Más acusaciones por el Banco Mendoza

MENDOZA.- La fiscal Alejandra Obregón de Giuffré requirió al juez Luis Leiva que impute a los últimos integrantes del directorio estatal del Banco Mendoza por violación a la ley penal tributaria, al unificarse los procesos que se siguen en el juzgado federal Nº 1 de esta provincia y en los cuales está acusado -y prófugo- el último titular de la institución, Raúl Moneta.

Leiva decidió unificar el caso del Banco Mendoza, privatizado, con un proceso anterior, iniciado en 1996, cuando aún era estatal, como estrategia para retener la causa que fue solicitada por el juez Gustavo Literas, de la Capital Federal.

La unificación de las causas fue apelada anteayer por cuatro ex directivos del Banco Mendoza SA, Hugo Emili, Jorge Rivarola -ambos son los dos únicos detenidos del sonado caso-, Jorge Menéndez y Héctor López. Menéndez está eximido de prisión por el juez Literas en Buenos Aires y el último se encuentra imputado "prima facie" y tras prestar declaración se halla en libertad.

Recurso de Moneta

En cuanto a Moneta, llegó ayer información a esta provincia de que su defensa presentó un recurso de hábeas corpus en un juzgado de la Capital Federal. Con este requerimiento se intentaría que no se cumpla la orden de detención dictada por el juez federal mendocino.

También se supo que el juez Literas secuestró documentación del Banco Central (BCRA) para analizar redescuentos que la autoridad monetaria había concedido al Banco República -la otra entidad financiera que presidía Moneta-. El Central, en este caso, se habría comprometido a enviar la semana próxima documentación faltante, que contendría detalles de la fusión del República con el Mendoza y permitiría indagar el rol del BCRA cuando aprobó esa operación.

En la causa debe resolverse un problema de competencia, ya que tanto Leiva como Literas investigan irregularidades por la integración de los bancos, la caída del Mendoza y la administración de este último.

El último directorio estatal

La etapa estatal del Banco Mendoza sumará ahora una nueva investigación ante la acusación de la fiscal Obregón a los últimos integrantes de la institución y a los del Banco de Previsión Social. En 1995, el gobierno provincial decidió privatizar las dos entidades, de las que se hizo cargo el consorcio Banco República-Magna Inversora, cuando ganó la licitación pública internacional, en la que incluso fue convocada la Legislatura para la aprobación del traspaso a manos privadas.

El 2 de diciembre de 1996, el consorcio adjudicatario tomó posesión definitiva de los bancos bajo la presidencia de Moneta y a partir de ese momento las dos entidades comenzaron a transitar un proceso de fusión legal y operativa, que se concretó tiempo después.

Las acusaciones de la fiscal sobre la última gestión estatal de los bancos provinciales recayó en el ex presidente Francisco Díaz Telli y sobre los ex directores Esteban Onofri, Félix La Red, Jorge Vicchi y Jorge Inchauspe.

La imputación de Obregón se relaciona con la unificación de las causas del Banco Mendoza estatal con el privado y a raíz de una denuncia que formuló el diputado nacional Gustavo Gutiérrez, del Partido Demócrata, en mayo, y que consta de 140 fojas.

Imparcial

MENDOZA.- La fiscal Alejandra Obregón de Giuffré negó haber sufrido algún tipo de presión por parte del procurador general de la Nación, Nicolás Becerra.

"No ha habido ni una llamada de teléfono", señaló la fiscal a la prensa. "Debo decir que el procurador se ha portado correctamente", añadió la fiscal al alejar sospechas de que Becerra pueda formar parte de un operativo judicial para que la causa del Banco Mendoza se traslade al juzgado de Gustavo Literas.

Becerra es el jefe de todos los fiscales federales y puede dar instrucciones generales a los fiscales.

En la causa que instruye Literas interviene el fiscal Montenegro, quien fue el que pidió el allanamiento del Banco Central realizado el jueves último.

Por Luis Gregorio

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