Marcha universitaria: a qué hora es la movilización de este martes 12 de mayo y todo lo que hay que saber
Se trata de la cuarta vez en que se marchará en defensa de la educación pública durante la gestión de Javier Milei; los manifestantes pedirán que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario
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LA NACION
La cuarta marcha universitaria federal es este martes 12 de mayo. La movilización contra el Gobierno de Javier Milei tiene como objetivo reclamar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Quienes quieren participar de ella, se preguntan a qué hora es.
La Federación Universitaria Argentina (FUA), en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario, convocaron “a la comunidad estudiantil, docente, no docente y a la sociedad” en distintos puntos del país. En la ciudad de Buenos Aires, la concentración será en Plaza de Mayo, frente a Casa Rosada, a partir de las 17.
El pasado miércoles 6 de mayo, los rectores de las universidades nacionales, junto con gremios docentes, no docentes y representantes estudiantiles, ratificaron la marcha de este martes. Lo hicieron a partir de la conferencia de prensa, donde pidieron acompañamiento y hubo duros cuestionamientos a la postura de la gestión de Javier Milei. “Necesitamos que seamos muchos y muchas en todas las plazas del país. No solo quienes formamos parte de la comunidad universitaria y científica, sino la sociedad en su conjunto”, remarcó el rector de la Universidad Nacional de Rosario y titular del CIN, Franco Bartolacci.
En ese sentido, se destacaron los fallos judiciales favorables al sector universitario y se advirtió que las casas de estudios superiores en la Argentina atraviesan el momento de menor financiamiento de su historia. “Estamos en el punto histórico más bajo, que es 0,4% del PBI. Aun aplicando la ley de financiamiento universitario, seguiríamos estando en el punto histórico más bajo”, sostuvo Bartolacci.
En relación con la decisión del Ejecutivo de no acatar la postura del Congreso, donde el veto a la norma fue rechazado con amplia mayoría por las dos cámaras, Bartolacci manifestó que el oficialismo “sigue sin dar respuestas” pese a los avances en la Justicia. “Si no vale la legitimidad incuestionable de una ley razonable aprobada por el Congreso de la Nación, si no vale lo que ordena la Justicia para que esa ley se cumpla, que valga la voz del pueblo”, insistió.
Se trata de un conflicto que se remonta a abril de 2024, cuando se llevó a cabo la primera marcha multitudinaria para pedir más fondos para las universidades públicas. En ese momento, el reclamo se centraba en la actualización para los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios, que representan cerca del 10% de las partidas que reciben las universidades cada mes. Cerca de un 90% se destina al pago de salarios, que se renegocian a través de paritarias. Esto obligó al Gobierno nacional a sentarse a dialogar y a conceder el aumento del 270% para estos gastos que reclamaba el sistema universitario.
La Ley de Financiación Universitaria, sancionada por el Congreso en 2025, insta al Gobierno libertario a reforzar fondos de las universidades públicas y contempla una recomposición salarial desde 2023. Pero su aplicación quedó suspendida por el Ejecutivo hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado dejaron sin efecto este veto, pero sigue sin aplicarse la normativa por parte del Poder Ejecutivo.
Es así que este año se prorrogará el mismo presupuesto que para 2023, dado que el de 2024 nunca se aprobó en el Congreso. En tanto, los salarios de los docentes universitarios son los más bajos en los últimos 23 años, con casi un 34% de pérdida de poder adquisitivo.
Por su parte, el Gobierno dejó en claro que está dispuesto a llevar su postura hasta la última instancia para evitar cumplir la norma sancionada en el Congreso el año pasado. En ese camino, recurrió a la Corte Suprema al presentar un recurso extraordinario para no actualizar los salarios docentes ni los programas de becas, tal como le ordenaron dos fallos judiciales.
El Ejecutivo insiste en que la norma no prevé en forma expresa su financiamiento y señala que “afecta la estabilidad económica y la macroeconomía del país”. Marca que, según un informe del Ministerio de Economía, cumplir con la ley requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades.
Implicaría “una parálisis significativa del funcionamiento de los tres poderes del Estado, como, por ejemplo, la suspensión del patrullaje de las fuerzas federales en las calles de la ciudad de Rosario, la suspensión en la provisión de alimentos en las cárceles federales o el cierre de todos los juzgados federales, la Corte Suprema de Justicia y el cierre de ambas cámaras legislativas”.
A su vez, solicitaron que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se excusen de votar en este expediente por tener cargos docentes vigentes o en licencia. La ley de medidas cautelares contra el Estado, aprobada por iniciativa de Cristina Kirchner, señala que la sola apelación de una cautelar mediante un recurso extraordinario suspende la medida. En ese sentido, desde el Gobierno señalan que, con la sola presentación de este escrito, no les corresponde pagar.
En paralelo a la vía judicial, según publicó LA NACION, el oficialismo buscará reactivar el nuevo proyecto de ley que deroga la actual y la modifica para amortiguar su impacto fiscal. La iniciativa fue presentada en Diputados durante las sesiones extraordinarias en febrero pasado.
LA NACION
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