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No habrá zonas rojas en la ciudad
Por ahora, Ibarra no las delimitará
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El gobierno porteño no delimitará por ahora ninguna zona especial para el ejercicio de la prostitución callejera, con lo que evitará la creación oficial de las denominadas zonas rojas, permitidas por el nuevo Código Contravencional. Así lo confirmaron ayer a LA NACION un secretario y un subsecretario de Estado que conocen bien el tema.
El nuevo Código habla de "límites" geográficos para la oferta y demanda de sexo en la vía pública. Traducido, esto significa, claramente, la institucionalización de las zonas rojas. Sin embargo, no fija un lapso para la definición de los márgenes físicos, no aclara quién debe decidirlo y, por las dudas, señala que, mientras no se delimiten las zonas liberadas para la prostitución, las trabajadoras sexuales podrán desempeñarse tranquilamente a 200 metros de escuelas, templos y viviendas.
Reticencias
El tema, de todas maneras, es que el gobierno porteño tomó el asunto, si bien aún restan conversaciones más profundas entre los principales funcionarios y Aníbal Ibarra, ya se decidió que, al menos por ahora, no habrá zonas rojas en la Capital.
"Instalar una zona roja oficial significa, de alguna manera, regular la actividad, y el gobierno no tiene ningún interés en algo por el estilo. Por ahora, sólo en algunos países europeos, con otra cultura o idiosincrasia, esto pudo convivir con la sociedad. En el resto del mundo, siempre trajo problemas", explicó uno de los secretarios de la Ciudad.
En la Legislatura, un diputado independiente de buena relación con el gobierno local admitió que la "zona gris" en la redacción del artículo sobre oferta y demanda de sexo en la vía pública fue casi adrede.
"No pusimos un plazo para la delimitación porque es posible que el Poder Ejecutivo no quiera una zona especial para el ejercicio de la prostitución. Por eso, también, incluimos la cláusula transitoria para que la prostitución no pueda ejercerse a menos de 200 metros de templos, escuelas y viviendas. Mientras no haya zona roja, rige esto último. Hay que entender que resultó muy complicado alcanzar consensos para la sanción del Código, y esto, así, fue lo más aceptado", confió el diputado.
El jefe de gobierno no quedó conforme con la redacción de varios de los artículos del Código, incluido el de la oferta y demanda de sexo en la vía pública. "Pero, de todas maneras, no va a instaurar una zona roja. No es la idea de este gobierno", aseguró un subsecretario que pidió no dar a conocer su nombre.
"Todavía tenemos que reunirnos con el jefe de gobierno para analizar bien cada artículo, pero desde ya que zonas rojas para el sexo no queremos", insistió el secretario consultado, que también pidió reserva de su nombre "porque -dijo- todavía Ibarra no se pronunció públicamente".
Posibles leyes correctivas
El gobierno porteño tiene tiempo hasta el 4 del mes próximo para vetar el Código Contravencional. Algo está claro: Ibarra y sus principales funcionarios no quedaron conformes con el texto. Sin embargo, no habrá modificaciones de fondo, aunque sí es posible que las haya por "errores técnicos", como confirmaron dos funcionarios locales.
Ibarra analiza dos posibilidades: vetar algún artículo o promulgar el Código y, después, enviar a la Legislatura alguna ley correctiva. Ayer, esta última idea parecía la preferida, aunque en el gobierno aclararon que "dependerá de que las herramientas legales permitan modificar un texto poco claro".
Concretamente, en el gobierno no están de acuerdo con la cláusula transitoria para la oferta y demanda de sexo (porque no incluye las sanciones para quienes no la cumplan) ni con la inclusión de la venta ambulante como tal (sostienen que la definición de algo "ambulatorio" tiene que ver con la salud y no con el comercio callejero), por citar dos ejemplos.
"No podemos permitir que el Código caiga otra vez en una nebulosa, pero el problema es que si lo vetamos pueden pasar otros ocho meses hasta que se apruebe de nuevo", explicó un subsecretario. Por esto Ibarra parece hoy más cerca de la promulgación del Código, pero con el envío posterior de leyes correctivas.
