Miles de cámaras, la fórmula de Londres

LONDRES.- "Se avisa a los señores pasajeros que cámaras de circuito cerrado están activadas en toda la estación y que serán utilizadas para la sanción de toda actividad ilegal." Tan acostumbrados están los londinenses a escuchar esta frase, repetida como oración del Angelus cada cinco minutos por los altoparlantes de la estación ferroviaria de Paddington, que para ellos es poco más que un rumor de fondo apenas menos estruendoso que los motores de las locomotoras.

El aviso, sin embargo, tiene dos propósitos. Primero, desalentar al descuidista o al bravucón acicateado por el alcohol a hacer algo de lo que, a la larga, sabe que se arrepentirá. Segundo, advertir a los malhechores que no podrán ampararse tras las leyes de protección de la vida privada al alegar que no sabían que sus acciones estaban siendo filmadas.

En un país donde la policía no está autorizada a portar armas durante sus patrullas de rutina (con excepción de los aeropuertos, y ésta es una innovación derivada de la creciente amenaza terrorista), las autoridades se ven obligadas a hacer de la inteligencia y la discreción armas invisibles.

Todo esto deja en evidencia los tres ingredientes principales de la receta inglesa para garantizar la seguridad de sus ciudadanos: el uso de la tecnología como medio preventivo y de procesamiento, la discreta presencia policial en la comunidad y una justicia efectiva, que envía a diario el mensaje de que las chances son altas de que se cumpla aquella máxima de que "aquel que la hace, la paga".

Para poner esto en práctica, Londres cuenta con 10.524 cámaras de video en sus calles, la mayoría de ellas sufragadas por el Ministerio del Interior, a un costo total de 280 millones de dólares. El barrio que cuenta con el mayor número de ellas, Hackney, con 1484, ha logrado reducir su índice de criminalidad 22,2 por ciento en el período 2006-2007.

Además de aquellas que dependen del gobierno, se estima que en Londres hay unas 500.000 cámaras, casi todas de propiedad privada, dedicadas a la videovigilancia. En todo el Reino Unido hay unas 4.200.000 cámaras, a razón de una cada 14 habitantes.

Hay quienes, sin embargo, cuestionan la efectividad de dejar la seguridad en manos de este "Gran Hermano". El barrio de Brent, por ejemplo, bajó su índice de criminalidad el 25,9 por ciento aunque cuenta "sólo" con 164 cámaras. Este logro parece haber sido resultado de, simplemente, haber mejorado la iluminación de las calles.

No faltan quienes critican lo que consideran una invasiva forma de vigilar a la población. " One nation under CCTV [«Una nación bajo CCTV», sigla de circuito cerrado de video y TV]", reza una pintada que puede verse en una foto que circula por Internet. En otra se ve un cartel en el que cuatro videocámaras componen sendos brazos de una esvástica.

Aun así, las estadísticas oficiales en el ámbito nacional denotan grandes avances. La criminalidad cayó 10% en los últimos dos años. El número de incidentes serios con armas de fuego pasó de 645 en el período 2005-2006 a 566 en 2006-2007 (12 por ciento menos). El de robos a mano armada bajó el 3 por ciento; el de vandalismo, 10%, y el robo de autos, 11 por ciento. El riesgo de ser víctima de un crimen pasó de 24 a 22 por ciento.

La delincuencia juvenil

Sí se evidencia, a pesar del "Gran Hermano", un aumento de la delincuencia juvenil. Las razones de este incremento son múltiples, aunque parecen tener gran influencia el alto número de divorcios y la necesidad de muchas parejas de contar con dos empleos para poder vivir, lo que ha reducido enormemente la vigilancia parental sobre los más jóvenes.

No hay dudas de que el gobierno británico está tratando de sacar de esta experiencia más de una lección. La ministra del Interior, Jacqui Smith, propuso recientemente monitorizar a las 100.000 familias consideradas "más conflictivas" y recortar los beneficios sociales a quienes no controlen a sus hijos.

La funcionaria también prometió recortar las tareas burocráticas de la policía para que los agentes puedan estar más tiempo en las calles y menos en sus oficinas.

Más controversial es su sugerencia de que todo atacante sea obligado a visitar los servicios de urgencia de los hospitales para que perciba con sus propios ojos cuál es el trauma físico y psicológico que provoca en sus víctimas.

Por Graciela Iglesias <br/> Para LA NACION

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