Nordelta: aprueban el ingreso de colectivos y ya hay un amparo

"Esto va a terminar a las piñas", comentó alguien y, por un momento, ese augurio parecía inevitable. La sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Tigre debía comenzar a las 10, pero a las 11.30 los asientos de los legisladores aún seguían vacíos. El resto de la sala era un hervidero, decenas de personas apretadas que discutían entre sí, gritaban consignas, levantaban afiches escritos en cartulina.

En la primera línea se sucedían las melenas rubias, los relojes, anillos y pulseras ampulosas de las residentes de Nordelta, que llevaban carteles con las frases "Escuchen a los vecinos" y "No al transporte público". Más atrás, militantes peronistas cantaban "las calles son del pueblo" y "Tigre sí, colonia no".

En este contexto caliente, se anunció pasado el mediodía de ayer la aprobación unánime de la ordenanza que autoriza en los próximos 90 días el ingreso de la línea 723 de colectivos en Nordelta, el exclusivo emprendimiento inmobiliario fundado casi veinte años atrás por el empresario Eduardo Costantini.

Aunque finalmente no hubo piñas en el Concejo, sí habrá pelea en los tribunales: días atrás, dos vecinos presentaron un amparo ante un juzgado en lo contencioso administrativo de San Isidro.

La norma, impulsada por el intendente massista Julio Zamora, permite desdoblar los recorridos de la línea para "optimizar el transporte de pasajeros en algunas localidades del partido" con el objetivo de "cubrir necesidades de la población que se fueron manifestando con mayor intensidad a partir del crecimiento urbano y poblacional".

En otra sesión que tuvo lugar a finales del mes pasado, el oficialismo no había logrado reunir los votos necesarios para su tratamiento. Los concejales de Cambiemos que entonces se habían negado a estudiar la norma y que ahora la votaton fueron despedidos con insultos por parte de los vecinos de Nordelta.

"No hay ciudades modernas sin transporte público para los ciudadanos, sean de la condición que sean", dijo Zamora a LA NACION. Los residentes de Nordelta se mostraron muy enojados por la decisión. "No era el resultado que esperábamos, nos sentimos absolutamente engañados", señaló Liliana Villagra, del barrio Castores. "Esto es un cachetazo para los vecinos", añadió Osvaldo Campoo, de Las Glorietas.

Para los vecinos, esta medida vulnerará el "doble anillo concéntrico de seguridad" de Nordelta, el sistema de control de acceso, domos y cámaras de vigilancia del complejo. Aunque la ordenanza no contempla mecanismos de vigilancia para las unidades que ingresen al complejo, Zamora afirmó que están abiertos a consensuar "una propuesta que lleve tranquilidad a los vecinos".

El camino de la línea 723 hacia Nordelta se muestra, por ahora, sinuoso.

Desde 2001, la empresa de micros MaryGo opera dos servicios en Nordelta, uno interno y uno que viaja hacia Capital. A partir de noviembre comenzaron a conocerse denuncias de supuestos episodios de discriminación contra empleadas domésticas a las que no dejaban compartir el servicio con vecinos. En la empresa dijeron que los problemas se debían a una reducción de las frecuencias planeada de cara al ingreso del 723.

"El problema era que a las 17 se juntaban 400 personas y no había cómo sacarlas. Había más gente que ómnibus", comentó Nicolás Pasqualini, dueño de MaryGo, quien sostuvo que "el servicio interno jamás fue rentable" y que se dedicará a atender otros recorridos.

Algunos delegados barriales presentaron a la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante un proyecto alternativo que preveía que MaryGo sumara unidades más grandes, nuevos puntos de transferencia y pasajes gratuitos para residentes y empleados, que fue descartado. "No entiendo por qué no aceptaron tener un transporte gratuito que se pagaría con muy poquito dinero de nuestras expensas", dijo Any Vodovosoff, de Castores.

Por Andrés Krom

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