Nuevo capítulo judicial. Se complica la disputa que enfrenta a vecinos y autoridades por el basural más grande del país
El juez federal de Mercedes ordenó la reanudación de obras de saneamiento en La Quema de Luján; hace un año había aceptado una medida cautelar para frenar ese proyecto que involucra financiamiento del BID
Redactora
La iniciativa se frenó cuando algunos representantes vecinales que habían denunciado la contaminación de los terrenos, conocidos como Predio Sucre y o más popularmente como La Quema de Luján, lograron impulsar un amparo. Ante el reclamo y las pruebas aportadas por los vecinos, el 21 de abril de 2023, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, el juez federal de Mercedes, interpuso una medida cautelar que suspendía las obras. Más de un año después, el mismo juzgado decidió revocar la medida y las obras de saneamiento podrían restablecerse.
La decisión de revocar la cautelar respondió a la intervención de la Defensoría Pública de la Nación. De la mano de su titular, Verónica Vieito, alegó que, desde que se suspendieron las tareas a esta parte, se vieron afectados los derechos de los vecinos, principalmente los del Barrio San Pedro, al que el organismo representó.
El Municipio de Luján tiene en su territorio el basural a cielo abierto más grande del país, donde se vierten a diario 120.000 kilos de basura. El predio se utiliza para el descarte de residuos desde hace más de 50 años. El gobierno nacional durante la presidencia de Alberto Fernandez, recibió US$18.000.000 de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para realizar un saneamiento del basural de Luján. Dentro del proyecto, el Gobierno había incluido la ejecución del Centro Ambiental Luján (CAL), que iba a ser una planta de tratamiento de los residuos. El predio elegido fue, en el pasado, parte de la estación de tren Sucre.
Muchos vecinos manifiestan su oposición al proyecto. Consideran que se ha utilizado un lugar histórico para llevar residuos, y que por sus dimensiones nunca podrá reemplazar al actual basural. Además, según plantean, las tareas de saneamiento que iban a realizarse en el basural de Luján nunca se realizaron.
El 20 de este mes el juez federal de Mercedes ordenó la reanudación de las obras para el saneamiento del Basural a Cielo Abierto (BCA) de Luján. Dos días después, los vecinos manifestaron a LA NACION su malestar frente a la decisión tomada por la Justicia.
Viviana Novelle vive muy cerca del predio ferroviario Sucre, donde está proyectada la instalación del CAL, a cuatro kilómetros del BCA. Es dueña desde hace 22 años de Tallo Verde Orgánico, una huerta certificada. “En esa cautelar de 2023, el mismo Portocarrero Tezanos Pinto había dispuesto que los residuos sólidos urbanos debían derivarse a un lugar apto. Ahora modificó la cautelar y dispone que el 90% de la basura se siga tirando indiscriminadamente en el basural a cielo”. Para ella y para otros vecinos, es incomprensible que haya habilitado de nuevo la contaminación. “Lo dispuso a sabiendas de que hay una pericia oficial que él mismo pidió que dice que ese lugar no resiste ni en tamaño ni en peligrosidad a residuos, un residuo más”.
Amparo colectivo
Según manifiestan, más de 60 vecinos formaron parte del amparo colectivo. A ellos se sumaron dos asociaciones civiles: Nuevo Ambiente y Repsus. Además, hay cuatro demandas penales por el vaciamiento de residuos peligrosos, realizadas por cuatro damnificados, entre ellos Viviana Novelle y Bruno Migliardo.
La ONG Repsus, tal como aseguran, tiene como pilar la defensa judicial de los ciudadanos frente a injusticias y abusos por parte de los poderes públicos. La ecología es uno de sus ejes principales. Según manifestaron a LA NACION desde la entidad, ante la preocupación que les genera el caso, avanzarán con los recursos legales correspondientes para detener el avance del proyecto: “El proyecto del Centro Ambiental Luján no es adecuado para resolver el volumen de basura que genera el municipio. Es una solución que en el tiempo no sirve y afecta también a otros vecinos de la zona. El Estado insiste en avanzar en esta obra de solución cortoplacista que hasta el propio BID que la financia hoy cuestiona”.
Según la ONG, convalidar el avance del proyecto lejos está de solucionar el problema de la contaminación que provoca la basura en Luján. “El estado del basural es deplorable. No hay control de los desechos que se arrojan y hay decenas de personas que están expuestas a los contaminantes que sobreviven en él”.
Desde el municipio entienden que el proyecto mejorará la calidad de vida de los vecinos. “Los que se oponen a la remediación del Basural a Cielo Abierto más grande de la Argentina y a su solución real, la construcción del Centro Ambiental, es un grupo minúsculo de 2 o 3 personas que se arrogan la representación del conjunto de la comunidad de Luján”, argumentó Juan Redondo, secretario de Desarrollo Productivo del municipio. Según manifestó, más de 120.000 lujanenses apoyan las obras. Los que se oponen, a su entender, es por “un interés económico propio”.
“Los slogans que ellos planteen pierden sentido cuando la justicia federal, el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno municipal y la ciudadanía solicitan la continuidad de las obras”, señaló Redondo.
Junto con la revocación de la medida cautelar, el juez Portocarrero Tezanos Pinto sostuvo que se configuró un cambio en las circunstancias respecto al momento en que se ordenó la medida cautelar. Asumió que la paralización de las obras conlleva a que se suspendan los desembolsos internacionales pactados para invertir en infraestructura ambiental. Además, manifestó que el posible perjuicio que podría ocasionar la continuidad del proyecto resultaría sensiblemente menor en comparación a la actual situación ambiental o al agravamiento que podría darse por la suspensión del avance de las obras.
Los vecinos sostienen que no se privilegió el derecho a la salud. “Como se lee, el magistrado priorizó lo económico antes que el derecho a la salud”, advirtió Novelle.
“Desde el Ministerio de Ambiente reafirmamos nuestro compromiso para erradicar los basurales a cielo abierto, en este caso puntual con esta obra clave”, dijeron desde el organismo que depende de la provincia de Buenos Aires. Según manifestaron ante la consulta de LA NACION, y tal como dispuso el juez en la revocatoria, esa cartera bonaerense supervisará las obras. “Tanto el cierre técnico del basural, su correcta impermeabilización, las obras hidráulicas y el venteo de gases según lo proyectado, así como de la construcción del relleno sanitario, contemplando también la impermeabilización del suelo, la correcta colocación de la membrana y las obras hidráulicas, todo esto mediante un plan de inspección de obras”, se indicó.
A los vecinos, sin embargo, les hace “ruido” que el Ministerio de Ambiente bonaerense sea el encargado del control de las tareas: “Ese organismo es uno de los demandados por parte de los damnificados”, planteó Novelle en representación de los demás vecinos que se oponen a la iniciativa.
Ante los dichos de Novelle, el ministerio bonaerense manifestó que esa cartera, a cargo de Daniela Vilar, “no está demandada” en ese expediente y solo interviene en el caso “como terceros”.
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