciones más efectivas”, afirmó.
También señaló que los ministerios públicos comenzaron a incorporar con mayor intensidad estándares internacionales vinculados con la protección de víctimas de conflictos ambientales.
Dentro de la estructura de la RAFA existe además un estamento nacional representado por el fiscal federal de Moreno, Leonardo Filippini. “La organización del comité intenta reflejar las distintas jurisdicciones, las distintas problemáticas y las distintas voces de quienes trabajamos en esta temática”, señaló a LA NACION. Explicó también que la representación federal responde a la necesidad de abordar conflictos ambientales que exceden los límites de una provincia y requieren la intervención de organismos nacionales.
Como ejemplo, mencionó la causa por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, en la que intervinieron simultáneamente la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, varios municipios y organismos nacionales. “Es un problema que no sabe de límites. La red intenta articular también esa complejidad”, indicó.
El fiscal federal sostuvo que la conmemoración del Día Mundial del Ambiente constituye una oportunidad para visibilizar tanto la problemática ambiental como las obligaciones que tienen las fiscalías en esta materia. “El ambiente aparece respaldado por la propia Constitución y nos convoca a todos quienes integramos los ministerios públicos fiscales a trabajar en torno a él”, afirmó. Y agregó: “Es una forma de poner en valor, de hacer conocer y también de rendir cuentas acerca de las obligaciones que las fiscalías tienen en materia de trabajo ambiental”.
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