Apuntan a los padres de 1000 alumnos imputados por amenazas de bomba

Fuente: Télam
María José Lucesole
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16 de mayo de 2019  • 16:38

LA PLATA.- Unos 1000 padres de alumnos que asisten a escuelas de la provincia deberán responder por amenazas de bomba falsas hechas por sus hijos en el último año. Los adultos -en su mayoría padres de alumnos de escuelas públicas y de familias de escasos recursos- podrían enfrentar penas que parten desde los $60.000. Este es el costo que supone para el erario el hecho de movilizar, ante cada amenaza a un edificio público, personal de la policía, de bomberos, de la dirección antiexplosivos y ambulancias.

La Fiscalía de Estado -que es el organismo constitucional a cargo de la defensa de los intereses del erario- confirmó a LA NACION que tramita al menos 1000 expedientes para hacer pagar a los responsables de estos hechos.

Las causas se inician en sede penal por el delito de intimidación pública sobre la base del artículo 211 del Código Penal cuando la policía interviene en las denuncias luego de las llamadas al 911.Un vez que se forma la causa, la Fiscalía de Estado se presenta en la querella como particular damnificado.

El organismo interviene en la causa penal y con los elementos de prueba reunidos interpone luego una demanda civil. En la mayoría de los casos los responsables de las amenazas falsas son menores y, por lo tanto, son sobreseídos en la sede penal. Sin embargo, sus padres deben responder patrimonialmente ante la Justicia Civil por el perjuicio ocasionado al erario.

En marzo pasado se dictó la primera condena contra un joven que hizo amenazas en una escuela pública de Morón. Debió pagar $60.000 y realizar tareas comunitarias.

Ahora la Justicia buscará responsabilizar a los alumnos mayores de edad o a los padres de los menores para que respondan con su patrimonio. Así se promueve desalentar nuevos episodios que provocan la suspensión de clases.

Luego de cada llamada al 911 en la que se advierte sobre una amenaza de bomba se activa un protocolo en el Ministerio de Seguridad. Primero se avisa a la Dirección de Explosivos y se envía un camión con contenedor especial para trasladar artefactos explosivos. En el vehículo van dos peritos para inspeccionar el lugar. Al mismo tiempo, interviene personal de la comisaría más cercana para evacuar el establecimiento.Se inspecciona el lugar y se labra un acta, con la participación de, al menos, un testigo. En cada maniobra se movilizan brigadas de explosivos, bomberos y personal de Defensa Civil, además de ambulancias. Y se pone en alerta a los hospitales de la zona.

Incremento

Estos delitos, que provocan el movimiento de una fuerte logística, tuvieron un aumento significativo los últimos años. Según los datos de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, los delitos contra el orden público registraron una suba del 695% entre 2016 y 2017. De 480 hechos en 2016 se pasó a 3819 en 2017. Las instrucciones penales preparatorias iniciadas por este delito correspondían en 2016 al 2,9% cada 100.000 habitantes. En 2017, ascendieron a 22,4% cada 100.000. En los próximos meses se conocerá la evolución de estos hechos entre 2017 y 2018, pero se descuenta que se sostuvo un importante número de amenazas falsas: solo en el primer semestre de 2018 se registraron 1368 llamadas al 911. El segundo semestre fue mucho más elocuente en lo que respecta a la suspensión de clases por estas advertencias, pese a que las cifras oficiales no se difundieron aún.

El gobierno de María Eugenia Vidal tomó cartas en el asunto y advirtió públicamente sobre la gravedad de estos episodios. El tema puso en alerta a las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación, que ordenó dar charlas en las escuelas para advertir sobre las consecuencias de estos actos. "Hubo llamadas todos los días y la mayoría se dieron en la región capital y la zona oeste del conurbano", dijo una fuente del gobierno a LA NACION.

La inmensa mayoría de los autores identificados son menores de edad, que no son punibles penalmente por el delito. Pero una vez que el Estado logra acreditar que desde el teléfono de un adulto se produjo la amenaza puede iniciar una demanda civil al padre del menor. En muchos casos se pide una inhibición general de bienes. Luego se tramita una causa civil. "No hace falta una condena penal sobre el imputado para que se pueda iniciar el reclamo civil. De hecho, muchas veces no se llega a la condena e igual se hace el reclamo patrimonial", explicaron fuentes judiciales.

La mayor parte de las amenazas se registraron el año pasado en los departamentos judiciales de Moreno, Lanús y La Plata. En esta capital se acumularon 600 amenazas de bomba solo en 2018. Hubo momentos en que se registraron 30 diarias. Berisso tuvo el mayor número de amenazas registradas en establecimiento educativos.

El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta investigó y logró esclarecer muchos de estos episodios. Hubo casos en que el mismo menor registró hasta 30 delitos por intimidación al orden público. En ese caso, por ejemplo, sus padres podrían ser demandados por casi $2 millones.

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